Los economistas critican el proyecto de ley de Represión del Fraude Fiscal

El Consejo General del Colegio de Economistas difundió ayer un comunicado contra el proyecto de ley de Represión del Fraude Fiscal y de Reforma del Código Penal en materia de delitos contra la Hacienda pública. Los economistas afirmaron que este proyecto de ley, en caso de aprobarse, "introduciría factores muy importantes de inseguridad jurídica e incertidumbre económica que supondrían un obstáculo grave para la Inversión y creación de empleo, ya que muchos pequeños y medianos empresarios no podrían soportara corto plazo los costes necesarios para cumplir la normativa, técnicamente compleja, prevista en estos proyectos de ley".

El comunicado del Colegía General de Economistas se produce 24 horas después de que el presidente del Consejo General de la Abogacía, Antonio Pedrol, manifestara haber recibido de los poderes públicos "la seguridad de que va a ser modificado el proyecto de ley sobre Represión del Fraude Fiscal para respetar íntegramente el derecho de los abogados a negarse a la revelación de datos y hechos de cualquier naturaleza que conozcan por su relación profesional con sus clientes".El comunicado de los economistas señalaba que "es indiscutible la necesidad de combatir el fraude fiscal, cuyos efectos económicos y sociales son incuestionablemente negativos", pero que ello debe hacerse dentro del respeto a la Constitución, y se muestran completamente contrarios al levantamiento del secreto profesional y la obligación de comunicar a la Administración tributaria aquellos hechos o circunstancias que pudiera a producir responsabilidades fiscales.

Los economistas, muchos de los cuales desempeñan funciones de asesoramiento fiscal, temen que la ley no respete su secreto profesional.

Coincidiendo con las declaraciones de Pedrol y el comunicado del Consejo General de Colegios de Economistas, el secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, afirmó que la Administración está decidida a buscar la fórmula para garantizar el secreto profesional a todos los colectivos de profesionales, y no sólo los abogados, que tengan alguna relación con el proyecto de ley de Represión del Fraude Fiscal, que se encuentra actualmente en el Congreso.

El secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes manifestó ayer que "una vez oídos todos los colectivos afectados, la Administración se ha comprometido a encontrar la fórmula que garantice siempre el secreto profesional.

La iniciativa del Gobierno para determinar la fórmula de garantía del secreto profesional se desarrollará sobre tres bases. En primer lugar, es preciso buscar fórmulas eficaces para luchar contra el fraude fiscal. Este empeño incluye la obligación de que exista una colaboración ciudadana. Esta colaboración de los profesionales estará siempre bajo la garantía del secreto profesional respecto a los datos que obtengan por confianza o secreto. En ningún caso existirán privilegios de unos colectivos sobre otros.

El proyecto de ley de Represión del Fraude Fiscal garantizará el secreto profesional de todos los colectivos implicados.