Presión sobre Nicaragua

ESTADOS UNIDOS está llevando a cabo desde hace una semana una serie de provocaciones y presiones contra Nicaragua que equivalen, en la práctica, a la preparación de actos agresivos, o a su sustitución por una especie de guerra psicológica. Los argumentos invocados por diversos departamentos oficiales de Washington se caracterizan por la incongruencia, y en algunos casos, por el cinismo. Para comprender lo que está ocurriendo estos días hace falta recordar algunos antecedentes: cuatro Estados latinoamericanos, nada sospechosos de inclinaciones revolucionarias, México, Venezuela, Colombia y Panamá, han elaborado el Acta de Contadora, con estipulaciones y órganos de control encaminados a redúcir los armamentos, eliminar los consejeros militares extranjeros, disminuir los peligros de conflicto en Centroamérica. Nicaragua ha aceptado suscribir dicha acta, con lo que implica de controles internacionales sobre su sistema militar. EE UU ha logrado paralizar la aprobación y puesta en marcha del proceso de pacificación posible en el marco de Contadora. Tal actitud sólo se explica por la intención de aplicar métodos diferentes. Forma parte de la política oficial de la Administración Reagan financiar y organizar, a través de la CIA, grupos de rebeldes que luchan en territorio nicaragüense contra el Gobierno. El manual de la CIA para esas operaciones, publicado en EE UU, aconseja "neutralizar" a los gobernantes sandinistas y alquilar criminales profesionales para que asesinen a determinadas personas, que se convertirían así en mártires de la causa antisandinista. Sorprende la pasividad con que la opinión pública mundial ha aceptado que una conducta tan contraria a las normas elementales de la civilización sea asumida por sectores de la Administración norteamericana. Desde las elecciones presidenciales en EE UU, la escalada de las presiones contra Nicaragua se ha agravado en forma alarmante. Se empezó denunciando el desembarco de Mig 21; luego, los mismos funcionarios norteamericanos tuvieron que reconocer que tal denuncia era falsa; pero, desde entonces se han venido adelantando nuevas causas, susceptibles de justificar, según las declaraciones oficiales de departamentos norteamericanos, eventuales operaciones militares contra Nicaragua: unas veces se habla de bombardeos; otras, de un bloqueo naval, e incluso de una invasión, recordando el antecedente de Granada. El último argumento invocado, hasta ahora, es que Nicaragua prepara una agresión contra Honduras y El Salvador, lo que obligaría a EE UU a intervenir militarmente. Pero nadie puede creer sensatamente que Nicaragua, en su estado actual, atacada en el interior por las guerrillas, acosada en sus costas y fronteras, esté pensando en atacar a sus vecinos. Que EE UU, con parte de su flota cerca de las costas nicaragüenses, con grandes maniobras en marcha en territorio hondureño, recurra a tal argumento parece casi una autodenuncia: confirma, en cualquier caso, que la situación es peligrosa. Por encima de los matices, sin duda significativos, entre el Pentágono y el Departamento de Estado, hay algo particularmente preocupante en la actitud del Gobierno de EE UU: el olvido en sus declaraciones de las normas del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Como si la obligación de respetar las fronteras y la soberanía de los Estados no fuese con ellos; como si tuviesen el derecho de decidir cuándo y dónde atacar a otro Estado. El Tribunal Internacional de Justicia de La Haya ha condenado a EE UU por el minado de los puertos de Nicaragua y le ha pedido que cese sus acciones violentas contra dicho país; demanda totalmente despreciada en Washington. Se han empezado a producir reacciones en Europa para expresar el rechazo de la actitud norteamericana frente a la cuestión de Centroamérica. Los aliados europeos contemplan con enorme preocupación las evoluciones de Washington en este terreno. Una invasión armada sería un escándalo de proporciones incomparables, dejaría pequeña la cuestión de Afganistán y vulneraría los principios proclamados en los tratados que unen a Europa occidental y EE UU. Las consecuencias serían impredecibles, no sólo para la política interior e internacional de Washington, sino para la de muchos de sus países amigos. El Gobierno español ha hecho pública una declaración bastante expresiva de esto que decimos. Estamos seguros que su rechazo a las presiones y hostigamientos que Nicaragua sufre en estos momentos es compartido por la mayoría de la opinión pública española.