Aproximación de posturas sobre el anteproyecto de ley de Sanidad

Un próximo Consejo de Ministros decidirá previsiblemente el envío al Congreso de Diputados de la futura ley general de Sanidad, uno, de los textos normativos más debatidos en la fase de consulta con los agentes sociales y profesionales. El texto inicial, apoyado casi sin reseñas por las fuerzas progresistas y atacado duramente por la Organización Médica Colegial (OMC), ha sufrido al final del proceso negociador algunas modificaciones -ha introducido criterios liberalizadores- que ha conseguido aglutinar a amplios sectores de la sanidad aunque también ha suscitado críticas en la izquierda. Aunque aún no se han cemido las conversaciones, fuentes de la Administración han señalado que los puntos más importantes ya han sido tratados con la OMC, por lo que el texto está listo para pasar a la comisión de subsecretarios.

Aunque el anteproyecto no convence a nadie en su totalidad, se ha logrado un cierto consenso social y profesional en esta fase de consultas y negociaciones previas a la entrada en la fase de discusión política. Ayer se celebró una nueva reunión de representantes del Ministerio de Sanidad y del Consejo General de Colegios Médicos sobre determinados aspectos de este anteproyecto, como la integración de hospitales privados en la red sanitaria pública, pero no se llegó a ningún acuerdo concreto.A lo largo de todo el proceso negociador el ministerio ha tenido que ceder en aspectos como las funciones del sector privado -que ha pasado de ser subsidiario, según el primer anteproyecto, a ser complementario-, la libre elección de médico y centro médico -ampliado en las diferentes áreas de salud- y el reconocimiento expreso de la libre empresa dentro del sector sanitario.

El texto actual no obstante, incluye, según fuentes de la Administración y de muchos de los agentes sociales sanitarios, importantes avances 'con respecto a la normativa sanitaria en vigor, que procede de los años cuarenta y que ningún Gobierno había logrado cambiar hasta ahora, a pesar de repetidos intentos.

Entre estos avances se puede citar la ampliación de la cobertura de la asistencia sanitaria a toda la población sin establecer diferencias; la asistencia integral a la salud no sólo en la fase de curación, sino también en la prevención y en el proceso de reintegración. El nuevo anteproyecto establece además el Sistema Nacional de la Salud, consolida una red asistencial única y recupera dos de los sectores sanitarios históricamente maltratados, la salud laboral y la salud mental.

Tras las primeras negociaciones llevadas a cabo con los agentes institucionales (comunidades autónomas y municipios), en las que, según Pedro Pablo Mansilla, asesor del ministro de Sanidad, Ernest Lluch, Ilegamos a lo máximo en relación con las competencias que marca la Constitución y leyes que la desarrollan", se- entró en conversaciones directas con los agentes sociales y profesionales.

La CEOE mostró discrepancias básicas con el proyecto ministerial en puntos como la salud laboral, intervención de la Administración en la salud colectiva, carácter de subsidiariedad del sector privado e integración en la Seguridad Social de los regímenes especiales. Entre otras cosas, la CEOE consiguió que el sector privado sanitario tuviera carácter de complementariedad y no de subsidiariedad.

Mayor participación sindical

Los sindicatos UGT y CC OO consiguieron, desde sus respectivas tomas de posición, que el texto del anteproyecto de ley reforzase los mecanismos de participación sindical en las actividades sanitarias. No han sido recogidas, por el contrario, las posiciones, sobre todo de CC OO, que preconizaba una sanidad completamente pública.

Por su parte, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) pidió a la Administración sanitaria una concepción menos estatalista de la sanidad, el mantenimiento de la relación estatutaria de los trabajadores de la sanidad pública, libertad del ejercicio libre y mantenimiento de otros derechos laborales adquiridos. Algunos de estos puntos fueron incorporados al anteproyecto. También se incorporaron algunos puntos de crítica formulados por el Sindicato Médico Gallego.

Dentro del ámbito de los agentes profesionales fueron incorporadas algunas propuestas de los farmacéuticos, ayudantes técnicos sanitarios, veterinarios y biólogos. A la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que apoyaba desde posiciones progresistas, pero críticas, el proyecto, se le explicó el alcance de determinadas modificaciones. Los farmacéuticos lograron que se mantenga en la ley que el propietario de las farmacias sea un titulado. Sin embargo, se podrán crear farmacias en el futuro en los centros de la Seguridad Social.

Las negociaciones con el Consejo General de Colegios Médicos han tenido un carácter más espectacular, debido no sólo a la inicial posición de la OMC, radicalmente en contra del proyecto, sino también por la personalidad de su presidente, Ramiro Rivera.

Tres puntos han centrado las conversaciones de Rivera con Lluch: la relación sector público y sector privado de la sanidad, el tratamiento que debe dar la Administración a los distintos regímenes de la Seguridad Social y la libertad de elección de médico y de centro hospitalario.

Cesiones del ministerio

El ministerio ha cedido parcialmente en la libre elección de médico y de centro hospitalario dentro del área sanitaria de cada comunidad autónoma, pero no ha aprobado la inmediata incorporación de los centros privados en la red pública, como pedía la OMC. Las últimas negociaciones con Ramiro Rivera han reabierto el debate entre los demás agentes sociales y profesionales, que esperan a conocer el alcance de éstas, para pronunciar su última palabra en tomo al anteproyecto de ley.