Reagan refuerza su cruzada contra el Gobierno sandinista

El presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, ha decidido aumentar la presión sobre Nicaragua suspendiendo todos los canales de diálogo con los sandinistas y utilizando una retórica que ya no emplea ni con la Unión Soviética. Pero en esta nueva fase de su cruzada incluso la ido más lejos al sugerir que la Organización de Estados Americanos (OEA) podría condenar la "subversión" sandinista expulsando de su seno a Nicaragua, como hizo con Cuba tras la revolución de Fídel Castro.

Esta política tan beligerante responde sobre todo a problemas de política interna derivados de la necesidad que tiene el presidente de que el Congreso apruebe de nuevo la reanudación de la ayuda a los contras, que tratan de derrocar a los sandinistas. Reagan necesita que la opinión pública crea que Nicaragua amenaza efectivamente la seguridad nacional norteamericana para que el Congreso dé vía libre a sus planes. Algunos observadores creen, sin embargo, que esta política refleja la creencia, arraigada en poderosos sectores de la Administración, de que es imposible un acomodo con un poder revolucionario situado en un área de interés estratégico para EE UU.Aunque oficialmente se niegue en Washington que se ha producido una redefinición de la política centroamericana, la Casa Blanca ha optado por aumentar la presión sobre Managua, rompiendo el tímido diálogo que mantenía con los sandinistas, sin esperar a los resultados del moribundo proceso de Contadora, en el que Washington afirma aún creer.

La denuncia formulada el pasado jueves por Reagan de que "un nuevo peligro" se cierne sobre Centroamérica, debido al apoyo iraní, libio y de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) a la "subversión revolucionaria" que exporta Nicaragua, marca una nueva cota en1a presión de EE UU. El presidente vuelve a afirmar que la seguridad nacional está amenazada por Nicaragua y define como "autodefensa" el apoyo a los contras, a los que vuelve a llamar "guerreros de la libertad". Incluso Reagan ofrece una nueva cobertura jurídica a esta posición diciendo que es acorde con la Carta de la ONU y con el Tratado de Río de Janeiro.

El presidente y el Congreso mantienen un rumbo de colisión sobre la reanudación de la ayuda a los contras. Un mes antes de que el Parlamento tenga que pronunciarse sobre el tema, aparecen signos claros de que el Ejecutivo y el Legislativo difieren sustancialmente sobre la posible solución. Reagan ha roto todos los puentes de diálogo con Managua al suspender las conversaciones de Manzanillo.

El presidente se ha atrevido incluso a ignorar la jurisdicción del Tribunal Internacional de La Haya y ha abandonado el litigo que lo oponía en el mismo a Nicaragua. La Administración prepara un nuevo informe para intentar demostrar a la opinión pública que Nicaragua está exportando su revolución y es un peligro para todo el hemisferio. La Casa Blanca piensa que el Congreso acabará por alinearse con el Ejecutivo.

El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el republicano Richard Lugar, ha advertido, sin embargo, que el Congreso probablemente denegará a la Casa Blanca la continuación de la ayuda. Por su parte, el presidente ha manifestado que está dispuesto a continuarla, pero que tiene que seguir siendo encubierta, ya que si se hace a la luz del día, el derecho internacional la juzgaría como "un acto de guerra".

La posición de Lugar, un hombre norm almente considerado como muy dócil hacia la Casa Blanca, refleja la creciente incomodidad del Congreso con la política centroamericana de la Administración. El minado de los puertos nicaragüenses por la CIA y la aparición del famoso manual para "neutralizar" a los líderes sandinistas, obra también de la Agencia Central de Inteligencia, hizo el pasado otoño que el Congreso, hasta entonces partidario de la ayuda encubierta a los contras, iniciara un cambio de opinión.

El Congreso aprobó una ayuda de 14 millones de dólares para los rebeldes para el año fiscal 1985, pero condicionó el dinero a un nuevo voto, que deber a producirse a primeros de marzo. Ahora son los propios republicanos los que se unen a los demócratas en la negativa a continuar esta guerra sucia. El senador David F. Duremberg, nuevo presidente del Comité para Actividades de Espionaje del Senado, se pronunció recientemente en contra, aunque dejó la puerta abierta a un compromiso sobre una ayuda a la luz del día.

Lugar se opuso también esta semana a realizar la ayuda a los contras de una forma abierta, "lo que sería", dijo, "algo muy próximo a declarar la guerra, y no hay consenso en la opinión pública norteamericana para esto". En el Senado se pidió a Reagan que busque otras fórmulas para presionar a los sandinistas. Sin embargo, 48 horas después de sus primeras declaraciones, y tras conocer el "nuevo peligro" que, según Reagan, amenaza a Centroamérica, Lugar afirmó que será posible encontrar un caminó para suministrar fondos a los contras, a través de terceros países, por ejemplo, si no los vota el Congreso.