Las 'alegrías' presupuestarias de algunas comunidades autónomas han generado un déficit de más de 130.000 millones de pesetas

El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, tiene un sueldo más elevado que el presidente del Gobierno central, Felipe González; pero el presidente del Gobierno cántabro dispone, en términos reales, de más fondos personales que los dos anteriores. Ésas son algunas de las paradojas que presenta la falta de coordinación autonómica que padece el país, y que propicia no pocos abusos, exageraciones y amiguismos. En la actualidad, el déficit generado por las comunidades autónomas asciende ya a más de 130.000 millones de pesetas. Y sin generalizar resulta evidente que los presupuestos de algunas comunidades se están desorbitando.

A lo largo de sus 15 meses en el poder, el Gobierno ha elaborado más de 550 decretos de transferencias -de los que unos 400 ya están publicados en el BOE- y ha dado "instrucciones orientativas" en el sentido de que, por ejemplo, el sueldo de un presidente autonómico sea similar al de un secretario de Estado -5.995.000 pesetas anuales brutas-. Y la idea general es que los altos cargos en las autonomías deben cobrar el equivalente al rango inmediatamente inferior en la Administración central; es decir, un director general regional debe tener un sueldo equivalente al de un subdirector general, etcétera.Estas "instrucciones orientativas" no siempre se cumplen, y si es cierto que, en términos generales -aunque existen excepciones-, las comunidades autónomas dominadas por los socialistas siguen tales instrucciones, las cosas son bien distintas en aquellas otras en las que gobiernan bien la Coalición Popular, bien los partidos nacionalistas.

"Desde el punto de vista del partido, la decisión es muy firme: ni una inmoralidad", afirma el ministro de Administración Territorial, Tomás de la Quadra. Aun admitiendo la posible existencia de algunos abusos, el ministro se muestra optimista: "Globalizar que falla el tema autonómico sería una exageración o una campaña deliberada. Se puede negar que exista una situación general de innioralidad". Dirigentes del PSOE insistieron, por otra parte, en que les muy probable que sigan surgiendo casos" de denuncia, como ya ocurrió recientemente en Murcia y, antes, en Castilla y León. Estos mismos dirigentes admitieron que existen "varias desviaciones de la línea trazada al ocupar el poder los socialistas", aunque señalaron que no siempre es fácil. detectar tales desviaciones, no reflejadas en las cifras oficiales. Sin embargo, no parece existir ningún organismo específicamente encargado de la vigilancia de los abusos autonómicos ni, en otro orden de cosas, tendría el Gobierno central competencias para el recorte de sueldos o presupuestos en las comunidades autonómicas. Se han iniciado ya las reuniones en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, con objeto de llegar a unas directrices comunes en los presupuestos, líneas de crédito, vigilancia del déficit y, por qué no, salarios y gastos suntuarios. Hasta el momento, es evidente que se ha avanzado poco en este terreno, al margen de las recomendaciones internas que los partidos puedan hacer a sus afiliados al frente de las autonomías. Y los afiliados unas veces obedecen y otras no.

'Superpresupuesto' para Andalucía

Así, la presidencia del Gobierno autónomo cántabro, cargo que ostentó hasta hace dos semanas José Antonio Rodríguez, que se vio forzado a dimitir, parece haber obviado cualquier recomendación de austeridad en los tiempos que vivimos: el sueldo del presidente asciende a 5.120.000 pesetas brutas. Pero tiene, además, seis millones para gastos reservados -lo que convierte el sueldo en más de 11 millones anuales-, y 50 millones para gastos de libre disposición, amén de 15 millones para publicaciones e información, dependientes directamente de la Presidencia. De los siete consejeros de la Junta, tres están adscritos a esta Presidencia, lo mismo que varios de los 18 directores generales -con 4,9 millones de pesetas anuales, los ministros cántabros se encuentran entre los mejor pagados de todas las comunidades autónornas-.

