Dictaminado anoche el proyecto de ley de Presupuestos para 1985

La Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados terminó anoche de dictaminar el proyecto de cuentas del Estado para 1985 sin alterar el contenido de la reforma de las pensiones para los funcionarios prevista por el Gobierno. Fuentes socialistas aseguraron, no obstante, fuera de la sala que la solución no es definitiva, aunque descartaron que el Pleno de la Cámara o el del Senado devuelvan el asunto al Gobierno, como reclama la oposición conservadora.La treintena de artículos y disposiciones del proyecto de ley que reforman las pensiones para unos 700.000 funcionarios, fueron aplazadas a los últimos momentos del debate durante tres días, a propuesta del Grupo Socialista, que fue aceptada por la oposición conservadora.

Escalonar las pensiones

En síntesis, el proyecto, consiste en escalonar las pensiones según los años de servicio. Aunque en apariencia ello supone racionalizar el sistema y corregir la presunta injusticia de que un funcionario con nueve años de servicio reciba la misma jubilación que otro con 20 o 40 años, los diputados de diversos grupos consultados coincidieron en afirmar que globalmente también supondrá un ahorro para el Estado, si bien menor al que representan las reducciones a los futuros pensionistas de la Seguridad Social. El Grupo Popular precisó que incluso sufrirán los pensionistas actuales del Estado (unos 400.000), pues la subida general para 1985 no supera el 4%.

Como las nuevas pensiones de los funcionarios son muy inferiores al resto (lo cual no obsta para que la media esté en 30.000 pesetas mensuales, mientras en la Seguridad Social apenas ronda las 28.000), el Ejecutivo pretende que los haberes que regulan la cotización y determinan la pensión se aproximen a los salarios reales y, por tanto, a los de otros asalariados. Sobre los nuevos haberes, que oscilarán entre las 7 10.000 pesetas anuales para un bedel y los 3,3 millones para un juez, se aplicaría una escala que iría desde el 1,35% por un año de servicio al 100% por 40 años o más.

En la última jornada de dictamen de los presupuestos, los socialistas mantuvieron la negativa a admitir enmiendas de la oposición que afecten al texto del Ejecutivo. Entre tanto, el Grupo Popular desarrolló durante el debate de las distintas secciones de gasto su alternativa, orientada a reducir el déficit y el gasto en unos 300.000 millones de pesetas, recortando casi todo en las transferencias a empresas públicas y redistribuyendo el resto para que aumenten las dotaciones para Justicia e Interior y se mantengan las de Defensa.