Alta sociedad
LAS NOTICIAS difundidas ayer sobre las presuntas implicaciones de personajes de la aristocracia española y de un famoso jurista en operaciones relacionadas con la evasión de capitales han vuelto a poner de relieve la necesidad de una política de transparencia informativa que se encargue de establecer diáfanamente las diferencias entre bulos y noticias, infundios y hechos.Hay que reconocer que el escándalo que se apunta en estas nuevas actuaciones del juez Lerga es de los que pueden pasar a la historia, pequeña y grande, de las relaciones de poder en nuestro país. Por ello mismo es preciso insistir en que las personas acusadas de conductas antijurídicas son acreedoras siempre (cualquiera que sea su cuna) de la presunción de inocencia. Y el derecho al honor y a la propia imagen figura entre los bienes expresamente protegidos por nuestra Constitución. Ahora bien, los silencios de los poderes públicos y las trabas puestas a las labores informativas contribuyen de forma decisiva a crear situaciones en que los mensajes equívocos, las intoxicaciones y los sensacionalismos pueden producir males irreparables.
El principio constitucional según el cual "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social" opera en dos sentidos complementarios. De un lado, protege a los ciudadanos de un eventual trato de disfavor a las minorías o sectores más indefensos de la población. Pero la igualdad ante la ley significa también que la pretensión de transformar en privilegio el origen social, el mérito profesional o la militancia política no sea tenida en cuenta ni pueda ser esgrimida para obstaculizar la actuación de la justicia. La nota que separa a un sistema democrático de los regímenes autoritarios es precisamente que todos los ciudadanos sean medidos con idéntico rasero a la hora de comparecer ante los tribunales.
A medida que se vaya desenmarañando el ovillo de esta espectacular investigación judicial resultará posible analizar la naturaleza de los presuntos delitos, apreciar la gravedad de los daños a los intereses de la economía española y dirimir la culpabilidad o la inocencia de los inculpados. Es preciso insistir en que acusados formalmente no existen aún y que el auto de prisión dictado contra el matrimonio García Enterría no ha sido hecho, que se sepa, como consecuencia de ningún procesamiento, sino como una medida cautelar que el juez instructor considera precisa. Es decir, que habrá que esperar aún algún tiempo para averiguar en qué termina todo esto y evitar el fenómeno curioso, y perverso, de que ciudadanos que puedan ser declarados inocentes por los tribunales -e incluso ni siquiera sean inculpados- sufran una especie de linchamiento moral por los medios de comunicación.
En cuanto al fondo del asunto, merece la pena señalar que las exportaciones no autorizadas de capital, penadas como delitos monetarios, pueden reflejar, también, evasiones fiscales. Los ordenamientos jurídicos de otros países democráticos no regulan con tan extremo rigor como en España los movimientos de dinero hacia el extranjero ni castigan como delitos unas conductas, que pertenecen más bien al orden de las infracciones administrativas. Sin embargo, el fraude en el pago de impuestos, que tan benevolente trato suele recibir en los regímenes autoritarios, es perseguido y sancionado en los sistemas democráticos con mayor exigencia de lo que ha sido habitual en nuestro país.
Lo que no puede decirse es que un caso en el que se ven públicamente implicados un jurista eminente, parientes y amigos de la familia real, diplomáticos de postín y aristócratas habituales de la Prensa del corazón pueda despacharse con simples notas de prensa o abandonarse a la especulación. Muy pocos nombres se han sabido de una operación que todos los medios judiciales señalan como bastante más amplia de lo que parece. Centrar prioritariamente en un puñado de personas imputaciones que afectan a un colectivo mucho mayor parece un trato desigual, que sólo puede ser atajado por informaciones puntuales y correctas sobre la investigación de la policía y las diligencias del juez.
