El Grupo Popular presentó su proyecto alternativo con la pretensión de promover a las clases medias

Los Presupuestos del sector público para 1985, presentados ayer por el Grupo Popular como alternativa política a los gubernamentales. intentan "la promoción de las clases medias", según palabras del presidente de AP, Manuel Fraga Iribarne. Basados en crecer gracias a las exportaciones y a una mayor reducción del déficit público, que se lograría mediante el recorte de gastos en empresas, en administraciones y en la intervención del mercado, dichas cuentas buscan la expansión de la pequeña propiedad, no subir la presión fiscal, estabilizar la peseta y reducir los tipos de interés.Según el Grupo Popular, la expans,ión monetaria sufrida durante el presente año, un 10% de aumento previsto para el próximo y otros factores expuestos por el Gobierno, no permitirían desacelerar los precios hasta el 7% y elevar el crecimiento económico al 3%. A su juicio, la inflación subiría del 8,5% al 9%; el crecimiento de la actividad económica, del 1% al 1,5%, y el empleo caería en otras 260.000 pensonas adicioriales a 300.000 posibles en 1984.

La estrategia que ha llevado al Grupo Popular a presentar estos presupuestos -gesto meramente político para exhibir una alternativa, pues las normas parlamentarias impiden el trasvase de gastos desde una sección a otras- fue explicado por José Ramón Lasuén, su portavoz económico. Parte de la convicción de que el PSOE ha buscado asentarse en el Gobierno y realizar un programa de libertades durante el primer año, sanear la economía en el segundo, relanzarla en el tercero y esperar así el nuevo triunfo electoral en el cuarto. Frente a ello, los conservadores quieren manifestar que ha fallado el saneamiento y que, en consecuencia, ahora será imposible relanzar la economía y cumplir las promesas económicas y sociales.

La incapacidad del AES

En este contexto, según Lasuén, el Acuerdo Económico y Social alcanzado con la CEOE y UGT supone un esquema en virtud del cual el Gobierno reconoce su incapacidad y endosa la responsabilidad del empleo y la inversión al sector privado. Aunque calificó el pacto como "una medida inteligente de la CEOE, que debe cumplirse a rajatabla", precisó que el Ejecutivo deberá reconocer que ha pedido ayuda a los empresarios y no podrá cumplir el pacto porque el resto de su política es equivocada.

En lugar de los 1,49 billones de: pesetas de déficit público que atribuye a la propuesta del Gobierno (5,27% sobre el valor añadido en la producción de bienes y servicios del próximo año o Producto Interior Bruto), la oposición conserva.dora propugna bajar el déficit a 1,28 billones de pesetas (4,5% de dicho producto). Para ello, reducirían el conjunto de gastos públicos (Estado, Seguridad Social y organismos autónomos) desde los 11,13 billones previstos por el Gabinete a 10,85 billones. La disminución de los ingresos sería mucho menor, desde 9,65 billones a 9,56.

La iniciativa, siempre según el Grupo Popular, aumentaría los gastos en bienes públicos de 1,38 a 1,4 billones de pesetas, y en bienes comunitarios, de 2,21 a 4,47 billones. En cambio, rebajaría las intervenciones en el mercado de 1,25 a 1,07 billones de pesetas; los gastos sociales, de 3,854 a 3,852 millones, y otras funciones, de 2,42 a 2,06.

Para mantener dentro del primer grupo citado los gastos en defensa y elevar los de seguridad interior (de 270.287 a 294.062 millones) y los de justicia (de 89.690 a 108.510), el Grupo Popular bajaría en unos 50.000 millones los de Administración general (fiscal, económica, financiera y Seguridad Social). Dentro de los bienes comunitarios subiría en 45.000 millones los gastos de sanidad, en 68.000 los de educación, en 119.000 los de transportes y comunicaciones, en 32.000 los de bienestar comunitario y en 4.000 los de cultura.

Las rebajas más drásticas se centrarían en los costes para intervenir en los mercados: 315.000 millones de pesetas de menos en la industria (empresas públicas), 9.000 en el comercio, 3.000 en la agricultura y 2.000 en energía y minería. No obstante, aumentaría en 100.000 millones los gastos de investigación y 13.000 millones los de turismo.

El presupuesto alternativo para los gastos sociales mantendría el total previsto en pensiones, subiría en 70.000 millones los subsidios por desempleo y en 52.000 las pensiones mínimas.