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ESCÁNDALO FINANCIERO EN LA ALTA SOCIEDAD ESPAÑOLA

Auto de prisión contra el catedrático García de Enterría por un presunto delito de evasión de capitales

El juez de delitos monetarios, Luis Lerga, ha ordenado el ingreso en prisión del ahogado y catedrático de Derecho Administrativo Eduardo García de Enterría y de su esposa, Amparo Velázquez, debido a su presunta participación en un delito de evasión de capitales en él que están implicadas otras personalidades de la vida pública española. El juez fijó sendas fianzas de 25 millones de pesetas, que fueron pagadas por el matrimonio para evitar su ingreso en prisión. En relación con este caso, descubierto tras la detención del diplomático Francisco Javier Palazón Español, varias personas han sido ya detenidas por la Brigada de Delitos Monetarios. Las cantidades evadidas son muy importantes, y se barajan cifras superiores a algunos miles de millones de pesetas, según fuentes jurídicas.

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Fuentes policiales afirmaron ayer que los detenidos son seis, y que los implicados en el caso son "dos docenas", aunque otras fuentes aseguraron que los implicados son 16 ó 18 personas, algunas de ellas conocidos personajes de la alta sociedad española, como la princesa María Teresa, Tessa, de Baviera, y determinados miembros de la aristocracia, como Juan Antonio Gamazo y Arnús, conde de Gamazo. En medios jurídicos se habla del asunto como del caso de la prensa del corazón, debido a la personalidad de los implicados.Al parecer, el dinero era evadido a través de un diplomático español en excedencia que fue cónsul general de España en Ginebra, Francisco Palazón Español, de 55 años, y de Carlos Varela Dopazo, un empleado sobre el que no se conocían ayer otros datos.

Francisco Palazón fue detenido en el aeropuerto de Barajas cuando presumiblemente se disponía a viajar a Ginebra, donde tiene su domicilio habitual. La Brigada de Delitos Monetarios tenía desde hace más de dos años sospechas acerca de su persona. Durante su etapa de cónsul general en Ginebra, entre el 11 de diciembre de 1975 y mayo de 1981, estaba encargado de la llamada cuenta del cuerpo diplomático, donde se ingresaban los derechos que devengaban los españoles por actos de notarías y cantidades por otros conceptos. Esta cuenta registró tan fuertes ingresos que despertó las sospechas de las autoridades. Palazón fue sometido a una discreta vigilancia y finalmente detenido. Su confesión determinó que la princesa Tessa de Baviera fuera llamada a declarar al Banco de España. Los miembros de la Brigada de Delitos Monetarios, dependiente del banco emisor, le expusieron las acusaciones que existían contra ella, ante lo que Tessa de Baviera explicó todo lo que conocía del caso, según las fuentes informantes.

Eduardo García de Enterría y su esposa prestaron ayer asimismo declaración en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional en relación con una supuesta evasión de 200 millones de pesetas. Según la acusación facilitaron esta cantidad a su hija, Ana, de 28 años, que tiene su domicilio en Ginebra, está casada con un periodista y posee la nacionalidad suiza desde hace unos dos años.

García de Enterría y su esposa acudieron en uno de los coches de su propiedad, de color gris metalizado, acompañados por su abogado, el catedrático de derecho penal Gonzalo Rodríguez Mourullo. García de Enterría vestía en su comparecencia un traje gris y, al abandonar el juzgado, reflejaba en su rostro un gesto de preocupación.

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Fuentes relacionadas con el caso informaron que García de Enterría negó en su declaración ante el juez toda participación en cualquier hecho delictivo.

Su esposa, que suele llevar personalmente las minutas de García de Enterría, manifestó ante el juez que cuando su hija se casó sólo le habían dado 10 millones de pesetas y que la joven quería adquirir una casita típica suiza, pero que no tenía dinero suficiente, por lo que ella le hizo llegar el dinero a través de Palazón. A preguntas de cuál era la razón por la que no comunicó nada a su marido, Amparo Velázquez afirmó que ella no entendía de derecho y desconocía que el dar dinero a su hija pudiera ser un delito.

