La orden judicial de investigar a los servicios de información del Estado sobre el 'caso Brouard' provocó la alarma del Gobierno

MadridEl Gobierno celebró su última reunión oficial de 1984 el día 28 de diciembre, festividad de los Santos Inocentes. Se trataba de un Consejo de Ministros escoba, para tramitar asuntos atrasados que no debían aplazarse, entre ellos el decreto del Ministerio de Trabajo sobre nuevas cotizaciones a la Seguridad Social. La sesión no se celebró, contra lo habitual, en el palacio de la Moncloa, sino en el del Congreso de los Diputados, en donde ese día se reunió el Pleno de la Cámara a fin de dar su aprobación definitiva a los Presupuestos Generales del Estado para 1985.

En el ambiente navideño propiciado por las fechas, los ministros, como los diputados, se deseaban felices fiestas y un venturoso nuevo año, y hacían planes para las inminentes vacaciones. El ministro de Justicia, Fernando Ledesma, proyectaba marcharse con su familia a la Costa del Sol. Pero una contrariedad planeaba sobre sus vacaciones: dos oficios remitidos por el Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao, del que es titular el juez Arturo González Yagüe. No era para menos. Guardaban relación con las diligencias abiertas por el citado juzgado con motivo del asesinato del dirigente de Herri Batasuna Santiago Brouard, perpetrado en Bilbao el 20 de noviembre anterior.

A las cinco de la madrugada del 21 de noviembre de 1984, 11 horas después de haberse producido el crimen, la enfermera de la consulta médica de Brouard, Begoña Martínez de Munguía, había iniciado sus primeras declaraciones a la policía sobre el atentado. Un día después se tomaba declaración a los demás testigos que se encontraban en la consulta pediátrica en el momento del asesinato y los expertos de la policía construían mediante esos testimonios un retrato robot de los asesinos.

El fiscal Emilio Valerio Martínez de Muniáin, de 28 años, licenciado en Ciencias Exactas y en Derecho, estaba adscrito ese día al juzgado de guardia, que era el de Instrucción número 1 de Bilbao. El joven fiscal, al que definen sus conocidos como "empollón, metódico e inteligente", se tomó enorme interés en aclarar el crimen. El fiscal jefe de Bilbao, Fermín Hernández, le mantuvo como responsable del delicado asunto, porque quería darle una oportunidad de demostrar su valía ante sus compañeros. Algunos de éstos le gastaban bromas a Valerio por su carácter serio y un tanto misógino, mientras que otros fiscales de más edad le recogían y aseguraban quererle "como a un hijo".

El fiscal inició las primeras diligencias a partir de las declaraciones de los testigos y de las armas que los asesinos abandonaron en su huida. Por el momento no había más pistas, y las hipótesis sobre quiénes fueron los autores materiales del crimen o los inductores eran muy diversas, sin que a ninguna le faltara su base de razón.

Emilio Valerio cree desde el principio que sólo con un equipo de policías que él elija y con absoluta libertad de movimientos podrá resolver el caso hasta el fondo, "sin soluciones parciales". Por consiguiente, solicita del Juzgado de Instrucción número 1 la adscripción a la investigación de policías concretos y de un responsable que coordine sus pesquisas. Además, quiere remitir a la justicia francesa una diligencia para que le sean enviadas las actuaciones judiciales que se han producido en Francia contra los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).

Emilio Valerio piensa que en esos sumarios pueden encontrarse pistas relacionadas con el caso Brouard. El juez deniega ambas peticiones, pero el fiscal recurre ante la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Bilbao, que concede el recurso y obliga al juez a tramitar tales diligencias. El 29 de noviembre sale de Bilbao un oficio dirigido al Ministerio del Interior en el que se solicita la adscripción de funcionarios y de un responsable para la investigación del asesinato de Brouard, y otro destinado a los juzgados de Bayona y Pau en el que se pide que se remitan los sumarios y actuaciones judiciales realizados en Francia sobre los GAL.

La primera petición fue aceptada por el Ministerio del Interior, aunque continué como responsable de la investigación policial el inspector Antonio Rosinos, jefe de la Brigada de Información (antiterrorista) de Bilbao. La respuesta a la segunda solicitud, la dirigida a los tribunales franceses, aún no ha sido recibida y se espera en el Juzgado de Instrucción número 1.

