Nuevas muestras de solidaridad con los jueces expedientados en San Sebastián

La asamblea de Jueces para la Democracia acordó ayer, por unanimidad, denunciar la inconstitucionalidad del decreto por el que se rigen las juntas de jueces y pedir el sobreseimiento de los cuatro expedientes iniciados por el Consejo General del Poder Judicial contra cuatro jueces con destino en gan Sebastián, en aplicación de ese decreto. Esta muestra de solidaridad se une a la manifestada por los jueces y magistrados de San Sebastián, por 60 funcionarios judiciales y por los tres colegios de abogados del País Vasco, entre otras.Los expedientes abiertos a Joaquín Navarro Estevan, José Luis Barragán, José María Gómez Díaz Castroverde y Luis Blánquez guardan relación con el acuerdo adoptado el 9 de noviembre de 1983 por la junta de jueces de San Sebastián para dirigirse al gobernador civil de Guipuzcoa respecto a determinadas omisiones de un sector de los cuerpos de seguridad del Estado y, en concreto, por la no denuncia de torturas.

El acuerdo adoptado por la coriente progresista de la judicatura impugna las normas que rigen el funcionamiento de las juntas de jueces, ya que "no responden", dice, "a los principios y valores instaurados en la Constitución española", por lo que reclama del Consejo General del Poder Judicial que asuma su competencia reglamentaria mediante una regulación que responda a aquellos principios y valores. Jueces para la De mocracia insta al Consejo General al sobreseimiento de los expedientes en trámite, y muestra su solidaridad con los expedientados. Por su parte, todos los jueces y magistrados de San Sebastián, menos el presidente de la Audiencia, Pablo Pérez Rubio, han manifestado al presidente del Consejo General la solidaridad con sus cuatro compañeros, al igual que 60 funcionarios judiciales con destino en San Sebastián y la junta de gobierno de la Facultad de Derecho del País Vasco.

En el Congreso de los Diputados está pendiente de debate una proposición no de ley presentada por Juan María Bandrés, que pide la derogación de los múltiples preceptos inconstitucionales que, en opinión del diputado de Euskadiko Ezkerra, contiene el decreto regulador del funcionamiento de las juntas de jueces.