Un informe oficial demuestra la inviabilidad financiera del Hospital General de Cataluña

El informe de un prestigioso gabinete que asesora a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña en cuestiones delicadas sostiene la inviabilidad política y económico-financiera del Hospital General de Cataluña, de propiedad privada, tal como fue proyectado por sus promotores, y aconseja, como salida a los graves problemas que ello plantea, que se traslade a sus instalaciones, situadas a 20 kilómetros, el conjunto hospitalario de La Santa Creu i Sant Pan y la Fundación Puigvert, que están en el centro de la capital catalana.

Este trabajo ha sido realizado a petición del presidente Pujol y sus conclusiones, mantenidas hasta ahora en secreto, están siendo examinadas por los consellers de Sanidad y Economía y Finanzas, Josep Laporte y Josep María Cullell. La Generalitat está dispuesta a buscar una solución para el Hospital General de Cataluña con objeto de evitar que se convierta en un problema político de difícil solución y para preservar en lo posible los derechos de las 70.000 personas que han financiado la construcción del hospital.El informe del gabinete de Joan Ros Petit demuestra la inviabilidad económica y financiera del proyecto del Hospital General de Cataluña con sus propios medios y la imposibilidad de que, ni a corto ni a largo plazo, el Instituto Catalán de la Salud (ICS) pueda concederle un concierto económico capaz de financiar su funcionamiento. Por ello, aconseja que la Generalitat inicie una amplia reestructuración hospitalaria que permita la disolución de las sociedades promotoras del proyecto y el traslado posterior a sus instalaciones, en Sant Cugat, del hospital de Sant Pau y la Fundació Puigvert.

Hospital General de Catalunya, SA, nació para gestionar la construcción del hospital, dependiendo de la sociedad civil particular del mismo nombre, que preside a su vez el industrial Leoncio Doménech. Ésta última sociedad es la receptora de las cuotas aportadas por los socios, en participaciones que oscilan entre las 25.000 pesetas por persona, que fue la tarifa inicial, y las 180.000 actuales.

El abogado Joan Piqué Vidal preside, desde el momento de su constitución, el consejo de administración de la empresa Hospital General de Cataluña, SA. Piqué es, por otra parte, el abogado que actualmente dirige la defensa personal de Jordi Pujol en la querella que se instruye sobre Banca Catalana.

El Departamento de Sanidad y Seguridad Social había manifestado reiteradamente la absoluta imposibilidad material de conceder al Hospital General de Cataluña el concierto que sus promotores solicitaban, y su argumento principal era que una concesión de ese tipo obligaría a cerrar a varios centros hospitalarios de la zona de Barcelona y el Vallés.

Otras financiaciones

Las nulas perspectivas de un concierto llevó a los promotores del hospital a buscar otros procedimientos financieros, entre ellos la constitución de un mútua cuyos socios aportasen una cuota mensual, pero los socios se mostraron muy escépticos ante esta iniciativa, pues ya habían desembolsado cantidades importantes de dinero.La Generalitat ha tenido conocimiento de que se estaba negociando, junto a otras ayudas financieras, un crédito de la Banca March por valor de 2.000 millones de pesetas. Con ese capital, y a partir del margen de maniobra de los dos años iniciales de carencia de intereses, los promotores del hospital proyectaban poner en funcionamiento 250 camas, que serían ocupadas por enfermos de patología no grave, ya que para atender patologías más complejas sería precisa una inversión mucho más elevada. La alternativa de efectuar un desbloqueo de este tipo, como por ejemplo la apertura parcial del hospital, ha sido también examinada en el informe de Ros Petit, y la considera aún más costosa en términos relativos -y por tanto más inviable- que la apertura total del hospital, con las 750 camas proyectadas.