Los problemas del déficit

EL DÉFICIT del Estado en los cuatro primeros meses del año ha superado los 734.000 millones de pesetas, lo que supone que en el primer cuatrimestre se ha superado la mitad del previsto para todo el año y que, con referencia al mismo período de 1983, ha aumentado más de un 70%. La situación parece alarmante. Afortunadamente han pasado ya los tiempos en los que la dialéctica sobre la bondad o maldad del déficit público dividía escolásticamente en derechas e izquierdas, y la realidad ha demostrado que, a no ser que se posea un aparato productivo impecable, crecimientos espectaculares del déficit público suponen desequilibrios notables en el marco económico general y reducción de la actividad de la iniciativa privada.Como ejemplo, baste recordar que en Estados Unidos también se plantea con toda agudeza el panorama del déficit público, que acaba de costar la dimisión del principal asesor económico del presidente Reagan, Martin Feldstein. Desde la óptica cotidiana de la economía española resulta casi incomprensible el conservadurismo de un Feldstein que, en año electoral y con una economía lanzada, advierte de los peligros de volver a la senda inflacionista y de un déficit público inconmensurable, que poco a poco se aproxima a los 200.000 millones de dólares. El hasta ahora asesor económico de Reagan es la personificación de la ortodoxia financiera, frente a las necesidades políticas de la Casa Blanca de soltar amarras pocos meses antes de las elecciones presidenciales.

En España la significación de las cifras de déficit no está en su cuantía exacta, pues los expertos manejan hasta una decena de conceptos de déficit y el calendario de ingresos y gastos puede variar de un año a otro. Por ello ya se esperaba que el primer semestre del año fuera más alcista, debido a la concentración de pagos (los arrastrados desde finales de 1983 y los derivados del presupuesto extraordinario que promovió el Gobierno socialista para devolver anticipos recibidos y no regularizados por sus antecesores). Aun con todo, durante los dos primeros meses del año el déficit casi se triplicó respecto a enero-febrero de 1983 y, al cerrarse el período de cuatro meses, el aumento era superior al 70%, como decimos.

La superioridad de los gastos públicos sobre los ingresos ha ido contra los estímulos de la actividad productiva y el empleo. El primer efecto de la financiación requerida por el Estado ha sido que el crédito interno al sector público creció en el primer trimestre un 54%, mientras que el dispuesto por el sector privado ha disminuido el 1,5%. Y ello ocurre en parte porque los objetivos de inflación exigen controlar el aumento de la masa monetaria, manteniéndose la restricción al crédito privado interno, que perjudica menos a unas empresas (las exportadoras y las grandes, dotadas de capacidad para endeudarse fuera) que a otras (las pequeñas y medianas).

Todos estos problemas han coincidido con un muy moderado nivel de ejecución de los 5,5 billones de pesetas de gastos fijados en los Presupuestos del Estado (los datos a 23 de abril indican que sólo se habían cumplido un 26,5% de las operaciones corrientes y un 19,6% de las de capital), concentrado en las operaciones menos productivas (desempleo, subvenciones a la Seguridad Social, Defensa, etcétera), lo que indica que, aparte de haber gastado mucho, el Estado ha gastado mal desde el punto de vista de la eficacia.

Tras un año de fuerte contención de los gastos, el Gobierno corre el riesgo de que esta labor se hunda en las tendencias expansivas de un sector público ineficiente. Por ello organizó recientemente unas jornadas de reflexión en el palacio de la Moncloa que, según el presidente del Ejecutivo, fueron un alto en el camino del déficit. Se trató de reducir los gastos de los ministerios, de demorar otros gastos previstos y de no urgente ejecución y de suprimir ciertas exenciones y subvenciones fiscales (entre ellas, algunas a la exportación). A estas alturas todavía no están concretados estos recortes. Y, sin embargo, la labor de cirugía iniciada por la Administración socialista no tiene otra salida que proseguir, pese a su impopularidad y a la incomodidad de tener que escuchar las críticas de sectores de la derecha que, por un lado, critican el déficit, y por el otro, protestan por la reducción de privilegios fiscales que ponen sus sociedades en situación de beneficio.