El fin y los medios

Dos ejemplos con nombre propio, extraídos de la lista inabarcable de casos anónimos de este tipo que ofrece la vida diaria:Alvaro Delgado es un profesional de la pintura. Por su condición de tal fue elegido miembro del Patronato del Museo Es pañol de Arte Contemporáneo Como pintor, Delgado ambiciona ver uno de sus cuadros colgado en ese museo. El pintor juzgó incompatible esta legítima ambición con su permanencia en dicho patronato, que es el organismo que decide qué cuadros ha de adquirir el museo. En consecuencia, presentó su dimisión como miembro de dicho patronato. Ningún periódico dio de este gesto noticia. No es noticia hacer lo que uno debe hacer.

Juan Margallo es un profesional de la escena. Por su condición de tal fue elegido miembro del Consejo del Teatro. Las funciones de este consejo, dentro de la dirección general del ramo, son sólo consultivas, pero a causa de la apresurada reorganización en que se encontraba ese organismo a primeros de 1983, su responsable, José Manuel Garrido, pidió a los miembros del Consejo del Teatro que asumieran provisionalmente una función que no les correspondía: estudiar y conceder subvenciones a compañías teatrales privadas que la hubieran solicitado. Juan Margallo, que es director de una de esas compañías, El Gayo Vallecano, retiró su solicitud por considerar que era, cito literalmente, "inimaginable ser al mismo tiempo miembro de un organismo subvencionador y aspirante a una subvención".

Nadie hizo de este gesto noticia. La normalidad no es noticia.

Sí fue, en cambio, noticia, y no de letra pequeña, que tres películas en las que tienen intereses directos dos miembros de la comisión. subvencionadora del cine fueran subvencionadas por la misma comisión a que pertenecen. Un hecho así es noticia no sólo porque vulnera normas jurídicas generales y principios de acatamiento universal de derecho común -¿en qué latitud .civilizada de este planeta se admite que alguien que aspira a ganar un concurso esté capacitado para valorar los méritos o deméritos de los otros concursantes?-, sino también y sobre todo, puesto que el hecho fue sancionado y bendecido por un organismo público como la Direccción General de Cinematografía, porque se trata de un estrepitoso error político.

La aplicación de la ley

El error procede de la aplicación de la ley y no de la ley aplicada. El subrayado no es arbitrario, porque aparta el oro de la ganga en la confusa fórmula que se maneja en la arriba citada carta de apoyo de profesionales del cine español a la política de la dirección general, al no distinguirse en ella entre la ley en cuanto tal, que es intachable, y su desarrollo administrativo posterior, que no lo es en absoluto. ¿Por qué? Porque, si no se tiene el juicio empapelado en nieblas, no puede ser considerado intachable un método que introduce en la aplicación práctica de un texto jurídico normal un factor permanente de anormalidad que ya ha dado lugar a dos noticias y que, de seguir aplicándose, dará lugar, sin duda, a otras, con el consiguiente descrédito que acarrea una acumulación de noticias de esta especie.

Una cosa es el decreto Miró, que es una buena ley, y otra su nada buena forma de aplicarse, dos realidades que, pese a ser notoriamente divergentes, la citada carta de apoyo mete, a todas luces con desinformación, en el mismo saco. La ley racionaliza la financiación del cine español, mientras que su aplicación introduce en ella un elemento viciado de irracionalidad cuyas consecuencias están a la vista; la ley quiere modernizar una estructura de producción arcaica, mientras que su aplicación está contaminada por el arcaísmo que la ley quiere destruir; la ley pone en la cuneta a los enemigos declarados de su filosofila -que son principalmente las distribuidoras multinacionales norteamericanas y los adversarios políticos del actual equipo de la Dirección General de Cinematografía-, mientras que su aplicación permite que tales enemigos se carguen de razones para intentar acabar con ella.

Hay que defender esta ley, pero sólo será posible hacerlo con efectividad si se empieza por combatir su pésima aplicación actual, que es, para mayor inri, fácilmente rectificable si se tiene suficiente claridad mental y humildad -es lo mismopara darse cuenta de ello. La defensa del actual sistema de aplicación de la ley no tiene otra apoyatura que el argumento despótico por excelencia: el fin justifica los medios, un argumento nada acorde con los tiempos que vivimos en España y que cae en el imperdonable olvido de que son precisamente los medios los que determinan fatalmente el fin.