Un acuerdo para crear empleo

ERA SEGURAMENTE inevitable que las primeras conversaciones entre los representantes del Gobierno, de las centrales sindicales y de la CEOE, encaminadas a sentar las bases de una negociación que pueda despejar de incertidumbres el futuro inmediato de nuestra economía, situaran en un primer plano las diferencias que separan a los interlocutores. Las dificultades existentes para conciliar la política económica del Gobierno, comprometida con el largo plazo y los ajustes macroeconómicos, y los puntos de vista de la patronal, de UGT y de CC OO, anclados en constelaciones de intereses a corto plazo, no deberían, sin embargo, dar lugar a conclusiones derrotistas. Desde la perspectiva de las necesidades generales, hay motivos suficientes para desear que ese concierto se produzca y para confiar en que los agentes sociales y el poder ejecutivo estarán a la altura de sus responsabilidades.No les falta razón a quienes consideran preferible la ausencia de acuerdo a un mal pacto que deshiciera, en provecho de la demagogia, los resultados conseguidos tras un duro período de ajusie, que ha logrado rectificar parcialmente los desequilibrios de nuestra economía. Ahora bien, el fracaso de las negociaciones emprendidas hace unos meses para alcanzar un acuerdo de ese tipo no benefició, en última instancia, a nadie. El incremento de la masa salarial producido tras la libre negociación de los convenios se ha movido en la misma,dirección que marcaba el concierto propuesto por el Gobierno y no aceptado por las centrales y la CEOE. De esta forma, la experiencia ha desmentido tanto las expectativas sindicales, que apostaban por mayores alzas salariales como resultado de las movilizaciones y las huelgas, como las hipótesis empresariales, según las cuales el libre juego de las fuerzas en conflicto arrojaría como resultado final menores incrementos de las rentas del trabajo. En cambio, la mayor conflictividad laboral durante el período ha perjudicado a la economía española en su conjunto y ha lesionado los intereses de los trabajadores que apoyaron con huelgas fracasadas sus reivindicaciones.

En ese sentido, el eventual acuerdo que pudieran suscribir el Gobierno (en cuyas manos está la política económica, la legislación laboral y la gestión del sector público), la organización empresarial y las centrales sindicales mayoritarias habría de contar con la relativa rigidez de las alzas salariales, una vez que la lucha contra la inflación ha probado su eficacia a lo largo del último año y medio. El éxito o el fracaso del acuerdo en vías de negociación apenas influirá en la participación final de los trabajadores Por cuenta ajena en la distribución del ingreso. El papel desempeñado por una política de rentas pactada para un período de dos años no es tanto el artificioso control de los incrementos salariales (la experiencia de los convenios de este año muestra que la ausencia de una pauta reguladora no ha modificado los resultados finales) como el desvanecimiento de las incertidumbres, el refuerzo de las expectativas racionales y la apertura de caminos para otros acuerdos, orientados combatir el paro y relanzar la inversión.

El problema más importante con el que se enfrenta la sociedad española es la creación de empleo. La política económica ha conseguido, en este último año y medio, logros apreciables en la reducción de la inflación y en la mejora del sector exterior. La contención del gasto público y la reducción del déficit son todavía -como señalaron los informes del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE- asignaturas pendientes, cuyo examen final se celebrará al término de la legislatura. Pero la destrucción de puestos de trabajo y la falta de empleo para los jóvenes que ingresan por vez primera en el mercado laboral constituyen motivos de inquietud para todos los que sean conscientes del problema humano y de la fuente de conflictos sociales que representan nuestras elevadas tasas de paro. Esta situación hace necesaria una política de ayuda activa a la rectificación- de ese proceso, en lugar de una actitud de pasiva espera ante el espontáneo proceso de reabsorción del paro.

El esfuerzo para alcanzar en 1984 un acuerdo semejante a las versiones del Acuerdo Marco Interconfederal (AMI) y al Acuerdo Nacional sobre el Empleo (ANE) debe buscar su inspiración en el desafio que para todos constituye la elevada cifra de desempleo. Sin contención salarial, que busque como punto de referencia la inflación de 1984 y 1985, la lucha contra la destrucción de los puestos de trabajo está condenada a la derrota. Sería suicida sacrificar los logros conseguidos en la reducción de la inflación a los efimeros éxitos de una política de reactivación aftifibial de la demanda interna: el mercado mudial se encargaría muy pronto de destruir esos puestos de trabajo de invernadero. En el cálculo de las rentas salariales, por lo demás, será preciso sumar los ingresos individuales y las partidas asignadas a salarios sociales. La flexibilización del marco de relaciones laborales, a fin de alentar la contratación de los jóvenes, es otro de los caminos a seguir. La reforma del Estatuto de los Trabajadores, pendiente de sus últimos trámites parlamentarios, abre la posibilidad de los contratos de trabajo en prácticas y para la formación y regula con mayor detalle los contratos temporales y a tiempo parcial. El desarrollo reglamentario de ese articulado puede ser una de las materias de los acuerdos en curso, además de los planes de fomento directo del empleo. La huida de las posiciones maximalistas y de los análisis clásicos, que la nueva tecnología y los sistemas financieros han echado por tierra, es un esfuerzo obligado por parte de los sindicatos. La tarea, sin embargo, no les resultará fácil a los dirigentes de las centrales, y una condición básica para que esos objetivos puedan ser cumplidos será que los empresarios no tensen la situación, objetivamente mala para todos, con miras a su exclusivo provecho y queel Gobierno haga compatible el mantenimiento de las grandes líneas de su política económica con los reajustes presupuestarios y la flexibilización de medidas que permitan a los agentes sociales recibir las adecuadas contrapartidas a sus sacrificios.