Rumanía repatria a un niño de seis años que fue vendido por su familia a un hombre alemán

La sombra del tráfico de personas persiste en Rumania, un país que vivió su momento más oscuro durante los años que siguieron a la caída del régimen comunista, en la Navidad de 1989, por el descontrol institucional. El fenómeno tomó tal alcance que el Parlamento rumano se vio empujado a aprobar en junio de 2004 una ley que impedía las adopciones internacionales y que aún está vigente. Normalmente, las redes de trata captan a jóvenes —mayoritariamente mujeres—, pero, a veces, algunos de ellos llegan a ser vendidos por sus propios padres a cambio de una suma irrisoria. Es lo que ocurrió hace unos meses y que se ha conocido esta semana, volviendo a recordar una herida que no termina de cerrarse 17 años después de la adhesión del país a la Unión Europea.

Las autoridades rumanas comunicaron el martes que habían repatriado esa misma mañana a un niño de seis años procedente de un pueblo de la provincia de Gorj, en el sureste de Rumanía, tras haber sido comprado por un hombre alemán, según lo que ha trascendido de la investigación. Según la Dirección General de Asistencia Social y Protección del Niño (DGASPC), el menor se mostró alegre y comunicativo en todo momento durante el viaje de regreso, pero especialmente contento al ver un rostro familiar después de haber pasado varios meses fuera de casa: el de su hermana. También le impresionó el despliegue de la delegación que se desplazó hasta Ratisbona, en el Estado de Baviera, para rescatarlo.

En estos momentos, el menor se encuentra bajo custodia estatal acompañado de una asistente en un centro donde entrará en un programa de ayuda psicológica por las consecuencias que le ha causado separarse de su familia, sobre todo de su hermana de ocho años y su hermano menor, que también han pasado a estar bajo protección institucional. Mientras tanto, la fiscalía de la brigada contra el crimen organizado ha abierto una causa penal por trata de menores tras la denuncia que interpuso la DGASPC.

Sin embargo, quedan muchas incógnitas por conocerse y, hasta el momento, solo la ministra de Familia, Natalia Intotero, se ha pronunciado en redes sociales para decir que el niño llegó a Baviera “en circunstancias poco claras” al lado de un ciudadano extranjero. Iba con documentos falsos, precisaron fuentes cercanas al caso citadas por la agencia Agerpres.

Según relata la agencia de noticias News.ro, vecinos y familiares del pueblo del niño, Danciulesti, aseguraron que el padre, con graves problemas de alcoholismo, y la madre, con problemas de salud mental, lo habían vendido por 500 lei, unos 100 euros. Otros medios de comunicación apuntan a una cantidad mayor, unos 8.000 lei (alrededor de 1.600 euros). Frente a estas cantidades, el abogado del ciudadano alemán rechaza la acusación de que compró al menor, según recoge el diario Adevarul: “Mi cliente viajó a Rumanía invitado por unos empleados rumanos de su empresa y se encariñó con el niño porque estaba cerca del lugar donde se alojaba”.

En Alemania, el hombre intentó matricularlo en una escuela infantil, que preguntó por los padres, los documentos del niño y por qué no hablaba alemán. Fue entonces cuando se pusieron en contacto con las autoridades de protección de la infancia de Ratisbona, que se hizo cargo del niño el pasado 18 de abril. “Permanecerá junto a su hermana en el sistema de protección del Estado. ¿Cuánto tiempo? Nadie lo sabe, un niño cuyos padres lo entregan a un extraño por unos pocos cientos de lei no está seguro en la familia”, aseveraron a News.ro representantes del organismo que vela por la protección de los menores.

Las autoridades rumanas siguen afrontando un problema arduo. En los informes de la Comisión Europea y Europol desde hace más de una década, Rumanía concentra los primeros puestos de todas las variables en las estadísticas de trata, es uno de los países que registra mayor número de víctimas, por ejemplo, y también son las mujeres rumanas las que suponen el mayor número de víctimas en proporción al tamaño de la población, una por cada 16.781; seguida de Bulgaria (una de cada 25.316 habitantes), y Hungría (una de cada 59.242 habitantes). Parte de ellas, menores.

La Agencia Nacional contra el Tráfico de Personas (ANITP) identificó 451 víctimas en 2023, casi la mitad que hace diez años. Sin embargo, activistas que luchan contra la lacra de la trata de personas advierten de que los datos no reflejan la dimensión real del problema.