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La CEE tampoco presentó ayer a España propuestas concretas en agricultura, pesca y asuntos sociales

Andrés Ortega

Una vez más, la sesión de negociación hispano-comunitaria relegó a la cita siguiente -el 18 y 19 de febrero- los problemas pendientes. Una vez más, los diez fueron incapaces de ponerse de acuerdo en la presentación a España de posturas concretas en agricultura, pesca o asuntos sociales. "El único avance ha sido de procedimiento", comentó el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, para el cual, no es en febrero, "el 7 o el 8 de marzo", fecha en que se convocará, si es necesario, una reunión extraordinaria, "tiene que estar terminada la negociación".

En los próximos días, la Comisión Europea elaborará propuestas de compromiso en todas estas materias (de hecho, ya están en el cajón de los comisarios), que serán discutidas con los embajadores de los diez en la CEE y con la parte española. Se trata, según Morán, "de llegar a avanzar el 19 de febrero en los temas esenciales, y, si no es posible, habrá una reunión especial el 7 y 8 de marzo". Morán habló de "unas garantías de voluntad" en este sentido por parte de la presidencia italiana del Consejo de Ministros de la CEE opinando que "no es constructivo" dejar temas para la cumbre europea de los dos últimos días de marzo.Morán insistió en que "sería irrealista volver al detalle técnico", pues "hemos entrado en la dimensión política que exige la presentación de paquetes globales y contestaciones globales". Si se rebasa el 8 de marzo, "no sería una catástrofe", según Morán, "aunque no sería bueno". Antes de la cumbre puede haber otra reunión el 18 y 19 de marzo.

En su presentación global, el presidente de esta reunión, Giulio Andreotti, avisó de que la CEE "aborda esta fase final con un espíritu de elasticidad, pero también con la preocupación de no poner en cuestión algunos elementos fundamentales de nuestra posición", aunque se vislumbran en sus palabras algunas eventuales aperturas que hagan posible el acuerdo final.

En frutas y hortalizas, España pide que se rebajen los precios que deberán respetar los productos españoles desde la adhesión, con una aplicación progresiva del principio de la preferencia comunitaria a todos los niveles. Francia se opuso a esta idea por el daño que podría causar a sus relaciones con los países de la cuenca mediterránea, especialmente los países del Magreb. No cabe olvidar que es un francés, Claude Cheysson, el titular en la Comisión Europea de las relaciones con estos países. Pero no está solo. El propio Andreotti recogió también esta idea, rechazando "modificaciones sustanciales" en la posición comunitaria.

Oposición francesa

Cheysson, según fuentes informadas, liga también este tema al de los programas integrados mediterráneos (PIM), que habían sido diseñados para paliar en algunas regiones de Grecia, Italia y Francia los efectos del ingreso español en la CEE.

La Comisión ayer no fue capaz de emitir nuevas propuestas. Lejos han quedado ya, según los debates de ayer, los programas de 6.600 millones de ECU (825.000 millones de pesetas) para cinco años que la Comisión propuso en su día. Ahora se trata de seis veces menos, acudiendo para ello a fondos ya existentes o préstamos del Banco Europeo de Inversiones, y posiblemente alargando el plazo cubierto por estos PIM, lo que se aleja de los mínimos que puede aceptar Atenas. En productos continentales, algunos países siguen con sus "innegociables", aunque flexibilizan su actitud en otros puntos.

Así, Francia insistió en que el trigo no debe ser tratado como producto sensible, cuyas importaciones en España estarían limitadas, y Dinamarca tuvo una actitud similar con el queso. La RFA insiste en que no haya acercamiento de precios del aceite de oliva español con el comunitario mientras no se reforme todo el régimen de¡ sector en la CEE para evitar la formación de excedentes. Preguntado sobre una posible devaluación de la peseta tras la adhesión si el tratado no es satisfactorio, Fernando Morán comentó que "no nos gusta jugar al aprendiz de brujo con la moneda", negando que fuera una amenaza y esperando que la CEE conceda a España un "tratamiento que no nos obligue a la autodefensa de la política monetaria".

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