Diputados conservadores opinan que la legislación vigente es demasiado rigurosa

Las declaraciones de diversos representantes de la Coalición Popular realizadas ayer en torno al descubrimiento de una red de evasión de capital insistieron en que la actual legislación española sobre la materia es excesiva y en que eso supone un daño a la economía del país. La regulación última de la ley cambiaria se realizó en 1983, en cuyo debate fueron derrotadas las enmiendas del Grupo Popular y de la Minoría Catalana, que proponían un castigo más leve para los infractores.

El diputado conservador Pedro Schwartz evocó el derecho de todo ciudadano a reflexionar sobre si las leyes son justas o no. "Una ley que prohíbe a los españoles colocar sus capitales en el extranjero según les convenga, o impide la entrada de capital foráneo, es una ley que hace daño al país", opina Schwartz. Este parlamentario se refirió a la próxima adhesión de España a la CEE, asegurando que "nuestros negociadores han aceptado que en siete años los españoles podamos exportar capitales libremente", manifestó.Schwartz, quien asegura ser más pobre que las ratas, califica de "campaña exagerada" la información que sobre este caso se está dando en los medios de comunicación. "Cuando firmemos el acuerdo con el Mercado Común, este nefando crimen dejará de ser nefando". Añadió Schwartz que a quienes ahora se considera "criminales de lesa patria dejarán de serlo cuando estemos en la Comunidad". Recordó asimismo unas declaraciones del gobernador del Banco de España, en las cuales este alto cargo afirmó que habría que modificar la actual legislación en materia de cambio. Tanto Schwartz como su compañero de coalición José María Ruiz Gallardón expresaron, no obstante, el acatamiento a la legislación vigente. "La gente saca su dinero fuera porque quieren obtener la máxima rentabilidad. Esta es la explicación teórica; otra cosa son las consideraciones jurídicas y morales", afirmó Ruiz Gallardón.

El diputado de la Minoría Catalana Josep María Trías de Bes afirmó que su grupo no compartía la totalidad de la ley regulada en 1983, según demostraron sus enmiendas, que pretendían una combinación entre la multa y la privación de libertad, atenuando esta última. "A pesar de ello, es la ley que tenemos y hay que acatarla; otra cosa será cuando se produzca la adhesión a la CEE; entonces habrá que hacer algunos cambios", dijo Trías de Bes. Este diputado fue miembro de la ponencia que informó el proyecto de ley de Control de Cambios.

Por su parte, el PCE, a través de su portavoz, Andreu Claret, entiende que no debe irse a la modificación de la actual legislación para hacerla más flexible. "La existencia de billones de pesetas evadidos demuestra que es una práctica que puede realizarse con cierta facilidad", afirmó Claret. El montante de la evasión, unido al fraude fiscal, constituyen uno de los problemas más graves de este país, no sólo desde el punto de vista económico, sino del moral, concluyó el portavoz comunista.

En otro orden de cosas, el Grupo Popular presentó ayer tres preguntas orales en el Congreso, para ser respondidas por el Gobierno. Todas ellas giran en torno a las declaraciones realizadas por Felipe González el pasado viernes, según las cuales tenía en su poder 80 auditorías cuyo contenido haría público en la próxima campaña electoral. Los populares quieren saber de Felipe González por qué no ha denunciado al ministerio fiscal las noticias que tenga sobre hechos presuntamente delictivos. Por último, el grupo conservador se interesa por la opinión del presidente sobre si considera ética y políticamente admisible anunciar la utilización para fines electorales de datos que ha conocido por razón de su cargo.