El Gobierno excluirá de la concertacion social negociacion de nuevas medidas de ayuda a los parados

El Gobierno excluirá de las negociaciones con empresarios y sindicatos nuevas medidas sobre cobertura de desempleo, por entender que se trata de un tema cerrado en las reuniones mantenidas el pasado año. La intención del Ejecutivo, que choca frontalmente con lo que vienen defendiendo los sindicatos como contenido de la concertación social, puede hacer fracasar las próximas negociaciones, al vetar una de las más importantes contrapartidas que los sindicatos exigen para asumir el sacrificio salarial. A su vez, la CEOE exige una partida de 400.000 millones de pesetas para incentivar la inversión privada.

El Gobierno considera cerradas las negociaciones sobre cobertura de desempleo y, en consecuencia, no desea que éste sea uno de los temas a tratar en las reuniones para la concertación social que se iniciarán en los próximos días. El proyecto de ley de protección al desempleo, que sustituirá al título II de la ley básica de Empleo y amplía las prestaciones a los parados, fue negociado en el pasado mes de noviembre entre el Ministerio de Trabajo y los interlocutores sociales en el primer intento por lograr la concertación social.Las previsones efectuadas en aquel momento - aportación de 50.000 millones de pesetas más a desempleo para 1984-, a pesar del retraso en la aprobación de la ley, han sido desbordadas por el fuerte incremento del paro experimentado en los últimos meses. Revisar los criterios con los que se establecieron las nuevas prestaciones supondría tener que destinar nuevos fondos, lo que significaría entrar en colisión con las tesis defendidas por la patronal, contrarias a aumentar el gasto público, y con las que en este mismo sentido mantienen los responsables del Gobierno.

Así el Gobierno tiene la intención de llevar a la mesa nuevas propuestas sobre moderación salarial. En este sentido, hay que recordar que el Programa Económico del Gobierno a medio plazo (1984-1986) establecía aumentos salariales que, para 1985 serían de medio punto por debajo del 7% de inflación prevista. Este sería el primer obstáculo para lograr la concertación. Los sindicatos, CC OO y UGT, que han anunciado su disposición a negociar sacrificios salariales, exigen a cambio que éstos se vean compensados con mayores aportaciones sociales. En el paquete a negociar con el Gobierno quedan pocas contrapartidas de este tipo.

Por el contrario, algunos de los temas que el Ejecutivo tiene en cartera aparecen, en un primer momento, como un endurecimiento de sus posturas. La flexibilidad del mercado de trabajo, también negociada el pasado año con sindicatos y patronal, será objeto de nuevo tratamiento, tanto por lo que se refiere al desarrolo de las medidas, actualmente en proceso parlamentario, como en otras nuevas destinadas a empleo juvenil.

Es en este área donde el Gobierno se muestra más interesado y tiene la intención de facilitar al máximo la contratación de jóvenes en prácticas y formación. Son temas que, por otra parte, la patronal CEOE apoya sin discusión, siempre que suponga una flexibilidad en la línea que los empresarios han venido demandando.

Como contrapartidas quedarían el patrimonio sindical y la consolidación de las organizaciones obreras. Contrapartidas que, sin embargo, pueden convertirse en un arma de doble filo para los propios interlocutores. Los sindicatos prefieren que no se vinculen los beneficios estrictamente sindicales a los sacrificios salariales. Y tanto CC OO como UGT sólo admiten como contrapartidas en este sentido medidas de tipo social que repercutan en el conjunto de los trabajadores.

Concertación con dificultades

Las posturas de las que parten los sindicatos y la propia patronal ofrecen un panorama pesimista. La CEOE, que ha mostrado públicamente a su escepticismo sobre las posibilidades del acuerdo, pone su mayor énfasis en el punto ya citado de la flexibilidad del mercado de trabajo -que consideran insuficiente- y en una política económica que signifique la reducción del gasto público en beneficio de una mayor aportación financiera al sector privado. Para los dirigentes de la patronal, "se puede optar por una política de prestaciones sociales, rentables en paz social pero que no crean empleo, o por una política económica que favorezca la inversión privada, aunque ello suponga la congelación de las prestaciones".Al mismo tiempo quieren que se discutan fórmulas que contengan la fuerte presión fiscal sobre los empresarios y abordar una política salarial que frene su crecimiento. Para la CEOE, algunas de las medidas aprobadas como consecuencia de pasadas negociaciones -se cita el caso del aumento de la cobertura de desempleo- no han sido calculadas en sus costes totales.

Por su parte, los dos grandes sindicatos mantienen posturas en principio cercanas. La UGT desea llevar a la mesa la discusión de una política de rentas -no únicamente salarial- en línea con el concepto de poder adquisitivo global, en la que se con templen pensiones, desempleo y se tenga en cuenta la presión fiscal de manera que los posibles sacrificios no se vieran recorta dos por nuevas medidas en este campo. En esta línea, UGT de fenderá retoques en la escala de gravamen fiscal y de ayudas fiscales a las familias que mejoren las rentas bajas. Y plantearía que determinados productos básicos de consumo no subieran por en cima del IPC.

Creación de empleo

Por su parte, CC OO intentará que la concertación social se aborde fundamentalmente bajo la óptica de la generación de empleo. Para ello estima que debe hacerse un esfuerzo en las inversiones públicas. Y, coincidiendo con UGT, defiende que se actúe sobre los tipos de retención en beneficio de las rentas bajas. La ampliación de la cobertura de desempleo y la mejora de las pensiones serán otros de los puntos que CC OO llevará a las mesas de negociación.

Pero, además, CC OO desea revisar gran parte del paquete negociado el pasado año. Sobre todo en lo que se refiere a contratación temporal, ley de Libertad Sindical, etcétera. En lo que se refiere a empresa pública, CC OO es partidaria de establecer una mesa diferenciada, en la que se aborden las retribuciones de los funcionarios, la presencia de los sindicatos en las empresas y el empleo.