Aunque las magnitudes no sean siempre fácilmente comparables, dado que cada comunidad autónoma tiene sus propias características, salta a la vista la descoordinación que existe en un tema como el de los sueldos de cargos similares: mientras el presidente del Parlamento canario gana 5,1 millones de pesetas anuales; el de Castilla y León, 5,6, y el de Andalucía, 5,4, otros, más modestos, como el de Castilla-La Mancha, ganan 4,3 millones; el de Baleares, 3,5 , y el de Galicia, algo más de 3,1. La variedad no se limita, obviamente, a los sueldos: los datos recogidos. por los corresponsales de este periódico muestran la existencia de grandes disparidades, aun en comunidades que podrían considerarse similares en superficie y problemática.

Andalucía tiene un presupuesto global anual que, en 1983, ascendió a casi 79.500 millones de pesetas. Solamente la Presidencia de la Junta cuenta con un presupuesto de 134 millones. El presidente tiene un salario bruto de 6.211.956 pesetas, y cuenta con cinco asesores, cada uno de los cuales está dotado con 4.447.672 pesetas. La Junta cuenta con 11 consejerías -cada -consejero ganó, en 1983, alrededor de cinco millones de pesetas brutas- y un total de 42 directores generales. El presupuesto global del Parlamento autónomo supera los 480 millones.

El presupuesto global de la comunidad autónoma de Aragón para 1984 resulta, en comparación con el de Andalucía, casi insignificante: 5.048 millones de pesetas. Y, en general, las cifras se atienen a límites de cierta austeridad: 1.700 funcionarios, siete consejeros, siete directores generales, salarios que se mantienen en la media... Como ocurre en la mayor parte de las comunidades autónomas dominadas por los socialistas, los parlamentarios autónomos aragoneses no cobran sueldos fijos, sino dietas por asistencia a sesiones y comisiones -7.000 pesetas, más gastos de desplazamiento. Los grupos parlamentarios cuentan con subvenciones que totalizan 31 millones de pesetas-.

Extremadura se mueve en cifras globales de austeridad semejantes a las aragonesas, si bien el presidente de la Junta autonómica, Juan Carlos Rodríguez Ybarra, ha recibido acusaciones aisladas dehaber realizado una gestión no suficientemente eficaz. Pese a la austeridad general, sorprende el elevado número de parlamentarios autónomos con que cuenta esta comunidad: 65, que no tienen sueldo fijo, sino dietas de 7.500 pesetas por cada sesión a la que acuden.

En Castilla-La Mancha también se han escuchado algunas quejas de la oposición ante lo que considera una cierta "proliferación de la burocracia", que hace que las nueve consejerías tengan un total de 18 directores generales y 10 secretarios generales, aunque no todos estos puestos estén cubiertos. Los sueldos de los consejeros oscilan en torno a los 4,6 millones de pesetas brutas anuales; los de los dos viceconsejeros ascienden a cuatro millones, y los de los directores y secretarios generales, a 3,4 millones. Los gastos de personal ascienden, en términos globales, a algo más de 6.000 millones de pesetas. El presupuesto de las Cortes autonómicas, que cuentan con 44 parlamentarios, se eleva a 158 millones de pesetas.

Castilla y León, con 3.055 millones de gastos en 1983, supone una desviación de la relativa austeridad en que se mueven las cifras en las comunidades autónomas regidas por los socialistas: el presidente castellano-leonés, Demetrio Madrid, tenía, el año pasado, un sueldo de 6,3 millones de pesetas, similar al de un ministro del Gobierno central y no conforme, por tanto, con la recomendación hecha por los dirigentes federales socialistas de limitarse al salario equivalente a un secretario de Estado. También Dionisio Llamazares, socialista y presidente del Parlamento autónomo, logró un sueldo sensiblemente más elevado que el de la mayoría de sus colegas en otras comunidades: 5,6 millones de pesetas brutas anuales, cifra similar a los ingresos de un vicepresidente del Congreso de los Diputados de las Cortes Generales. Este hecho puede estar justificado, no obstante, en el hecho de que el número de parlamentarios en las Cortes castellano-leonesas es superior al de la mayor parte de las comunidades restantes: 84.

