12 independentistas catalanes, pendientes del recurso admitido a trámite en Estrasburgo
Doce independentistas catalanes esperan verse afectados también por la decisión que la Comisión Europea de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo (Francia), adoptará en torno al recurso presentado por los tres condenados como culpables del asesinato del industrial José María Bultó, fallecido el 9 de mayo de 1977. La Comisión aceptó a trámite anteayer la denuncia presentada contra el Estado español por las irregularidades que los autores del atentado estiman que fueron cometidas durante el proceso.
Los doce independentistas referidos fueron acusados de haber estado vinculados con el asesinato del industrial catalán, y algunos de ellos se encuentran actualmente fuera de España.La esperanza de que una eventual resolución favorable afecte a los demás implicados fue expuesta ayer durante una conferencia de prensa por los abogados August Gil Matamala, Jordi Casas-Salat e Ignasi Doñate, quienes ofrecieron los detalles del recurso planteado por Xavier Barberá, Antoni Messegué y Ferran Jabardo, actualmente encarcelados en Lérida cumpliendo una pena de 78 años de prisión en conjunto.
La Comisión Europea, que ha admitido a trámite el recurso, es el filtro jurídico que impide que llegue ante el Tribunal Europeo un excesivo número de casos.
Entre los independentistas catalanes a quienes afectaría la resolución del Tribunal de Estrasburgo, si llegase a ser favorable al recurso, figuran Carles Sastre Benlliure, Montserrat Tarragó, Josep Lluís Pérez y Alvar Valls, detenidos en julio de 1977, dos meses después del atentado, y amnistiados en noviembre de 1977. Esta medida de gracia quedó anulada por una sentencia del Tribunal Supremo de marzo del año siguiente. Estos cuatro independientistas huyeron del país para evitar ser detenidos. En la actualidad se les supone afincados en el sur de Francia, desde donde reiteradamente han reivindicado su inocencia.
También se vería afectado por la resolución un segundo grupo de seis independentistas catalanes detenidos en marzo de 1979. En este segundo grupo se encuentra el pintor Jaume Martínez Vendrell, uno de los fundadores del Front Nacional d'Alliberament de Catalunya, juzgado por estos hechos junto con otro detenido, Lluís Montserrat Sangrà, que fue posteriormente absuelto. Sobre Jaume Martínez recayó una condena a 12 años de prisión, pero también huyó del país, al conocer la sentencia del tribunal.
A estos independentistas, detenidos en su día, se les suman otros que jamás fueron localizados por la policía, pero cuyos nombres aparecían en la investigación y a quienes se suponía implicados en el hecho.
El recurso de los tres independentistas catalanes ante la Comisión Europea de Derechos Humanos, que fue planteado el 14 de octubre de 1983, asegura que el Estado español transgredió los artículos 3, 6, 9 y 14 de la Convención Europea de los Derechos del Hombre, en los que se recoge, respectivamente, la prohibición de las torturas, el derecho a un juicio justo y equitativo, la presunción de inocencia y la libertad de pensamiento político y religioso. Basándose en estas supuestas transgresiones, los recurrentes reclaman que se obligue al Estado español a aplicar la ley de Amnistía de 1977, de la que quedaron excluidos por considerar los tribunales que su acción tenía un caracter independentista y no autonomista. Solicitan también que se revise todo el proceso judicial y sean reparados los perjuicios sufridos por los detenidos.
Sobre estas presuntas transgresiones versan las cinco preguntas que la Comisión Europea de Derechos Humanos remitió el pasado 16 de marzo al Gobierno español. Después de que el Ejecutivo conteste, los recurrentes podrán presentar una nueva réplica, iniciándose de esta manera un procedimiento que desemboca en una negociación entre las partes en litigio. En el caso que no se llegase a un acuerdo, se celebraría una vista oral contra la parte demandada, en este caso el Estado español.
En virtud al acuerdo firmado en julio de 1982 entre el citado organismo internacional y España, el Gobierno se vería obligado, en esa hipótesis, a cumplir la resolución, añadieron los letrados, aunque señalaron que desconocen la manera en que el Tribunal de Estrasburgo podría hacer ejecutar la sentencia.
Los abogados recalcaron que se encuentran ante un caso estrictamente jurídico, y que desean evitar cualquier politización del asunto, por entender que, si así se hiciera, ello podría ser utilizado por el Gobierno para su defensa.
