El pasado reciente

A diferencia de lo que había ocurrido en las campañas electorales de 1977 y 1979 -insuficientes, en cualquier caso, para poder extraer conclusiones empíricas sólidamente fundamentadas sobre el comportamiento de los españoles en elecciones generales-, el tema OTAN desempeñó en las de 1.982 un papel importante. La incapacidad del Gobierno de la época por argumentar convincentemente en favor de que la adhesión al Tratado de Washington respondía a la defensa de los intereses nacionales y el éxito previo del PSOE en la configuración de percepciones populares llevaron en aquéllas a interpretaciones muy dispares sobre la estrategia que fuese a seguir el nuevo Gobierno socialista.Hechos

La comparación secuencial de las resoluciones adoptadas por los diferentes congresos del PSOE y de los tres programas electorales muestra una notable transformación de los objetivos que los socialistas han identificado como prioritarios en el terreno de la política exterior y de defensa.

En el programa de 1982, base del resonante triunfo electoral del PSOE, quedaron descartadas, por ejemplo, las tendencias neutralistas de unos años antes. Los socialistas se pronuciaron por el manteninúento de "una relación con Estados Unidos en el marco de las relaciones con el mundo occidental en su conjunto".

Merece cierta meditación esta última frase desde la perspectiva del programa de 1979, que afirmaba que la base institucional en el aspecto exterior de la política de defensa consistiría en "la no integración en los bloques militares".

Esta transformación en profundidad, previa al 28 de octubre de 1982, suele interpretarse como consecuencia de la moderación del partido que pudo permitirle morder en los sectores de centro-izquierda de la sociedad española. Pero, en un análisis que enfatice la política exterior, pueden y deben establecerse relaciones con el cambio experimentado en el entorno de España a consecuencia de la redefinición estratégica española tras la adhesión al Tratado del Atlántico Norte.

En tal sentido, el programa electoral socialista de 1982 se pronuncíaba por una desvinculación progresiva en el. plano militar de la Alianza Atlántica (lo que implicaba, por lo menos, la congelación de las negociaciones para la integración en la organización militar) y en favor de un referéndum a fin de que el pueblo español decidiera acerca de la pertenencia a la OTAN.

Estos dos compromisos eran claros y terminantes, y el primero se llevó inmediatamente a la práctica. Las conversaciones iniciadas por el anterior Gobierno con representantes del mando militar (y en cuya preparación habían surgido algunas dificultades quizá no entrevistas por las autoridades madrileñas) no se continuaron. En repetidas ocasiones, núembros cualificados del, Gobierno socialista han abogado desde entonces por el mantenimiento del segundo compromiso cuya celebración (no se habían fijado fechas para su cumplimiento) aún no se ha materializado.

Cualquier analista gubernarriental de cualquier país de la Alianza que conociese la escena españe la ha entendido sin dificultad que tras el 28-O al Gobierno socialista se le abrían dos estrategias posibles:

a) Asumir el tenor literal de las declaraciones previas y convocar inmediatamente el referéndum.

b) Sin renunciar a los compromisos adquiridos ante el electorado, adoptar una posición cautelosa imbricando el tema OTAN dentro de los objetivos que el nuevo Gabinete perseguirá en la relación con el exterior y, singularmente, con el resto de los países europeos occidentales.

En ningún momento el nuevo Gobierno y la opinión pública spañola pudieron desconocer, desde luego, que varios miembros de la Alianza tenían y tienen un interés eminente en que España no denuncie el Tratado del Atlántico Norte.

En una época en que las relaciones Este-Oeste atravesaban por una fase crítica, en que la contestación interna al previsto despliegue de sistemas nucleares de avance intermedio arreciaba en diversos países miembros de la OTAN, en que la cohesión intraaliancista parecía más necesaria que nunca (a pesar de las intensas divergencias de interés en otros planos de las relaciones euro-norteamericanas) y, en que los Gobiernos europeos no vacilaban en exponerse al riesgo político de la polémica interior (y en algunos casos, como el alemán, británico e italiano) de nuevas y anticipadas elecciones generales, los dirigentes españoles habrían de plantear su actuación en la perspectiva del coste político que arrastrase una miedida como la redefinición de la relación con la Alianza, hecho que no dejaría de tener importantes efectas internacionales.

La moderación oficial no ha impedido que el tema OTAN gravitase sobre la discusión interna. El Gobierno ha sido duramente criticado por la oposición. Una gran parte de la Prensa ha dirigido ataques descalificadores al ministro de Asuntos Exteriores. La controversia se ha reencendido dentro del PSOE en espera de la celebración del 30º Congreso. Declaraciones contradictorias y a veces contrarias a los compromisos del programa electoral han sido expresadas por destadados dirigentes socialistas. Pero, como la evidencia muestra, tras la paralización de las conversaciones tendentes a preparar la participación española en el mando militar integrado, la postura del Gobierno de Madrid ha seguido dos líneas de actuación:

1. Se ha mantenido la cooperación con la Alianza en numerosos ámbitos. Expertos españoles acuden constantemente a Bruselas, y España recibe información. clasificada muy importante en virtud de su condición de país signatario del Tratado del Atlántico Norte.