A petición del fiscal Emilio Valerio, el titular de este juzgado, Arturo González Yagüe, solicitó también a la Dirección General de la Guardia Civil un informe sobre las armas utilizadas en el asesinato: una pistola finlandesa y un subfusil italiano. La respuesta de la Guardia Civil no se hizo esperar, aunque no contenía datos que permitieran seguir el, rastro de las armas hacia España; sólo constaban detalles sobre su fabricación e impresiones sobre su posibles recorridos.

Una pista muy fiable

Poco a poco, las hipótesis se van desgranando, y el fiscal Valerio ha debido de encontrar una pista muy fiable. Al parecer, es a primeros de diciembre cuando el joven fiscal comienza a no informar con la debida frecuencia al fiscal jefe. Algunas de las hipótesis quedan pronto descartadas, como es el caso de la autoría de ETA, posibilidad que excluye la propia policía. No son sus métodos ni su forma de actuar. Del mismo modo, la policía se muestra remisa a investigar a los GAL, aduciendo que, por la reivindicación inicial y su posterior desmentido, es prácticamente imposible que sea este grupo, puesto que se conoce muy bien su forma de reivindicar los atentados. Sin embargo, ni el fiscal Valerio ni la acusación particular descartan esta última posibilidad. Los GAL son un grupo criminal organizado, argumentan, que prepara atentados a sueldo y que puede seguir actuando de manera dispersa, pagado por el mejor postor. También hay otras hipótesis que baraja el fiscal: la extrema derecha, los servicios de información del Estado o una conexión entre ultradérechistas y determinados servicios secretos.La posibilidad de que determinados servicios de inteligencia estatales pudieran conocer algo relacionado con el atentado obsesiona al fiscal, aunque no se conoce cuál es la pista que maneja o la confidencia que guarda secretamente. A primeros de diciembre, el fiscal solicita de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao la dirección de¡ Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) con la intención, al parecer, de dirigirle un oficio solicitando información. Sin embargo, la Jefatura de Bilbao responde diciendo que ignora tal dirección y sugiere que se solicite a la Comisaría General de Información.

A partir del día 10 de diciembre, el fiscal Valerio solicita al magistrado González Yagüe que se pidan a la Comisaría General de Información datos razonados sobre las hipótesis investigadas. Emilio Valerio propone que se responda a las siguientes hipótesis de manera razonada: "Si los autores del asesinato pudieron ser de ETA Militar, de la rama dura de ETA Militar, de algún grupo autónomo de ETA Militar, de Herri Batasuna o de los GAL; de algún grupo vinculado a los GAL o de similares características, o de algún grupo de la ultraderecha española, en cuyo caso se solicita detallar cuáles podrían ser las responsabilidades de algún grupo paraestatal o de ultraderecha, con vinculación o plácet estatal. Se solicita si pudo ser el Servicio de Información de la Guardia Civil, el CESID u otros servicios de información estatales".

El fiscal incluye en su solicitud la advertencia de que cualquier negativa o, evasión a las diferentes hipótesis que se plantean sería entendida como una falta de colaboración con la justicia, por lo que se incoarían diligencias por el presunto delito de denegación de auxilio a la justicia.

El juez aceptó la solicitud y la cursó seguidamente a la Comisaría General de Información, que dirige Jesús Martínez Torres. La providencia fue recogida por el comisario general de Información. Sin embargo, fuentes policiales y judiciales creen que Martínez Torres informó a los responsables del CESID de la orden del juzgado bilbaíno, lo que provocó "la protesta y la explosión" de los servicios de inteligencia militares. El fiscal Valerio solicitó también al ministro de Defensa la dirección del CESID y de otros servicios de información del Ejército.

Los dos oficios estaban mecanografiados con la misma máquina y fechados el 13 de diciembre de 1984. El juez instructor advertía en cada uno de ellos que las diligencias que ordenaba se producían a instancia del ministerio fiscal y, recalcaba, "a petición exclusiva del mismo". Según los expertos, esta última puntualización era una precisión innecesaria, inhabitual en los escritos judiciales, donde el juez asume o rechaza las diligencias que se le proponen por una u otra parte, pero sin necesidad de señalar con el dedo al proponente.

La razón de este proceder parece residir en que el juez instructor era reacio a aceptar este tipo de diligencias propuestas por el fiscal Emilio Valerio, aunque suponía que de nada le valdría rechazarlas, dado que sistemáticamente la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Bilbao ordenaba la práctica de diligencias rechazadas, como ocurrió en el caso de la petición de que se enviasen cartas a los tribunales franceses de Pau y de Bayona en demanda de información sobre los GAL, petición concedida al estimarse el recurso correspondiente.

