¿Quién miente?

LA NOTA facilitada ayer por la oficina de prensa del Ministerio del Interior, resuelto al parecer a proseguir indefinidamente la fatigosa polémica del titular de ese departamento con EL PAIS, está salpicada de errores gramaticales, tergiversaciones de hechos, contradicciones flagrantes, explicaciones no solicitadas y amenazas. La circunstancia de que José Barrionuevo dirija sus quejas a la vez a la opinión pública y a los tribunales de justicia nos obliga, muy a pesar nuestro, a responder a ese peregrino documento, digno retoño de la literatura policial de la época de la dictadura.Las informaciones publicadas por EL PAIS durante la última semana se limitaron a poner en relación la dimisión o el relevo del fiscal Valerio, que intervenía en el caso Brouard, con sus peticiones para que el juez instructor del sumario practicara determinadas diligencias cuya realización afectaba a funcionarios dependientes del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa. Aunque no resulta fácil determinar con exactitud todos y cada uno de los pasos de la información circulada dentro del aparato del Estado, se sabe ya, en buena parte gracias a la investigación de este periódico, que la remoción del fiscal Valerio fue precedida por las comunicaciones facilitadas al ministro de Justicia por el ministro del Interior y por el ministro de Defensa. También está confirmado que el ministro de Justicia transmitió tal información a la Fiscalía General del Estado, que la hizo llegar al fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Bilbao. El director de EL PAIS no consultó anteayer con el ministro del Interior, sino que preguntó a José Barrionuevo, a Fernando Ledesma y a Narcís Serra acerca de las circunstancias en que se habían producido esas comunicaciones. Respetando criterios profesionales, la información aparecida ayer en este periódico se basó exclusivamente en las respuestas oficiales de los tres ministros.

El rasgo más sorprendente de esta historia es que, al menos formalmente, no hay nada ilegal en esa secuencia informativa dentro del aparato del Estado. Resulta casi obligado que los subordinados del ministro del Interior comuniquen al titular del departamento la recepción de esas diligencias. Es comprensible que el ministro del Interior transmita al ministro de Justicia esa información. Y se halla dentro de las posibilidades legales que el ministro de, Justicia ponga tales hechos en, conocimiento del fiscal general del Estado: las comunicaciones del Gobierno, a través de su presidente o del ministro de Justicia, con el fiscal general del Estado están previstas por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece que "el Gobierno podrá interesar del fiscal general del Estado que promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público". Dado que el ministerio fiscal ejerce sus funciones "conforme a los principios de unidad de acción y dependencia jerárquica", el fiscal general. del Estado, una vez interesado en un asunto específico por el poder ejecutivo, tiene pleno derecho a impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes y a designar a cualquier miembro del ministerio público para un asunto determinado.

¿A qué viene entonces la irritación y el desasosiego del ministro del Interior en este asunto? La nota de la oficina de prensa, redactada con un notable desprecio por la exactitud y por el idioma, se debate con un adversario inexistente. El ministro del Interior, que reconoció anteayer haber informado al ministro de Justicia de la existencia de las providencias judiciales relacionadas con el caso Brouard, aclara a los ciudadanos que la palabra información no debe ser entendida como "iniciativa o adopción de medida alguna". Ninguna de las definiciones dadas por el Diccionario de la Academia a ese término contiene esa disparatada acepción. Obsesionado por la mala conciencia, el redactor de la nota insiste en que los datos transmitidos por el ministro del Interior al ministro de Justicia sobre esas diligencias no deberían entenderse como información transmitida de manera oficial "con la intencionalidad política de promover cualquier tipo de acción administrativa". El señor ministro del Interior, se nos viene a decir, acostumbra a charlar con otros colegas del Gobierno sobre conflictos interdepartamentales con el exclusivo objeto de matar el tiempo, distraer los ocios o ampliar sus conocimientos de cultura general.

La nota también afirma que el ministro del Interior "no ha recibido muestra alguna de ningún tipo de posicionamiento por parte de los servicios de él dependientes, y que hubieran recibido providencias judiciales en relación con el caso Brouard, todas las cuales fueron atendidas en su momento con la discreción a que obliga la ley de Enjuiciamiento Criminal". Aunque no resulta fácil desentrañar el significado de la frase, la misteriosa negativa parece dar a entender que los subordinados afectados por las diligencias judiciales comunicaron su existencia al ministro del Interior con gesto imperturbable, sin añadir comentarios y tal vez en posición de firmes.

El ministro del Interior, finalmente, pasa a "explicar las razones" que le impulsan a "rechazar con firmeza" cualquier "sombra de duda" sobre las responsabilidades propias o de cualquier servicio de su departamento "en relación con el necesario esclarecimiento del asesinato de don Santiago Brouard". Esas razones, sin embargo, brillan por su ausencia en el texto, que se limita, a considerar una "insidiosa y grave acusación" la insinuación de que los servicios dependientes del Interior o de otra instancia gubernamental se hallen ocultamente interesados en dificultar esas actuaciones judiciales. Pero si los argumentos faltan, siempre existe la posibilidad de que una buena amenaza supla su ausencia. De esta forma, el ministro del Interior anuncia el envío a los tribunales de las informaciones publicadas por EL PAIS en torno a la rocambolesca sarta de silencios, desmentidos, contradicciones y omisiones oficiales que ha acompañado a la sustitución del fiscal Valerio en el sumario de Brouard. Para su desgracia, no ha sido EL PAIS, sino la propia torpeza del Ministerio del Interior la causa de que algunos medios -y en ningún caso este periódico- hayan dado pábulo a esa ominosa hipótesis. Alguien ha mentido en este asunto. Y desde luego no ha sido EL PAIS, que se ha limitado trabajosamente a esclarecer un asunto inútilmente oscurecido por el Ministerio del Interior.