2. Se han mantenido los lazos bilaterales con Estados Unidos, una vez que el acuerdo negociado en 1982 por el Gobierno de UCD se viera adicionado de un protocolo que lo desvinculaba de una forma determinada de permanencia en la Alianza.

Consecuencias

De ningún modo puede caracterizarse hoy a España como país neutral. España está obligada a cooperar en la defensa común por razón de la relación bilateral con Estados Unidos, y, en el supuesto deque el Tratado del Atlántico Norte entrase en acción a raíz de la agresión contra alguno de sus signatarios, no podría sustraerse a los efectos de dicha activación. En principio, su postura no perjudica gravemente a los intereses de seguridad del resto de los países miembros de la Alianza, aunque muchos de éstos desearían que la cooperación española fuese más intensa y se tradujera claramente en la plena participación orgánica y funcional en las actividades del mando militar integrado. A ello se opone, en principio, el compromiso electoral, reiteradamente repetido, de celebración del referéndum. En los años 1982 a 1984, el mantenimiento de este compromiso ha cumplido ciertas flaciones objetivas, con independencia del agrado o desagrado con que diversos segmentos de la opinión pública española lo han contemplado. Estas funciones objetivas pueden ser ubicadas en dos categorías: internas y externas. Entre las funciones internas destacan:

1. Expresa la voluntad del Gobierno, de no abdicar de las responsabilidades contraídas con el electorado.

2. Mantiene un mínimo de credibilidad gubernamental no desdeñable en un país que sólo recientemente ha accedido a la democracia y en el que la clase política es todavía incipiente y está insuficientemente prestigiada.

3. Contribuye a contener las posibles presiones de ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, en las cuales parece haberse operado un cambio de perspectiva fundamental. Si antes divisaban su función esencial en el desarrollo de un papel de seguridad interna, varios artículos de procedencia militar apuntan hacia una reconducción en términos del conflicto Este-Oeste.

4. Tiende a asegurar que el Gobierno obtenga respaldo popular para orientar en el futuro su política de seguridad. Condición necesaria para ello es, claro está, que los socialistas orienten a la opinión pública en tal sentido y que ganen el referéndum. Por importantes que sean las funciones objetivas internas de dicho compromiso, tienen mayor significación las funciones externas. Un análisis desapasionado de las núsmas subrayaría las siguientes:

1. Ha permitido al Gobierno ganar tiempo para apuntalar el despliegue de una política exterior que se pretende novedosa y cuyo espíritu discrepa, ciertamente, del aplicado en los años anteriores. Todavía hoy, hombres, mecanismos e instituciones están fuertemente impregnados de los efectos generados por una política asustadiza y de repliegue como la del franquismo.

2. Ha incorporado el peso de la opinión pública española a la determinación de las grandes opciones en materia de la relación con el exterior.

3. Ha reducido la eventualidad que desde el entorno hubieran podido hacerse presiones sobre el Gobierno socialista. La posibilidad de una huida hacia adelante, apelando a una opinión pública fácilmente excitable en un sentido nacionalista antialiancista es algo con lo que han debido contar los dirigentes de un partido de izquierdas que no ha tenido experiencia del poder gubemamental y que se ve abrumado por el peso de la lucha contra las consecuencias, internas y externas, de la crisis internacional, en un contexto de resistencia a los efectos de las medidas modernizadoras que chocan contra intereses súbitamente establecidos.

Evaluación

Al reservarse tenazmente la posibilidad de celebrar el referéndum, el Gobierno socialista ha establecido un vínculo objetivo, en términos de opinión pública, entre la permanencia en la Alianza Atlántica y la defensa de otros intereses sentidos como prioritarios. Difícilmente, en efecto, a la opinión pública apoyar la política gubernarnental si no percibe como factible la obstaculizada integración en otros esquemas de cooperación europea occidental. Por ejemplo, un desaire a la aspiración española de ingreso en la CEE tendría consecuencias devastadoras sobre las actitudes, ya de por sí negativas, con respecto a la Alianza Atlántica. En este sentido, el referéndum puede jugar el papel de mecanismo que, en condiciones muy cambiadas con respecto a 1977, permita pasar de la alternativa por la que optó el Gobierno Calvo Sotelo a la que no pudo seguir el Gobierno Suárez. El Gobierno español no puede, sin embargo, reconocer ligazón de principio alguna -y es difícil que la reconozca- entre ambos polos de la integración europea por, entre otras, las siguientes razones:

a) España es un país democrático que cumple todas y cada una de las condiciones del Tratado de Roma y de la praxis comunitaria en materia de ampliación.

b) Establecer una relación entre OTAN y CEE implicaría una desvirtuación de dos procesos jurídicamente muy diferentes que podría tener efectos muy perjudiciales para el futuro.

c) Se anularía buena parte de los deseos españoles de salir del gueto emocional e ideológico en que se ha gestionado la relación con el exterior, fuertemente condicionada por la tradición franquista.