El Grupo Popular anuncia una querella sobre la liquidación de excedentes de azúcar

Antonio Navarro, diputado del Grupo Popular, anunció ayer en el Congreso, durante el debate de una interpelación urgente sobre la liquidación de excedentes de azúcar y otros productos pertenecientes al Fondo de Ordenación y Regulación de Precios y Productos Agrarios (FORPPA), la presentación de una querella criminal al estimar que por medio del amiguismo el Estado ha perdido más de 800 millones de pesetas.

El diputado conservador señaló que los responsables de la fallida operación de venta a la empresa Ifco-Intermun están ligados comercialmente a amigos del presidente del Gobierno. El ministro de Agricultura, Carlos Romero, desmintió las irregularidades y aportó como prueba la ejecución del aval bancario que costó a la empresa adjudicataria 25 millones de pesetas.Antonio Navarro comenzó en el pasado periodo de sesiones su batalla por lo que considera una operación irregular en la venta de excedentes de azúcar. Estas anomalías las centró en el modo en que se hizo la convocatoria, la adjudicación, el aval y la ejecución de la misma. Según Navarro, Intermun es una empresa que se crea en Cádiz a los 10 días de la celebración de las pasadas elecciones y se constituye con un capital social de un millón de pesetas. Intermun actúa en España como representante de Ifco. Los propietarios de las acciones son Antonio Blázquez; su esposa, María Teresa Abascal, y Juan Manuel Cabello Ariza. Antonio Blázquez es socio de Enrique Sarasola, amigo del presidente del Gobierno, contra cuya sombra fue dirigida toda la argumentación de Antonio Navarro.

El diputado conservador manifestó que se hizo la oferta por télex a ocho empresas y se adjudicó a Bco, representada por Intermun, y únicamente se le exigió un aval del 1%, cuando la ley de contratos del Estado exige un mínimo del 4%. Según Navarro, el favoritismo alcanzó a no cancelar la adjudicación del 4 de febrero una vez expresada por la empresa adjudicataria la modificación del contrato que: iba desde el tipo de sacos a utilizar, los plazos de los embarques, el aplazamiento del pago y la solicitud de una desgravación Fiscal, lo que venía a suponer una reducción de la oferta en 27 pesetas kilogramo. Expresó el diputado cómo el comité ejecutivo y financiero del FORPPA se reunió dos meses después de la adjudicación de las 70.000 toneladas de azúcar para estudiar la ejecución del aval por incumplimiento de las condiciones ofertadas.

Según manifestó el ministro de Agricultura, Carlos Romero, tras los trámites de consulta se decidió ejecutar el aval, y el Credit Lyonnais, el 23 de junio, ingresó en las arcas del FORPPA 154.000 dólares del aval. El ministro explicó todos los pasos dados por el FORPPA y afirmó que de haber existido el pretendido amiguismo no hubiera sido ejecutado el aval, y replicó que a Ifco, en otras ocasiones, se le han rechazado ofertas en favor de otras empresas porque el ministerio no mira el carné político.

Navarro volvió a la carga para afirmar que a la misma empresa, en la venta de 10.000 toneladas de carne de vacuno, se le bonificó injustificadamente con siete pesetas por kilogramo, lo que supuso una pérdida de 42 millones de pesetas para el FORPPA. El ministro en su réplica explicó que una cosa es el aval y otra la garantía de contrato. Para el ministro la fallida operación no ha producido pérdidas.