Tras la declaración, el juez Luis Lerga dictó auto de prisión contra ambos, y fijó una fianza de 50 millones de pesetas para eludir el ingreso del matrimonio en la cárcel. Están considerados autores de un delito previsto en la ley de Delitos Monetarios. En relación con estos hechos, Eduardo García de Enterría manifestó ayer a EL, PAIS: "Estoy muy sorprendido por la publicidad producida en torno a mi persona. Creo que se trata de un equívoco, que opino podrá aclararse en breve plazo".

"En mi condición de hombre de derecho", añadió, "expreso mi plena confianza en la actuación de los tribunales de justicia".

Cautela

Tanto el juez como el fiscal y los implicados se mostraron ayer cautelosos y declinaron hacer declaraciones. A las once de la mañana, el magistrado Luis Lerga Gonzálbez se refirió al caso como "un asunto muy importante" y explicó que no podía comentar nada al respecto. El juez se negó a realizar otras valoraciones, aunque, preguntado acerca de algún posible procesamiento, precisó que todavía no había adoptado ninguna resolución. El abogado Rodríguez Mourullo visiblemente preocupado, dijo que no sabía nada en el momento en que entraba en el juzgado en compañía de Amparo Velázquez, esposa de García de Enterría.

A media mañana de ayer, el fiscal de la Audiencia Nacional Manuel de Villanueva, encargado de los delitos monetarios, tampoco quiso informar sobre la identidad de las personas que estaban declarando.

Fuentes judiciales informaron a este periódico que muy probablemente prestarían hoy declaración ante el juez el diplomático Fran cisco Palazón y Carlos Varela Dopazo. Palazón tenía que haber comparecido ayer a declarar, pero no lo hizo, por causas desconocidas al cierre de esta edición. E juez Lerga ha precisado sin embargo que no hay ninguna persona citada para declarar hoy.

El resto de los implicados declarará ante el juez en los próximos días. Otras fuentes comentaron que el magistrado Lerga no tiene por costumbre dictar autos de procesamiento hasta que no concluyan las declaraciones de todos los implicados.

La Dirección General de la Policía hizo público ayer un comunicado en el que señala que la Brigada de Delitos Monetarios, en funciones de policía judicial, trabaja a las órdenes del juzgado de delitos monetarios para esclarecer un supuesto caso de evasión de capitales descubierto en Madrid, pero precisaba su "imposibilidad para facilitar más información" sobre el caso, "por la necesaria discreción a la que obliga la vigente ley de Enjuiciamiento Criminal". Ayer surgieron diversos rumores relativos a la implicación de otras personas muy conocidas, al menos, tres de ellas de Barcelona, datos que no fueron confirmados. Uno de estos personajes rechazó cualquier relación con el asunto y los restante no pudieron ser localizados.

Penas de hasta 12 años

La legislación española sobre tráfico internacional de dinero, recientemente reformada, castiga con penas de hasta 12 años de prisión y fuertes multas a quienes sean declarados culpables del llamado delito monetario. La ley de Régimen Jurídico de Control de Cambios establece que es delito monetario la exportación o importación, realizadas sin el correspondiente permiso obtenido legalmente, de moneda española o extranjera, o cualquier otro medio de pago, por una cuantía superior a los dos millones de pesetas.La misma ley, que fue promulgada el 16 de agosto de 1983, establece que los autores de delito monetario podrán ser condenados a penas que varían entre prisión mayor y multa. Si la cantidad del delito supera los 50 millones de pesetas, la pena será de prisión mayor -esto es, entre seis años y un día y 12 años- y multa que oscilará entre el "tanto" -la cantidad evadida- y 10 veces la misma-, entre 10 y 50 millones, la pena será de prisión menor -seis meses a seis años- y multa de la suma en cuestión al quíntuple; entre cinco y 10 millones, arresto mayor -uno a seis meses- y multa del mismo monto hasta el triple, y si es de dos a cinco millones, multa del tanto al doble. La ley dispone asimismo que los tribunales españoles serán competentes en estos delitos, cualquiera que fuera el lugar donde se cometieran.

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