En Madrid, pese a las acusaciones de haber disparado el presupuesto en publicidad, el presidente de la Comunidad, Joaquín Leguina, asegura haber gastado solamente ocho millones en la conmemoración del primer aniversario de la autonomía. Su sueldo se encuentra entre los más moderados: 4,2 millones de pesetas brutas al año, más 1,3 millones en concepto de representación; como la mayoría de los altos cargos socialistas, debe entregar un porcentaje -20.000 pesetas mensuales en el caso concreto de Leguina- al partido. La Comunidad de Madrid cuenta con 15.000 funcionarios, de los que 28 son directores generales. El número de consejeros es de 10.

El presidente de Rioja renunció al sueldo

El presidente de la comunidad riojana, Jose María de Miguel, ha renunciado al sueldo, eligiendo el de senador -unas 280.000 pesetas mensuales de salario bruto-. Los nueve consejeros regionales cobran algo más de 192.000 pesetas líquidas mensuales, y los 10 directores regionales o asimilados tienen sueldos de 185.000 pesetas, según los cálculos efectuados por el servicio de la Función Pública de la Comunidad Autónoma, valorando una situación media de una persona con tres trienios, casada, dos hijos y el correspondiente des cuento de la Seguridad Social. No existe en los presupuestos el concepto de cantidades de libre disposición para el Gobierno autónomo, aunque se sustituye por el de atenciones de carácter social y representativo, partida para la que, globalmente, se han destinado 9.260.000 pesetas. En total, los presupuestos ascienden a unos 5.000 millones de pesetas. El presidente de la Asamblea cobra unas 170.000 pesetas mensuales.

El presidente del Principado de Asturias, Pedro Silva, tiene un sueldo bruto que supone exactamente el doble que el de Rioja, totalizando los 4,5 millones de pesetas anuales -aunque sus gastos de. representación suman otros 3,5 millones- Asturias cuenta con 10 consejeros, que ganan 3,6 millones de pesetas brutas anuales. No existe ningún director general hasta el momento. Tanto los 45 parlamentarios del Principado como el propio presidente de la Asamblea cobran por dietas.

Canarias: 18.000 funcionarios

La Generalitat valenciana ha aplicado, casi a rajatabla, el principio de que las retribuciones deben ser un grado menos que las de la Administración central: el presidente cobra, según los datos oficiales, como un ministro -algo más en la práctica: 6.651.146 pesetas, incluyendo gastos de representación, frente a los 6.386.000 de un ministro del Gabinete de Felipe González-; los consellers ganan algo menos que un subsecretario; el presidente de las Cortes, como un secretario de Estado, y los 39 directores generales, como los subdirectores generales en la Administración central. En total, los costes de personal de la Generalitat de la Comunidad, Valenciana ascienden a algo más de 41.000 millones, incluyendo el capítulo de Educación, cuyas competencias ya están completamente transferidas, y que totaliza algo más de 35.000 millones.

En Canarias, donde existen 18.000 funcionarios dependientes del Gobierno autónomo, el presupuesto global de la Comunidad supera los 46.000 millones de pesetas. Sólo el Parlamento, compuesto por 60 diputados, supone un presupuesto de 330 millones; Pedro Guerra, su presidente, tiene un sueldo bruto algo superior a los 5,1 millones de pesetas. La Comuni-, dad cuenta con 10 consejeros -incluyendo el vicepresidente, Juan Alberto Martín- y 24 directores generales.

El presupuesto de la Diputación Foral de Navarra para 1984 asciende casi a 50.000 millones de pesetas; 140 millones están destinados a gastos del Gobierno foral. Dada la situación de interinidad en el Gobierno navarro, los cuatro diputados actualmente existentes se ocupan de las ocho áreas en que se, divide la Diputación: cada uno de ellos tiene ingresos brutos de 3,4 millones anuales, además de algunas dietas, automóvil y secretaria. La Diputación cuenta con 14 directores generales. El presupuesto del Parlamento foral asciende a 206 millones.