El juez se desmarca

Ya que no merecía la pena rechazar unas diligencias que no le parecían acertadas, con la mención expresa del solicitante el juez González Yagüe dejaba al menos constancia de quién las había propuesto, y de alguna manera se desmarcaba. En cambio, no pasó por admitir la advertencia de Valerio de que la negativa a cumplimentar lo solicitado llevaría aparejada la incoación de diligencias por el supuesto delito de denegación de auxilio a la justicia. Una advertencia de este carácter, según juristas de solvencia, "no se propone nunca cuando se pide la primera diligencia; si acaso, cuando se reitera por segunda o tercera vez". El hecho es que no figuraba en los oficios que llegaron a Fernando Ledesma. A Barrionuevo, entre otras, muchas cosas, le preocupaba "que no se filtraran a EL PAÍS" tales documentos, según fuentes cercanas al caso.Los destinatarios de los oficios remitidos por el juez eran el propio ministro de Defensa, Narcís Serra, y el comisario jefe de la Brigada Central de Información, Jesús Martínez Torres. Serra y Barrionuevo -pese a las negativas que se hacen al respecto- expresaron a Ledesma la preocupación suscitada por los dos oficios.

El oficio dirigido a Serra, contenido en un único folio, solicitaba del ministro de Defensa la dirección de los siguientes servicios del Estado y "el cargo y graduación de las personas que están al frente de los mismos: CESID, Servicio de Información del Ejército (Estado Mayor Central) y E.M.A.C.O.N. (Estado Mayor Conjunto)". Según ha trascendido de las diligencias informativas ordenadas por el fiscal general del Estado sobre la actuación del fiscal Valerio, la razón de utilizar estas siglas provenía de haberlas visto en el organigrama de los servicios de inteligencia del Estado publicados por una revista.

En todo caso, eran palabras mayores, y Serra entregó el oficio judicial a Ledesma.

El oficio dirigido a Martínez Torres, contenido en dos folios, era más largo y complicado. El fiscal Valerio había pedido que se investigaran todas las hipótesis posibles, muchas de ellas publicadas también, en los periódicos poco después del asesinato de Brouard. El oficio del juez recababa del jefe de la Brigada Central de Información toda clase de datos sobre la forma, alcance y contenido de la investigación policial que había que efectuar para descubrir a los asesinos de Brouard; información sobre el eventual previo conocimiento del atentado por parte de algunos servicios del Estado, y, además, se le ordenaba "comentar, analizar y, en su caso, descartar" una serie de hipótesis.

Entre las hipótesis objeto de comentario, análisis o descarte figuraban las de grupos de extrema derecha organizados (las siglas citadas eran FN, FJ y FNT, que pueden corresponder respectivamente a la autodisuelta Fuerza Nueva, al Frente de la Juventud y a Fuerza Nacional del Trabajo); personas o grupos de extrema derecha no organizados; grupos autodenominados GAL; servicios de información de la Guardia Civil; ETA o extrema izquierda vasca; CESID, y personas que reciben apoyo de los servicios del Estado o ayuda en su infraestructura. Parece ser que en el oficio judicial no se incluyó otra petición del fiscal Valerio que, de ser cierta, mostraría un extraordinario candor: la solicitud de que, al hacer las pesquisas en torno a las distintas hipótesis, los investigadores ocultasen a cada servicio las sospechas que recaían sobre el mismo.

Órdenes no cumplidas

El hecho es que, en el momento de serle entregadas a Ledesma, las órdenes judiciales contenidas en los oficios no habían sido cumplimentadas, ni siquiera con evasivas ni con el fácil recurso de descartar las hipótesis que más irritación produjeran. Se planteó, en cambio, la conveniencia de que las diligencias, solicitadas "a petición exclusiva del ministerio fiscal", fueran retiradas por quien las propuso, y se señaló que la cumplimentación de algunos de los extremos contenidos en los oficios era "imposible" o, en otros casos, significaba dejar a la intemperie a los servicios de inteligencia del Estado. Sin embargo, un alto cargo del Ministerio de Justicia insistió a este periódico en que la preocupación gubernamental manifestada en este caso era la habitual en numerosos servicios del Estado, que piden asesoramiento a Justicia sobre la complejidad o perplejidad ante determinadas pesquisas judiciales.En definitiva, las vacaciones se le complicaban al ministro de Justicia, que ni siquiera contaba con la presencia en Madrid del fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón Barba, que se había ido de vacaciones a los ajos, denominación alusiva con que se conoce entre sus compañeros el pueblecito extremeño de donde es natural la esposa del fiscal general. Un pueblecito en donde para llamar por teléfono a Burón es preciso hacerlo al Ayuntamiento, a fin de que le avisen. Y Burón había dejado dicho: "Si no es muy urgente, no me molestéis".

