La introducción de nuevas armas en América Central quedará forimalmente prohibida tras la firma del 'acta de Contadora'

La prohibición de introducir nuevos sistemas de armas que modifiquen cualitativa o cuantitativamente los arsenales ya existentes es el primer compromiso que en materia de seguridad incluye el acta de Contadora para la paz en Centroamérica. En un plazo de 30 días, a contar desde la firma del tratado, los cinco Gobiernos de la región deberán enviar a la comisión de control un inventario de armamentos, instalaciones y efectivos militares, a fin de establecer de mutuo acuerdo unos límites al desarrollo castrense.

Este documento está sometido aún a revisión, de acuerdo con las sugerencias que antes del 15 de julio presente cada nación involucrada. El texto actual, al que ha tenido acceso EL PAIS, consta de un preámbulo, cuatro apartados (compromisos, recomendaciones, comisión de control y disposiciones finales), un anexo y un protocolo adicional. A partir de formulaciones generales como las de respetar los principios del derecho internacional y resolver las controversias pacíficamente, se desciende a obligaciones mucho más específicas: eliminación de bases o escuelas militares foráneas en el plazo de un año y retiro gradual de los asesores extranjeros, con miras a su eliminación.Los Gobiernos centroamericanos se comprometen a eliminar todo tráfico de armas destinado a "personas, organizaciones, fuerzas irregulares o bandas armadas que intenten desestabilizar" a las naciones vecinas, absteniéndose de prestarles cualquier apoyo político, militar o financiero.

Con este fin establecerán una estrecha vigilancia en sus fronteras para impedir el tráfico de armas y alejar a todo grupo irregular identificado como responsable de acciones en contra de otro Estado. Sus instalaciones serán desmanteladas y se les negará todo apoyo logístico.

Otras cuestiones de seguridad se han abordado en forma de recomendaciones, como por ejemplo la cooperación entre las policías para prevenir actividades delictivas de terroristas extranjeros. Se aconseja la creación de comisiones mixtas de, seguridad Honduras-Nicaragua y El Salvador-Nicaragua.

Para aumentar el clima de mutua confianza se comprometen a no permitir que se realicen maniobras -militares internacionales en una franja de 30 kilómetros en torno a las fronteras y a notificarlo a los Gobiernos vecinos cuando se realicen ejercicios en esa zona a cargo de los ejércitos nacionales.

Reconciliación nacional

Los compromisos de naturaleza política abordan en primer lugar el tema de la reconciliación nacional. Cada país adoptará medidas para "establecer y, en su caso, perfeccionar sistemas democráticos representativos y pluralistas que garanticen la efectiva participación popular y el libre acceso de las diversas corrientes de opinión".Aquellas naciones que han registrado divisiones más profundas promoverán urgentemente "acciones de reconciliación nacional que permitan la participación popular, con garantía plena, en auténticos procesos de carácter democrático, y para tal efecto se obligan a establecer mecanismos que hagan posible, de acuerdo con la ley, el diálogo con los grupos opositores".

"Una verdadera amnistía"

Como medida complementaria tendrán que "emitir, refrendar, ampliar y perfeccionar las normas legales que ofrezcan una verdadera amnistía, así como garantizar la vida, la libertad y la seguridad personal de quienes se beneficien de la misma".En materia de derechos humanos se obligan a cumplir las normas establecidas en los instrumentos jurídicos internacionales, a modernizar sus propias leyes y a garantizar la estabilidad del poder judicial, dotándolo de medios económicos que aseguren su independencia.

Los acuerdos de orden económico son por fuerza más generales y no pasan de las buenas intenciones: revisar el proceso de integración centroamericana, revitalizar los intercambios comerciales, evitar las prácticas restrictivas del comercio, eliminar las dificultades cambiarias y emprender nuevos proyectos de cooperación regional.

El cumplimiento de estos compromisos, que tienen carácter jurídico y obligan a las partes desde el momento mismo de la firma, será seguido por una comisión de verificación y control formada por representantes de cuatro Estados "de reconocida imparcialidad y con interés genuino en contribuir a la solución de la crisis centroamericana".

El grupo de Contadora propondrá a estos comisionados, que deberán ser aceptados por los Gobiernos de Centroamérica. El cargo de secretario ejecutivo será desempeñado por un representante latinoamericano. También formarán parte de la comisión, en calidad de observadores, dos delegados personales de los secretarios generales de la ONU y de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Esta comisión estudiará las denuncias de violaciones de los tratados. Si no pudiera resolverlas convocará a los cancilleres del grupo de Contadora junto con sus cinco colegas centroamericanos.

El documento termina con un anexo sobre terminología militar, a fin de elaborar los inventarios de armas sobre bases homogéneas y un protocolo adicional que invita a terceros países, especialmente a los que tienen vínculos e intereses en la región, a abstenerse de cualquier acción que pudiera lesionar el espíritu de los tratados.