Managua desecha la idea de liberar al desertor Urbina, condenado a cinco años

La Cancillería nicaragüense ha anunciado que considera cerrado el caso de José Manuel Urbina. El desertor deberá cumplir en principio una sentencia de cinco años de prisión, habiéndose desechado la idea de deportarlo a otro país. Managua rectifica así a su embajador en Praga, Aquiles Centeno, quien declaró que el Gobierno sandinista estaba dispuesto a entregarlo al de México a fin de eliminar el pretexto utilizado por Costa Rica para boicotear las gestiones de Contadora.El Gobierno de San José, secundado por los de Honduras y El Salvador, se mantiene al mismo tiempo inflexible en su decisión de suspender las conversaciones de paz hasta que no se resuelva satisfactoriamente este contencioso en torno al derecho de asilo.

En una región como la centroamericana, donde el problema sustancial sigue siendo la guerra, la polémica en torno a si Urbina fue detenido dentro o fuera de la Embajada costarricense constituye sin duda una cuestión menor, que obliga a preguntarse por qué se ha convertido en un obstáculo insalvable para que progrese el diálogo.

Washington y los tres Gobiernos centroamericanos que se negaron a acudir a la cita de Panamá han acusado a Nicaragua de torpedear la reunión, aunque el vicecanciller de este país, Víctor Hugo Tinoco, fue el único que acudió a la capital panameña. Según su versión, los sandinistas se negaron a dar solución al caso Urbina con Costa Rica, a sabiendas de que así impedirían la reunión.

Resulta chocante esta acusación cuando el Departamento de Estado y sus aliados regionales han venido sosteniendo la tesis de que Nicaragua es el país más necesitado de un marco de paz, ya que afronta una difícil situación económica y militar. En virtud de este análisis, presentaron observaciones al acta de Contadora que los sandinistas aceptaron íntegramente.

El objetivo confesado no era otro que aprovechar la debilidad nicaragüense para obtener nuevas concesiones. Sorprende ahora que, según las declaraciones oficiales, sea el Gobierno nicaragüense el que no desea que progrese la vía del diálogo.

Costa Rica ha sentado, por otra parte, un precedente muy peligroso al negarse a acudir a la mesa de negociaciones mientras Managua no le de una satisfacción, a pesar de que no tiene pruebas incontestables de que Urbina fuera sacado de su Embajada por la fuerza.

Hasta hoy se entendió, además, que el foro de Contadora servía justamente para resolver las diferencias que pudieran producirse entre los Gobiernos de Centroamérica.

La historia de los dos años transcurridos desde que se creó este grupo de buenos oficios es ilustrativa al respecto. Nicaragua defendió en los inicios la tesis de las negociaciones bilaterales, porque entendía que gran parte de los conflictos existentes en la región tenían ese carácter, pero aceptó en última instancia un diálogo multilateral, tal como exigían sus vecinos, Costa Rica entre ellos.

Meses de gestiones se agotaron en resolver esta controversia, porque Managua temía estar en inferioridad de condiciones ante un bloque que presumía compacto. Después de la última escaramuza, parece que Costa Rica retoma ahora en parte la primitiva tesis nicaragüense.

Tampoco han faltado en dos años pretextos más sólidos para que algún país condicionara la marcha del diálogo. Hubo incidentes armados en las fronteras, verdaderas batallas entre soldados nicaragüenses y hondureños, apoyos gubernamentales a las guerrillas de otros países. Sin la existencia de Contadora es muy posible que alguno de estos enfrentamientos hubiera degenerado en guerra regional.

Todos respetaron, sin embargo, las citas de Contadora, porque en ese marco podía encontrarse una solución duradera a sus conflictos. Costa Rica ha roto esa regla de oro.