El endeudamiento en las autonomías

Un problema de especial atención para todos los responsables públicos, según el autor de este trabajo, debe ser el incremento del endeudamiento público desde las comunidades autónomas. En estos momentos de. crisis económica, frenar una política de generación de deuda no resulta una labor fácil ni agradable, cuando en nuestro país hay un reto intensivo entre las comunidades autónomas y entre éstas con la propia Administración central, para programar a corto y medio plazo distintas iniciativas que compiten entre sí y con la Administración central.

Esta beligerencia, que en un principio podría ser un elemento constructivo intentando rentabilizar los medios financieros de que disponen las comunidades autónomas para mejorar los servicios que se transfieren, se ha convertido en una auténtica tormenta, con pedrisco incluido.Recientemente la opinión pública se ha visto sorprendida con distintas crisis en comunidades autónomas, y, aunque por distintos motivos, los planteamientos económicos y las divergencias en las políticas económicas regionales han estado presentes. En especial se puede señalar que se ha querido impulsar el voluntarismo económico alentando y apoyando proyectos de fuerte riesgo, olvidando a su voz los escasos medio financieros de que disponen, que hubieran hipotecado, en el caso de nuestra comunidad autónoma, todas las posibilidades de inversión por muchos años.

¿Qué hubiera pasado de seguir apoyando y comprometiendo en presupuestos futuros los proyectos que se han conocido?

Este interrogante que se plantea tiene dos lecturas:

1. La que se ha utilizado por los grupos más conservadores de nuestra sociedad, que rápidamente han señalado lo peligroso que fue introducir el esquema autonómico en la Constitución de 1978.

2. La que se desprende del propio texto constitucional (artículo 156) y de los estatutos de autonomía, donde se establece que las competencias (financieras) se ejercerán con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles, lo que supone poner un mayor énfasis en la necesidad de este comportamiento más comprometido con la crisis económica.

Cuando un objetivo general de la política económica del Estado se centra en las medidas a tomar para la reducción del déficit público, no se puede intentar desde las comunidades autónomas gobernar de espaldas a una realidad, sino que hay que mantener solidariamente una armonía de las distintas políticas económicas regionales que se puedan consolidar en un proyecto conjunto que desarrolle el país. Pero nunca se podrá permitir que un proceso distorsione la dirección social de nuestro futuro económico.

Agravamiento de los desequilibrios

Las políticas económicas que han cerrado los ojos a la crisis han desembocado en un agravamiento de los desequilibrios y además no han aportado soluciones, agrandando los problemas sociales.

Hace ya muchos años que Goldscheid afirmó que ningún documento expresa mejor la estructura de la sociedad que el presupuesto. La desigualdad, el poder económico de los distintos grupos sociales, está detrás de cada decisión presupuestaria. Por consiguiente, no podemos dejarnos arrastrar por una política de inversiones alocada, porque el resultado sería todo lo contrario y el déficit público nos perseguiría como un insolidario comportamiento social.

Evidentemente, la Constitución preve el control financiero ex-post por el Tribunal de Cuentas, pero hay que pensar que en estos momentos de crisis económica es difícil establecer cóntroles ejecutivos ex-ante como un complemento de una política financiera planificada, para evitar que las comunidades autónomas caigan en una carrera de proyectos económicos, apoyando todo tipo de inversiones, planes para fomentar el empleo, ayudas a las empresas, etcétera; acciones que pueden constituir un grave peligro de endeudamiento diabólico, pues inevitablemente nos encontramos con problemas muy graves y con intención de resolverlos, pero contando con medios tan escasos que la única salida es la emisión de deuda.

Esta situación puede llevar, en un plazo relativamente corto, a tener que asumir un programa de saneamiento de las comunidades autónomas por la Administración central, porque los problemas económicos sociales, las faltas de equipamiento e infraestructura son de tal magnitud que a los políticos regionales se les empuja directamente a cubrirlos en el menor tiempo posible.

Criterios de prudencia

Aunque las comunidades autónomas pueden ejercer legalmente la facultad de endeudamiento -la legislación vigente lo define y lo regula-, sin embargo, sería convemente que para todo programa de inversión que tuviera que financiarse acudiendo a deuda pública se exigiera una negociación con el Ministerio de Economía.

Habrá quien piense que se pierde independencia, que la autonomía financiera está por encima de cualquier principio de cautela, pero los criterios de prudencia en la política de endeudamiento deberían, en estos momentos de crisis económica, situarse en el primer plano. Lo contrario será torpedear la propia política de reducción del déficit público que el Ministerio de Economía quiere ejecutar como instrumento básico para los ajustes económicos que ayuden a superar la situación económica actual.

Keynes acentuó la importancia de las ideas para gobernar el destino de las sociedades frente a los intereses económicos. Los representantes de las comunidades autónomas se encuentran atrapados en este complejo juego, que se ha calificado recientemente como "el damero maldito". Con todos jugando a ese juego, el final será un fuerte incremento del déficit público, porque cada político gana adhesiones y votos cuanto más fuerte juega a ese diabólico sistema.

es consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de Murcia.