Al frente de la Fiscalía General del Estado se encontraba el teniente fiscal Cándido Conde-Pumpido Ferreiro, con quien Ledesma tenía menos confianza y amistad que con Burón, pero a quien correspondía trasladarle las quejas gubernamentales suscitadas por el problema planteado por el fiscal Valerio. Y así lo hizo el titular de Justicia, que deseaba resolverlo rápidamente y acabar de una vez con la inocentada. Llamó al domicilio de Conde-Pumpido y le envió un coche, que le recogió y le trasladó a la sede del ministerio, en la calle de San Bernardo.

Información autorizada

Según Conde-Pumpido, el objeto de la reunión era "un intercambio de información, en los términos que prevé el artículo 9.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal". "En esa reunión", según la parte de la información de Conde-Pumpido que Burón autorizó que facilitara a EL PAÍS, "me fueron mostrados por el señor ministro dos oficios firmados por el juez que instruye el sumario por el asesinato de Brouard, dirigido uno al comisario jefe de la Brigada Central de Información y otro al ministro de Defensa. El primero interesaba una investigación sobre la autoría del asesinato, partiendo de una amplia y genérica gama de hipótesis; el segundo solicitaba, para recabar posteriores informes, la dirección y cargo o graduación de los titulares de varios organismos dependientes del Ministerio de Defensa, y en ambos el juez subrayaba que la diligencia se realizaba a instancia del fiscal".Conde-Pumpido entendió que el asunto, desconocido por la Fiscalía General del Estado, "no podía ser valorado sin poseer más elementos de juicio, pero que, de todas formas, de esas diligencias, por sus singularidades, debiera haber tenido noticias en su día dicha Fiscalía General, dado que, por su interés en la resolución del caso Brouard, había dado instrucciones a la Fiscalía de Bilbao para que informara de los avatares de la investigación". Como el tema era urgente para el ministro, desde el propio despacho de Ledesma -en donde también se encontraba el subsecretario del departamento, Liborio Hierro, según ha confirmado éste a EL PAÍS-, Conde-Pumpido se puso en contacto telefónico con el fiscal jefe de Bilbao, Fermín Hernández.

"Me sorprendió comprobar", informó Conde-Pumpido, "que tampoco conocía la existencia de la petición origen de esos oficios, sobre cuyo contenido se mostró en principio extrañado en función del conocimiento que tenía del suma

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rio". Se convino que comprobara la petición del fiscal y las razones en que se apoyaba y que informara de ambos extremos. Al día siguiente, por la mañana Hernández llamó al domicilio del teniente fiscal y le confirmó que las diligencias habían sido solicitadas por el fiscal Valerio sin informarle. Añadió que, al no haberse podido poner en contacto con Emilio Valerio, desconocía las razones que éste había tenido para tal petición, que, a juicio del fiscal jefe de Bilbao, no tenía apoyo en los datos sumariales.

Oposición al relevo

Según la versión de Conde-Pumpido, el fiscal jefe de Bilbao "se mostró contrariado por aquella falta de información", y le dijo "que pensaba hacerse cargo personalmente del sumario". "Expresamente le indiqué", agrega CondePumpido, "que no me parecía prudente apartar de la investigación al fiscal que la venía llevando y que esa decisión podría ser origen de interpretaciones desviadas sobre su verdadero inotivo".Para Conde-Pumpido, las diligencias ordenadas por el juez eran irreversibles, y la continuidad del fiscal, conveniente. Lo importante era asegurarse que ese defecto de funcionamiento de la línea jerárquica no volviera a repetirse. De ahí que se opusiera tajantemente al relevo de Valerio, "sin perjuicio de exigir en el futuro al fiscal actuante un más escrupuloso cumplimiento del deber estatutario de tener informado a su jefe, así como que éste, por su parte, debía también poner su mayor experiencia al servicio de la investigación del caso".

Mientras tanto, Ledesma se había marchado de vacaciones a la Costa del Sol, pero continuaba preocupado desde allí. El sábado 29 llamó más tarde de la hora convenida no encontró en su domicilio a Conde-Pumpido, y finalmente, el domingo 30 de diciembre le sacó literalmente de la cama. En pijama. Conde-Pumpido informó telefónicamente a Ledesma de la conversación mantenida con el fiscal jefe de Bilbao, "y el tema se dio por concluso".

