Una comisión argentina investiga en España casos de desapariciones y torturas en su país

"Es terrible para una sociedad que en su seno existan desaparecidos". declaró ayer a EL PAÍS el diputado radical argentino Hugo Piucill, miembro de la Comisión Nacional de Desaparecidos, que visita España para recoger denuncias de desapariciones y testimonios de liberados sobre su experiencia carcelaria. Esta comisión está encargada de la investigación de los casi 9.000 casos de desapariciones ocurridas en Argentina desde 1975, con el Gobierno de Isabel Martínez de Perón, y continuadas durante las tres juntas militares que ocuparon la Casa Rosada desde 1976 hasta 1983, según los datos facilitados por miembros de la comisión.

Este comité, conocido en Argentina por el nombre de uno de sus miembros, el escritor Ernesto Sábato, fue creado tres días después de que el presidente Raúl Alfonsín llegara al poder tras las elecciones del pasado 30 de octubre, y está formado por 13 miembros, tres de los cuales son miembros del Partido Radical y los demás, independientes. Su labor depende directamente del presidente de la República.El Movimiento Justicialista, el segundo partido del país, estuvo desde un principio en desacuerdo con la creación de este comité por considerar que su trabajo debería estar sometido al control de las dos cámaras del Parlamento. Esta opinión es sostenida también por el influyente grupo de las Madres de la Plaza de Mayo y por diversas organizaciones pro derechos humanos. La comisión no tiene carácter decisorio, sino que se limita a presentar a la justicia civil y militar los casos que le sean denunciados. "Debemos dar respuesta a todas las personas; con un solo desaparecido, nuestra misión ya tendría razón de ser".

"Dentro de este comité", declara el diputado argentino Piucill, "no hay ningún militar, porque en Argentina ningún militar es democrático".

Para Hugo Piucill, "los militares argentinos han tenido la oportunidad de juzgar a sus pares y de limpiar el Ejército con la aprobación del nuevo Código de Justicia Militar; en cambio, ahora se muestran reticentes a juzgar a sus miembros encartados en causas sobre desaparecidos".

"Nos interesan los testimonios de los liberados porque ellos han podido ver a personas que están denunciadas como desaparecidas y de las que sus familiares no tienen noticias", señala Graciela Fernández Meijide, una de las muchas madres que busca a su hijo desaparecido, Pablo, de 17 años. Ella desea conocer su paradero y encarar la dureza de los hechos, por muy adversos que sean. "La muerte tiene que ver con la vida; la desaparición, no", señala Graciela Fernández.

La comisión elabora cuestionarios entre los que destacan los destinados a los liberados (desaparecidos que fueron puestos en libertad durante los últimos meses del Gobierno militar), con preguntas tales como los olores que detectaban en sus lugares de internamiento o los colores de los locales en los que fueron torturados.

Con estas preguntas se intenta localizar las cárceles que durante los años de máxima actividad de la represión se extendían por todo el país. "Sólo en Buenos Aires", declara la Gabriela Fernández, "había varios centros: el de Campo de Mayo, el de la Escuela de Mecánica de la Armada y otros siete más, donde se torturó con denuedo".