Un juez de Madrid inicia una investigación para esclarecer el supuesto soborno de dos funcionarios judiciales

El Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid ha incoado diligencias previas para esclarecer un supuesto soborno de dos funcionarios judiciales, que han sido detenidos, según informaron a EL PAÍS fuentes jurídicas. El caso se inició a raíz de la denuncia formulada por la madre de un detenido por robo, a la que fueron exigidas 200.000 pesetas para conseguir la libertad de su hijo. Para la fianza únicamente eran necesarias 100.000 pesetas, y las restantes estaban destinadas, al parecer, para astillas, nombre que reciben en la jerga judicial los sobornos a funcionarios para agilizar o paralizar los trámites en los que intervienen.

A raíz de la denuncia, la comisaría de San Blas, de Madrid, detuvo a seis personas, de las que cuatro están presuntamente implicadas en la operación. La detención se produjo el pasado 10 de junio, aunque hasta ayer no se tuvo conocimiento del alcance de la misma.Los funcionarios presuntamente implicados son Francisco Javier de Juan, destinado actualmente en el Juzgado de Primera Instancia número 11 y anteriormente en el Juzgado de Instrucción número 7, y Antonio Collazo, de este último juzgado. La policía detuvo a De Juan en el propio juzgado donde presta sus servicios.

Los dos funcionarios han negado su participación en los hechos que se les imputan.

Los otros detenidos son José María Muñoz y Vicente Serrano. El primero ha reconocido ante el juez que recibió las 200.000 pesetas de la madre del detenido y el segundo fue quien hizo el contacto con los funcionarios.

Aunque los funcionarios no pertenecían al juzgado que llevaba el caso del robo, el número 10 de los de instrucción, éstos tenían presuntamente la intención de recomendar el caso al funcionario encargado del mismo.

Delito de cohecho

El caso, de ser considerados probados todos estos extremos, podría constituir delitos de cohecho y de estafa.El detenido acusado de robo consiguió la libertad bajo fianza de 100.000 pesetas, aunque al descubrirse el procedimiento por el que obtuvo la libertad fue detenido nuevamente con el resto de las personas implicadas. En la actualidad se encuentra en libertad provisional.

A pesar de las gestiones realizadas ante el juzgado decano de Madrid y la jueza de instrucción María Luisa Aparicio, que lleva el caso, no ha podido determinarse si los funcionarios en cuestión han sido suspendidos provisionalmente de sus funciones ni si se ha abierto información o expediente disciplinario contra ellos.

Aunque la práctica de los sobornos o astillas para acelerar o congelar trámites judiciales es relativamente frecuente al decir de los propios funcionarios de la Administración de Justicia, las denuncias sobre esos casos son escasas y las pruebas que demuestren la veracidad de las mismas son prácticamente inexistentes.