Buen diagnóstico, pocos instrumentos y escaso dinero para combatir la crisis industrial catalana

Una frase ha hecho fortuna en estos últimos años: la crisis económica actual es, sobre todo, una crisis industrial, cuyas secuelas -estancamiento, inflación y desempleo- castigan con mayor fuerza, dentro de los países desarrollados, a las regiones industrializadas.

La regla se cumple en Cataluña. Un estudio de la Generalitat indica que la aportación catalana al PIB español disminuyó cuatro puntos entre 1973 y 1980, desde un 22,27% hasta un 18,27%. El último trabajo del Banco de Bilbao sobre la Renta Nacional de España señala que entre 1973 y 1981 el PIB catalán creció anualmente un 2,08%, por debajo del 2,17% en que se situó la media española.

La 'política intersticial'

La traducción práctica de esta fragilidad ante la crisis es sencilla: desaparición masiva de empresas y aumento del desempleo. En los cuatro años de la legislatura han suspendido pagos 1.266 empresas -ver cuadro- que totalizan un pasivo de 203.992 millones, y el paro ha crecido en un 38% (contra el 30% del conjunto de España) hasta llegarse a los 443.312 desempleados.La situación era y es grave. El diagnóstico que hizo Pujol el 5 de noviembre de 1980 al presentar en el Parlament su Programa de Actuaciones Económicas (PAE) era certero: "Tendremos una crisis larga y tendremos un desempleo largo". De esta radiografía se deducían dos objetivos básicos: la lucha contra el paro y la "construcción de una nueva base económica y de una nueva estructura productiva que vaya reabsorbiendo el paro y creando nuevas fuentes de riqueza", sobre la base de la "economía intersticial, es decir, aquel sector no basado en la tecnología de la gran inversión" que ocupa los intersticios dejados por multinacionales, empresas públicas y grandes grupos industrial financieros. Para lograr la nueva base económica se consideró prioritaria la política industrial, sobre la que el Estatuto otorga amplias competencias.

Una política es un presupuesto. ¿Qué volumen de recursos se ha destinado a este fin? El Departamento de Industria, dirigido con seriedad y eficacia, dentro de estrechos límites, por Vicenç Oller, tuvo en 1982 un presupuesto de 935,7 millones de pesetas, es decir, un 0,7% del presupuesto total de la Generalitat, excluida la Seguridad Social, que fue de 136.679 millones. En 1983, los recursos de Industria se cifraron en 1.932,5 millones, el 1,06% de los ingresos previstos.

Pero una política industrial es también algo más que un presupuesto. Las tres líneas básicas de ésta han sido: participación en los planes de reconversión generales; influencia en los precios relativos de los factores a través de una política de avales con el objetivo de realizar miniplanes de reconversión subsectoriales, y apoyo a la renovación tecnológica y energética.

De los 11 planes de reconversión abiertos con la ley Bayón, siete repercuten en la comunidad autónoma. El Gobierno de la Generalitat coadyuvó al plan textil, participó en varias de las comisiones gestoras y presentó al Gobierno central un plan sobre el sector de la motocicleta, que hoy se está revisando.

La política de ayudas se ha concretado en la concesión de 140 avales, a través de la Comisión de Ayuda para la Reconversión Industrial de Cataluña (CARIC) por un importe total de 5.583 millones de pesetas, que se creó para fomentar la reconversión subsectorial. Algunas de las ayudas han originado una fuerte polémica, porque se concedieron a empresas vinculadas familiarmente a dirigentes del partido en el Gobierno (Lluís Prenafeta y el portavoz parlamentario, Antoni Subirá, entre otros). Más graves aún fueron los avales políticos concedidos, -entre otros, a empresas periodísticas- no por Industria, sino directamente desde el Consell Executiu, sin cumplir la normativa legal, y poco antes de las elecciones. La renovación tecnológica se ha intentado conducir a través del Centro de Información y Desarrollo Empresarial (CIDEM), a la que han acudido 1.500 empresas, que han encontrado siempre consejo pero pocas veces asesoría tecnológica estricta.

La renovación energética, planteada en el Libro Blanco de la energía en Cataluña, ha tenido aplicaciones en el ahorro -asesorías energéticas a cargo de la Administración- y el aprovechamiento de energías alternativas.