La Nochevieja transcurrió relativamente apacible para todos, hasta que Emilio Valerio regresó a Bilbao o fue localizado por su jefe. A primera hora de la mañana del lunes 7 de enero estallan las discrepancias entre Valerio y su jefe, Fermín Hernández. Sobre las once de la mañana, el fiscal jefe de Bilbao se reúne con Valerio y le explica que está decidido a seguir personalmente el asunto Brouard, aunque le pide que, aceptando unas condiciones, continúe colaborando en la investigación del caso. Valerio, en medio de una gran tensión emocional, se niega a seguir trabajando en el caso si no es el máximo responsable.

Durante más de hora y media, Valerio charla con un periodista amigo suyo de la agencia Vasco Press y le comenta todo el asunto. Le dice que querían mediatizarle y que prefiere renunciar al caso a colaborar condicionadamente si no es el responsable de las investigaciones. Esa tarde, la agencia Vasco Press -entre cuyos clientes se encuentra el Ministerio del Interior, según confirmó a este periódico la propia agencia- da la notícia de la retirada del caso Brouard del fiscal Valerio, que es recogida en muy pocos periódicos vascos y pasa casi desapercibida.

"En la mañana del día 7 de enero", relata Conde-Pumpido, "volvió a llamarme el fiscal jefe de Bilbao para comunicarme las dificultades que tenía para atender mi indicacíón de mantener en el caso al fiscal Valerio, dada la renuencia de éste a cumplir sus funciones en las condiciones de dependencia que el Estatuto impone y por haber solicitado que se le apartara de la investigación. Aun contrariándome la situación, comprendí las razones del fiscal jefe de Bilbao, dados los términos de las relaciones existentes entre el jefe de una fiscalía y los fiscales de la misma".

"Tema delicado"

El ministro de Justicia telefoneó de nuevo, en la noche del día 7 de enero, al domicilio de Conde-Pumpido, para pedirle información sobre las declaraciones atribuidas a Valerio, según los teletipos de la agencia Vasco Press remitidos a Justicia desde el Ministerio del Interior. Conde-Pumpido no sabía nada del asunto y en la mañana del día siguiente, el 8 de enero, buscó la noticia en la Prensa de Madrid, en donde no la encontró. Cuando poco después habló de nuevo con el fiscal jefe de Bilbao, éste le dio cuenta de las declaraciones de Valerio y de las suyas propias. Valerio había hablado de presiones físicas y psicológicas e insinuaba que el asesinato de Brouard se habría podido evitar. Conde-Pumpido recomendó al fiscal jefe de Bilbao "la máxima prudencia en el tratamiento de tema tan delicado".Ese mismo día 8 de enero, el fiscal Emilio Valerio no fue al palacio de Justicia. Llamaron desde su casa diciendo que se encontraba enfermo y no podía ir al trabajo. Valerio, sin embargo, quería observar en esas 24 horas la reacción de la Prensa y los medios de información sobre su relevo, pero el eco fue mínimo: casi ningún periódico vasco había valorado la noticia. El Correo Español la recogió en última hora muy poco destacada.

El miércoles día 9 volvió a su despacho en la fiscalía. Radio Bilbao busca el seguimiento del caso y obtiene unas polémicas declara-, ciones del fiscal, que se ratifica en sus tesis. La Prensa recoge al día siguiente ampliamente esas declaraciones y desde la Fiscalía General del Estado le llaman ordenando que rectifique tales palabras y prohibiendo tanto a él como al fiscal jefe realizar cualquier tipo de declaraciones. El fiscal Valerio, ante la amenaza de un expediente o arruinar su carrera fiscal, se autodesmiente en Radio Nacional.

En la tarde del día 8 había regresado de los ajos el fiscal general del Estado, en cuyas manos quedaba ya el asunto. El jueves día 10 de enero, Burón convocó una conferencia de prensa en la que redujo el problema y las tensiones suscitadas por las diligencias solicitadas por Valerio a una cuestión interna entre dos fiscales, que mereció la apertura de diligencias informativas para averiguar lo sucedido.

El jefe de la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado, Elíseo García Martínez, acompañado por el teniente fiscal de la Inspección, Rafael Rojo, conversó durante dos días en Bilbao con el propio Emilio Valerio y su superior, el fiscal jefe de la audiencia. La decisión sobre el caso ahora está en manos del fiscal general del Estado, Luis Burón.

Han elaborado este informe Bonifacio de la Cuadra, Javier García y Fernando Orgambides.