La advertencia murciana

LA CRISIS abierta a consecuencia de la tentativa de soborno a dos periodistas de La Verdad, realizada por un concejal socialista, responsable, además, de las finanzas del PSOE en la región, no quedó cerrada con la dimisión como presidente de la comunidad autónoma de Murcia de Andrés Hernández Ros, beneficiario del silencio informativo y crítico que la operación se proponía obtener a cambio de medio millón de pesetas. El bochornoso incidente, en el que aparece mezclado -como en tantos otros asuntos oscuros de los últimos meses- un agente que ha trabajado para el CESID, constituye, según parece, tan sólo la parte visible de una oscura situación, en la que se dan cita las luchas intrapartidistas por el poder, el tráfico de influencias, el caciquismo, los delirios de grandeza arbitristas y la propensión de los políticos a lavar la ropa sucia a espaldas de los electores. Pese a ello, Andrés Hernández Ros se mantiene en la secretaría general de la organización murciana del PSOE, puesto del que sólo podría desalojarle una segunda dimisión a tiempo, la adopción de medidas disciplinarias por la dirección socialista o la celebración de un congreso extraordinario.El descubrimiento de la fechoría perpetrada en Murcia obliga a los dirigentes socialistas a preguntarse también por lo que sucede en otras comunidades. Además del intento de soborno a los dos periodistas de La Verdad, la polémicaen tomo a la gestión del primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza y las críticas dirigidas contra el presidente de la comunidad autónoma de Castilla y León ponen de manifiesto los brotes degenerativos del poder. La reciente y urgente incorporación a la gestión de los recursos públicos de miles de personas ha podido propiciar fenómenos de este tipo. Corresponde. a los órganos de dirección del PSOE librar a su propia imagen de la sombra de la duda mediante las medidas necesarias para cortar de raíz esas tendencias.

Los vientos del poder han vuelto contra algunos sectores del partido gobernante las acusaciones de despilfarro del dinero público, clientelismo y corruptelas dirigidas por los socialistas contra sus adversarios cuando permanecían en la oposición. Hay un gran número de personalidades políticas en el Gobierno y en el PSOE, comenzando por el propio jefe del poder ejecutivo, de los que los ciudadanos pueden esperar una acción sostenida y responsable, situada en las antípodas de los gestos demagógicos y de la caza de brujas, para frenar esas manifestaciones. En buena medida, los españoles votaron a los candidatos del PSOE en las elecciones legislativas y locales por sus promesas de una administración honrada y escrupulosa de los recursos presupuestarios. Esa confianza no puede quedar defraudada y el Gobierno tiene que corregir unas desviaciones que, aunque inevitables en su origen por simples razones estadísticas, pueden arruinar su prestigio.

Por lo demás, la dimisión de Andrés Hernández Ros como presidente de la comunidad de Murcia ha sido precedida por la renuncia de los presidentes de las comunidades autónomas de Andalucía (también socialista) y de Cantabria (elegido en las listas de Coalición Popular). Esa coincidencia en el tiempo de situaciones conflictivas, cada de una de ellas debida a motivos distintos, mueve a la reflexión sobre las dificultades de rodaje del Estado de las autonomías, sometido a la tensión de los enfrentamientos entre las esferas locales de poder y los centros de decisión nacionales. El peligro de que la prepotencia de las instancias centrales de los partidos aplaste las discrepancias de la base no es menor que el riesgo de que las fuerzas caciquiles locales malversen el significado de las formaciones políticas de ámbito estatal.