El Fondo de Garantía Salarial tendrá un 'agujero' de 56.000 millones de pesetas al finalizar 1984

El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) tendrá un agujero de 56.000 millones de pesetas al finalizar 1984, cifra que supera la totalidad de los ingresos estimados. En 1983 el déficit de este organismo fue de 32.503 millones de pesetas. Para equilibrar el desajuste entre los ingresos calculados y las prestaciones, el Gobierno estudia la posibilidad de limitar el máximo de los pagos a, los trabajadores o aumentar la cuota empresarial, única vía por la que se nutre Fogasa. La primera de las medidas ya ha entrado en vigor con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la reforma del Estatuto de los Trabajadores.

El tipo de cotización empresarial al Fogasa subió del 0,5% al 0,8% en 1983. Sin embargo, en ese año los gastos superaron a los ingresos en 13.543 millones de pesetas, lo que, sumado al déficit que se venía arrastrando de años anteriores , elevó el saldo negativo a 32.503 millones de pesetas al finalizar el ejercicio. Según cálculos de los responsables de este organismo, al finalizar 1984 el agujero previsto se elevará a 56.000 millones de pesetas, superior, incluso, a la totalidad de los ingresos, estimados en algo más de 47.000 millones.Desde 1982 el Fondo de Garantía Salarial ha venido experimentando un fuerte déficit. En ese año, el ejercicio se cerró con un saldo negativo de 18.960 millones de pesetas. Aunque el tipo de cotización se incrementó en enero de 1983 en 0,3 puntos, el desequilibrio ha seguido aumentando hasta los niveles actuales.

Durante el proceso de negociaciones llevado a cabo a finales de 1983 entre Gobierno, patronal y sindicatos, el Ministerio de Trabajo decidió modificar el Estatuto de los Trabajadores con el fin de cortar el déficit del Fogasa. Los pagos del Fondo atendían hasta ahora dos tipos de prestaciones: las correspondientes a salarios pendientes de empresas declaradas insolventes y el 40% de la indemnización por despido improcedente en las empresas de menos de 25 trabajadores.

El propio ministro de Trabajo, Joaquín Almunia, explicó el pasado 7 de junio en el Congreso de los Diputados que el Fondo de Garantía Salarial tenía un agujero de 50.000 millones de pesetas, y que o se ponían en orden las prestaciones o habría que subir el tipo de cotización.

Ya en octubre de 1982, el anterior Gobierno de UCD recomendó al nuevo Ejecutivo socialista elevar al 1% el tipo de cotización -entonces en un 0,5%- si se quería enjugar el déficit del Fogasa. Sin embargo, solo se subió hasta el 0,8%. El equipo de UCD, que no se atrevió a subir la cotización, advertía a sus sucesores que cuanto más se demorase la subida más habría que incrementar la aportación de los empresarios.

Nuevos límites

El nuevo Gobierno socialista ha optado en esta ocasión por rebajar las prestaciones como primera medida para ajustar los desequilibrios del Fogasa. La reforma del Fondo, publicada recientemente en el Boletín Oficial del Estado, recorta considerablemente los derechos de los trabajadores afectados, limitando la cuantía de las prestaciones tanto en lo que se refiere a salarios pendientes que las empresas no pueden abonar como en las indemnizaciones por despido.

Aunque la nueva normativa establece que el Fondo pagará los salarios pendientes de los trabajadores de empresas declaradas insolventes, en suspensión de pagos o quiebra, también se recoge en el texto que las cantidades a abonar nunca superarán la cifra resultante de multiplicar el doble del salario mínimo por los días pendientes de cobro, hasta un máximo de 120 día . Anteriormente el Fondo garantizaba el pago de hasta cuatro meses de salario, pero sin otra limitación.

En el caso de indemnizaciones, circunscritas ahora a pagar los despidos cuando éstos se produzcan por incumplimiento del contrato de trabajo por parte del empresario y en los casos en los que sean debidos a causas tecnológicas o de fuerza mayor, también se limita la cuantía a abonar.

En el primero de los casos, el Fondo abonará una indemnización que nunca superará un año de salario. En el segundo supuesto, abonará el 40% de la indemnización siempre que la empresa tenga una plantilla inferior a los 25 trabajadores.

No obstante, fuentes del Ministerio de Trabajo señalaron que las medidas aprobadas pueden resultar insuficientes para ajustar el desequilibrio existente entre los ingresos y los gastos. Y admitieron la posibilidad de actuar sobre la única vía posible, los tipos de cotización. Los propios empresarios expresaron días pasados su preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno decidiera aumentar nuevamente los tipos, con lo que el conjunto de las cotizaciones sociales sufriría un nuevo incremento.