Interior se niega a informar "a fin de no interferir las actuaciones judiciales"

El portavoz del Ministerio del Interior expresó el pasado miércoles a EL PAÍS su intención de no responder a ninguna cuestión relacionada con el asesinato del diputado de Herri Batasuna, Santiago Brouard, "a fin de no interferir las actuaciones judiciales". Este mismo portavoz, interrogado ya sobre aspectos concretos del caso, esencialmente sobre la providencia judicial recibida en la Comisaría General de Información, reiteró su negativa y se remitió a una respuesta oficial que, con fecha del martes, recibió este periódico.

Esta respuesta correspondía a un formulario de cinco preguntas que ese mismo día EL PAÍS remitió para su contestación al Ministerio del Interior. En el formulario se preguntaba por la fecha y el destinatario del oficio judicial enviado a la Comisaría General de Información por el juez instructor del caso, Arturo González Yagüe, a instancia del fiscal Emilio Valerio, y se solicitaba una confirmación sobre si las "conversaciones" entre José Barrionuevo, reconocidas por éste, y Fernando Ledesma acerca del contenido de las providencias se produjeron en el curso de un Consejo de Ministros.También se le preguntaba a Interior si hubo contactos entre Narcís Serra y José Barrionuevo sobre el contenido de los oficios y si los receptores de éstos,en este caso la Guardia Civil y la Comisaría General de Información, dieron traslado a sus superiores. La última pregunta se refería a si el gabinete del portavoz de Interior conocía la existencia de estos oficios antes de que trascendieran a la Prensa.

La única respuesta de Interior fue la siguiente: "Todas estas preguntas contienen en sus enunciados insinuaciones para tratar de asegurar la versión que viene manteniendo su periódico desde el día 11 de los corrientes y que no se ajusta a la realidad de los hechos. Lo que el Ministerio tiene que decir sobre el tema ya lo ha dicho en los escritos dirigidos a ese periódico -algunos de ellos aún no publicados- y todos ellos a su disposición. Su reproducción da contestación a su pregunta". Esta respuesta de Interior se produjo el pasado martes, un día antes de que EL PAÍS publicara la tercera carta de Barrionuevo e insertara un editorial en el que se reconocía un error de titulación en la información publicada el pasado 11.

Pese al reconocimiento del error, sobre el que ha insistido el ministro del Interior en sus cartas, el portavoz de este ministerio volvió a remitirse el miércoles a la respuesta citada, aunque, a nivel coloquial y sin insinuar el off the record, añadió: "Con la misma libertad con que usted hace la pregunta, yo hago la respuesta".

Silencio policial

Otros tres formularios parecidos fueron remitidos por este periódico a la Dirección General de la Guardia Civil, la Dirección General de la Policía y la Comisaría General de Información, aunque sobre aspectos relacionados con competencias de esos departamentos, todos ellos dirigidos a sus titulares.

Todas las preguntas estaban relacionadas con la providencia judicial; su contenido y el proceso que siguió tras ser recibida por sus destinatarios. Ninguno de los tres ha tenido respuesta hasta la fecha. La secretaria del comisario general de Información confirmó que éste había recibido ya las preguntas, al igual que los gabinetes de prensa de la Guardia Civil y la policía, queanunciaron que ya estaban en poder del comisario Rafael del Río, director general de la Policía, y del teniente general José Antonio Sáenz de Santa María, director general de la Guardia civil.

Medios policiales habitualmente en contacto con EL PAÍS se mostraron temerosos a la hora de aportar datos sobre el caso Brouard, especialmente en relación con la llegada del oficio a la Comisaría General de Información y las reacciones que se produjeron cuando se conoció su contenido, "ya que puede haber represalias".

No obstante, las fuentes policiales en su día consultadas se ratificaron en los últimos días al señalar que las providencias judiciales causaron en un primer momento "desconcierto" y posteriormente "enojo y malestar", esto último cuando se comprobó que el fiscal Malerio ordenaba investigar a miembros y fuerzas al servicio del Estado. La propia Comisaría General de Información tiene bloqueado todo contacto con la Prensa, por instrucciones del propio ministerio.