Lluch y Boyer aproximan posiciones sobre la reforma sanitaria
La división en el Gobierno a propósito del proyecto de ley de Sanidad ha entrado en vías de solución. Tras el acuerdo alcanzado por una comisión de expertos de los tres ministerios implicados -Economía y Hacienda, Sanidad y Consumo, y Trabajo y Seguridad Social-, el superministro Miguel Boyer mantiene algunas reservas sobre la forma de financiar el incremento de gasto que supondrá la reforma: un mínimo de 105.000 millones de pesetas de 1985, adicionales al actual billón de pesetas. Pero la mediación del presidente del Gobierno, Felipe González, y una propuesta para escalonar el nuevo gasto en ocho años, tres más de los previstos hasta ahora, han empezado a allanar el camino para que el proyecto reciba definitivo respaldo del Ejecutivo en las próximas semanas.
El enfrentamiento entre Miguel Boyer y Ernest Lluch, ministros de Economía y Hacienda y de Sanidad y Consumo, respectivamente, dividió durante los últimos meses las opiniones del resto del Gobierno y demoró la aprobación del proyecto de ley de Sanidad. Esta ley pretende extender la protección a todos los ciudadanos (en la actualidad no cubre a dos millones de personas), concibe la salud como un servicio integral (hoy limitado a atender la enfermedad) y amplía la cobertura sanitaria a nuevos campos (psiquiatría, venta de productos terapéuticos, y orientación familiar, principalmente).Para superar las discrepancias gubernamentales, una comisión de expertos de los tres ministerios implicados alcanzó diversos acuerdos. Este consenso fue facilitado por el XXX Congreso del PSOE, que consideró urgente la reforma y manifestó el propósito de elevar en los próximos años los gastos sociales por encima del crecimiento de la actividad económica.
No sólo hubo acuerdo en los nuevos costes que provocaría la ley: unos 105.000 millones de pesetas anuales cuando estuvé en pleno vigor, hacia 1990, frente a los cerca de 300.000 estimados en principio por Economía y Hacienda.
También se logró consenso en que esta cifra debería ser financiada íntegramente por el paulatino aumento de la aportación del Estado a la Seguridad Social, y escalonada a lo largo de los citados cinco años. Primero, para pagar la extensión del servicio a todos los ciudadanos; y luego, para atender la integración hospitalaria (centros de la Seguridad Social, Estado, diputaciones, ayuntamientos, etcétera), las equiparaciones salariales que se derivarán de ella y la ampliación de servicios.
Aunque el trabajo de la comisión llegó a manos del presidente del Gobierno, Felipe González, Boyer ha mantenido una serie de reticencias sobre cómo pagar el incremento de gasto.
Pero estas diferencias, a juzgar por las fuentes consultadas de los tres ministerios que participaron en la discusión, carecen ya de la profundidad inicial, cuando la posición del titular de Economía y Hacienda parecía cuestionar el modelo de reforma.
La ratificación que otorgó el Congreso del PSOE al modelo de la ley ha disipado los recelos del Ministerio de Economía.
Aún así, Boyer ha insistido en la dificultad de que el Estado afronte, tal y como pretendía Sanidad y Consumo, el coste adicional de la ley. Pero varias entrevistas celebradas durante las últimas semanas entre Felipe González y Ernest Lluch, así como tiambién entre éste y Boyer, han abierto nuevas perspectivas, según fuentes allegadas a ambos ministros.
Admitido por todas las partes el imperativo político de una pronta aprobación de la ley, que sintoniza con la pretensión de promover una serie de medidas populares en los dos años que restan de legislatura, ha tomado fuerza una propuesta del Ministerio de Trabajo para terminar de superar las observaciones de Boyer.
La propuesta de Trabajo se basa en no demorar más la ley y aplazar tres años más de los previstos en principio su completa aplicación, que se alargaría hasta 1993. Todo ello sin perjuicio de que en 1985 y 1986 se haga efectiva la prestación gratuita del servicio sanitario a los dos millones de personas no cubiertas actualmente por la Seguridad Social.
De esta forma, cerca de la midad de los costes adicionales tendría que ser cargada en los dos primeros años; y el resto sería graduada en los seis restantes.
Si prosperase la mediación de Trabajo y Seguridad Social, como parece probable, sería en 1993 cuando el patrimonio sanitario de la Seguridad Social pasaría al Estado, que para entonces habría incrementado su aportación a la Seguridad Social (0,75 billones de pesetas en 1985) hasta los dos billones de pesetas. A partir de ese momento, una vez efectuada dicha segregación, el Estado asumiría la totalidad de los gastos sanitarios (es decir, los dos billones de pesetas de 1993).
