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La Audiencia de San Sebastián procesa por presuntas torturas a cuatro guardias civiles

Cuatro guardias civiles han sido procesados por la Audiencia Provincial de San Sebastián como presuntos autores de un delito de torturas en el que supuestamente incurrieron en los interrogatorios a tres jóvenes guipuzcoanos en octubre de¡ pasado año. Los procesados, José Antonio Domínguez Tuda, Manuel Macías Ramos, Rafael Sánchez Fernández y José Antonio Román Díez, se encuentran en libertad provisional tras depositar una fianza de 200.000 pesetas.

El procesamiento de los guardias civiles se produce a consecuencia de la denuncia de torturas presentada en el mismo mes de octubre por los hermanos José María, Víctor y Lucio Olarra Aguiriano e Ignacio Olaechea, puestos en libertad tras haber permanecido detenidos durante más de una semana bajo aplicación de la ley antiterrorista. El auto de procesamiento dictado por la audiencia donostiarra indica que José María Olarra, concejal de Herri Batasuna en el Ayuntamiento de Villabona (Guipúzcoa) sufrió 1esiones consistentes en erosiones en región mamaria de diez centímetros de longitud, hematoma de longitud, hematoma de dos centímetros de diámetro en estiliaca derecha, erosiones en antebrazo derecho y brazo izquierdo y hematoma en región inguinal derecha". Todos los detenidos precisaron asistencia facultativa y sus lesiones tardaron en curar 14 días, según consta en el auto de procesamiento.Por otra parte, tres jóvenes vecinos, de Zarauz, acusados de pertenecer a los Comandos Autónomos Anticapitalistas y puestos recientemente en libertad han denunciado públicamente haber sido sometidos a torturas durante su estancia en dependencias de la Guardia Civil de Burgos. Los jóvenes, José Ignacio Chapartegui, Guadalupe Paredes y José Ignacio Lizaso aseguran haber padecido torturas como "el quirófano y la bañera" y haber padecido golpes y vejaciones por parte de los miembros de la Guardia Civil que los interrogaron. Los recién liberados señalaron que sus guardianes les suministraron una pomada de marca Tantum para que se eliminaran las señales provocadas por los golpes y que asistieron a simulacros de declaraciones ante el juez cuando en realidad la persona que se atribuía ese cargo era un miembro de la Guardia Civil.

Uno de los jóvenes indicó que tras su detención fue trasladado a un monte y que dos guardias dispararon sus armas muy cerca de su cabeza, cubierta entonces con una bolsa de plástico. "Nos obligaron a pegarnos entre nosotros y para evitar nuevas torturas llegamos a declarar que formábamos parte de un comando y a responsabilizarnos de numerosos atentados y atracos".

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