La Administración podrá decidir en que se invierten 57 pesetas de cada 100 que captan las entidades de ahorro
El Boletín Oficial del Estado publicará, en los primeros días de esta semana, el decreto-ley por el que se establece de forma legal el coeficiente de regulación monetaria, que podrá afectar hasta el 12% de los pasivos computables de bancos y cajas de ahorro. El desarrollo de este decreto esteblecerá que, al menos de momento, el coeficiente será del 11% del pasivo. Una vez que esta disposición legal aparezca en el BOE, 57 pesetas de cada 100 que tienen en depósitos las instituciones financieras podrán ser controladas, directa o indirectamente, por la Administración.
Las cajas de ahorro tendrán más mermadas sus posibilidades de invertir libremente, ya que 70,75 pesetas de cada 100 estarán sujetas a las decisiones administrativas. A corto plazo, estas cantidades no serán tan elevadas, ya que no se van a aplicar al máximo los coeficientes, aunque se mantiene en alto la amenaza de que se cubran hasta el final por motivos de política monetaria.El sistema de coeficientes, por el cual las instituciones financieras -bancos y cajas de ahorro tienen que destinar un porcentaje determinado de su pasivo a inversiones prefijadas por la Administración, establece en la actualidad tres niveles distintos: el coeficiente de caja, el de inversión y el nuevo de regulación monetaria. La actual Administración, dado el elevado déficit del sector público y las repercusiones inflacionistas de su financiación, decidió que en el actual ejercicio se procedería a regularizar la situación, aunque ello comportara un incremento notable del nivel de coeficientes -porcentaje de recursos cautivos- de las instituciones financieras.
Coeficiente de caja
Para ello procedió a presentar ante el Congreso de los Diputados un proyecto de ley del coeficiente de caja, que fue aprobado posteriormente, por el que se establecía que el Ministerio de Economía podría exigir a bancos y cajas de ahorro que depositaran en el Banco de España hasta el 20% de su pasivo. El coeficiente de caja, que siempre se ha establecido como el porcentaje necesario de liquidez que tendrían que tener las instituciones financieras para hacer frente a posibles retiradas de depósitos, pasó, con la nueva ley, a satisfacer tanto estas necesidades como a financiar una parte del elevado déficit del sector público.Los bancos y cajas de ahorro quedaron obligados a depositar en el Banco de España el 18% de sus depósitos. La autoridad monetaria se reservó la posibilidad de ampliar en dos puntos más dicho coeficiente. Para que esta sustancial elevación del coeficiente de caja, que pasaba del 11,75% hasta el 18%, no repercutiera sobre la cuenta de resultados de bancos y cajas, el Gobierno decidió aumentar la remuneración que las instituciones financieras recibían por el conjunto de depósitos inmovilizados en el Banco de España. Hasta entonces, el 7,75% de los depósitos no recibía remuneración alguna y el 4% restante se pagaba al 10%. A partir de la nueva ley, el 5% no tiene remuneración, y el 13% restante recibe el 13,5% de remuneración.
A lo largo del mes de enero pasado el ministro de Economía y Hacienda llegó a un acuerdo con la banca y las cajas de ahorro para que éstas adquirieran pagarés del Tesoro por un importe equivalente a la cifra de certificados de regulación monetaria que tenían en su activo. La razón para este cambio se debía al deseo de la Administración de expresar, de forma más transparente, la financiación del déficit del sector público -que recaía en buena parte sobre el Banco de España, a través de la remuneración de los certificados de regulación monetaria-, poniendo en circulación solamente pagarés del Tesoro, cuyo pago (de principal e intereses) corresponde exclusivamente al Tesoro público.
Los pagarés del Tesoro
Con el convenio, los bancos y cajas se comprometían a sustituir todos sus certificados de regulación por pagarés del Tesoro, aceptando que, al modificarse la normativa legal sobre el coeficiente de inversión, éste incluiría entre sus componentes uno nuevo -de regulación monetaria-, en el que se computarían todos esos pagarés que tuvieran las entidades de crédito. En principio, se estableció que dicho nuevo coeficiente representaría el 10% del total de depósitos de bancos y cajas.La paralización administrativa de la reforma del coeficiente de inversión y los problemas derivados del crecimiento del déficit público y de la acumulación de reservas de divisas que está teniendo la economía española, han movido al Ministerio de Economía y Hacienda a proponer al Consejo de Ministros la separación en dos partes del nuevo coeficiente de inversión. Por un lado, el coeficiente de regulación monetaria se aprobó por decreto-ley, y el resto, el coeficiente de inversión propiamente dicho, seguirá los pasos normales de su discusión en el Parlamento.
El deterioro del déficit y el incremento de divisas ha decidido a Economía a proponer que el coeficiente de regulación monetaria pueda llegar hasta el 12% en lugar del 10% pactado con la banca y cajas de ahorro. En principio, se va a establecer en el 11%, con lo que la Administración drenará liquidez por 160.000 millones de pesetas adicionales a los que en principio pensaba, y se reserva la posibilidad de actuar sobre otros tres puntos a través del coeficiente de caja o del nuevo de regulación monetaria.
Coeficiente de inversión
El proyecto de ley del coeficiente de inversión establece que las entidades de crédito podrán estar obligadas a destinar hasta el 25% de su pasivo a financiar determinadas actividades consideradas prioritarias por el Gobierno. Hasta ahora, el porcentaje era el mismo para la banca y del 38,75% para las cajas de ahorro, aunque no se exigía en su totalidad hasta el pasado mes de enero.El proyecto de ley establece solamente el marco de referencia, y un grupo de trabajo interministerial será el encargado en los próximos meses de establecer los distintos subcoeficientes que permitan adecuar la situación actual, en la que hay muchos sectores productivos que gozan de financiación privilegiada, a la hipotética futura en la que se quiere que el coeficiente de inversión no signifique la obtención de recursos a precios por debajo de mercado, sino tan sólo la certeza de que habrá fondos, a plazos largos, para financiar actividades -a tipos próximos a los de mercado-, que se puedan considerar prioritarias.
La discusión en los medios de la Administración se centra en establecer claramente cuáles y por qué son estas actividades prioritarias y, al tiempo, tratar de establecer una conducta unitaria para los procesos de reconversión de los sectores productivos. En este sentido, se señala que si no hay ninguna duda sobre la necesidad de proporcionar los recursos financieros suficientes para la reconversión industrial, tampoco debe existir para potenciar las recuperación del sector de la construcción -y por ello se ha instrumentado el plan cuatrienal de vivienda- y, en el mismo sentido, no debería faltar financiación para la reconversión de la agricultura española ante la futura integración en la Comunidad Económica Europea.
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