Una extradición con condiciones

La extradición de Joseba Artetxe y Salvador Ormaza fue la primera de las conseguidas por el Gobierno español referidas a miembros de ETA por actividades terroristas. Igualmente era la primera vez, desde 1945, que las autoridades de Bélgica concedían una extradición de personas pertenecientes a un grupo político armado.Las autoridades belgas, al adoptar la medida, señalaron que no podían negarse a entregar a Joseba Artetxe y Salvador Ormaza debido a que España es "un país con un régimen democrático y que forma parte del Consejo de Europa", pero establecieron una serie de condiciones que las autoridades españolas debían cumplir.

Entre estas condiciones requeridas figuraban una garantía del Gobierno español de que los dos etarras recibirían un trato equitativo y el compromiso de intentar obtener, a través del fiscal general del Estado, la libertad provisional de los inculpados. Esta medida se cumplió con Salvador Ormaza, pero no con Joseba Artetxe, para el que el fiscal pedía un total de 18 años de prisión.

Juicio en breve plazo

Otras condiciones para la concesión de la extradición fueron la garantía por parte del Gobierno del respeto total a la integridad física y psíquica de los dos deportados, la posibilidad de acceso en todo momento del abogado encargado de su defensa y la detención en un Centro penitenciario al que podrían tener acceso sus familiares y defensores.Además, las autoridades belgas instaban a las españolas a que el juicio contra Artetxe y Ormaza se celebrara en el más breve plazo posible. El Gobierno español considera que se han cumplido todos los requisitos exigidos por los belgas.

La extradición de Artetxe y Ormaza significó un cambio importante en la postura de los países de la Comunidad Económica Europea respecto a la concesión de extradiciones y sirvió de precedente para las entregas posteriores por parte de Francia.

Sin embargo, la medida adoptada por las autoridades de Bélgica fue muy criticada por los partidos y coaliciones nacionalistas vascas, concretamente por el Partido Nacionalista Vasco, Euskadiko Ezkerra y Herri Batasuna, entre otras razones porque entendían que el denominado problema vasco no se iba a acabar utilizando únicamente la vía policial, sino a través de la negociación.