La Iglesia recibirá del Estado casi 12.000 millones de pesetas

El Estado contribuirá en 1985 al Fondo Común Interdiocesano y a la reparación de templos y residencias sacerdotales con la aportación de 11.870.100.000 pesetas, según consta en el presupuesto de la Iglesia española que fue aprobado ayer por el pleno del episcopado. La Conferencia Episcopal tiene previstos para 1985 unos ingresos de 166.544.984 pesetas e igual cantidad de gastos. La cantidad destinada al Fondo Común Interdiocesano es de 12.811 millones de pesetas. Dentro de estos presupuestos los obispos pretenden que los sacerdotes perciban al menos 30.000 pesetas al mes.

Para la dotación del fondo interdiocesano está prevista una aportación estatal de 11.825 millones de pesetas (el año pasado fue de 11.051 millones). También destinará el Estado 45.100.000 pesetas a la reparación de templos y a las residencias sacerdotales, según consta en los presupuestos que actualmente se están debatiendo en el Congreso de los Diputados. Las diócesis contribuirán, por su parte, con 940.900.000 pesetas.La mayor parte del dinero de estos presupuestos -más de 10.000 millones- se destinará a las diócesis españolas para gastos de personal, gastos patrimoniales, actividades pastorales y seminarios. El resto del dinero lo distribuirá la Conferencia Episcopal en seguridad social del clero (casi dos millones de pesetas el año pasado), retribuciones a los obispos y universidades eclesiásticas.

Los obispos españoles, que terminan hoy la reunión plenaria que comenzaron a principios de esta semana, han estudiado también el anteproyecto de un documento titulado la Responsabilidad de los católicos en la vida pública, que fue elaborado por Ramón Torrella, arzobispo de Tarragona, junto con otros dos obispos.

Este documento, cuya redacción definitiva estará preparada para mediados del próximo año, aborda el concepto de vida pública no sólo desde el ángulo de la política sino que trata también "de la multitud de campos que abarca esta compleja realidad", según dijo Ramón Torrella.

El arzobispo de Tarragona aseguró que en el texto no se expresarán preferencias ni rechazos por determinadas opciones políticas.

Por otra parte los obispos han expresado su apoyo a las conversaciones que una representación del Episcopado mantiene con el Ministerio de Educación y Ciencia en tomo a la aplicación de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación.