El rumbo de nuestra economía

LOS DOS últimos meses han sido pródigos en subidas de precios de distintos productos y servicios: las tarifas eléctricas (6% a finales del año pasado, tras un 7,5% al principio de 1983), los carburantes de todo tipo (algo más del 10% por término medio), los transportes de viajeros y mercancías por carretera (se garantizó un 8%), la Renfe y otras empresas públicas del sector (también una media del 8%), las piritas y potasas (algo menos del 7%). El pasado miércoles, el Gobierno autorizó un 11,5% para los fertilizantes y un promedio del 7,95% en la factura del teléfono. No serán éstas las últimas subidas. Las compañías eléctricas acaban de reclamar otra elevación del 12%, y la Administración tiene sobre la mesa solicitudes como las del azúcar y los alcoholes.Los productos o servicios citados tienen en común el rasgo de formar parte de la treintena de precios cuya revisión ha de ser autorizada o comunicada al Gobierno. Desde 1975 han quedado fuera de control administrativo casi centenar y medio de productos. El Ministerio de Economía ha calculado que los productos o servicios sometidos a control ponderan directamente en el índice de precios al consumo un porcentaje algo inferior al 18%. Es evidente, sin embargo, que las elevaciones de los precios sometidos a control tienen una considerable repercusión en el cuerpo social, con independencia del encarecimiento real de la cesta de la compra, y pueden contribuir a transmitir la difusa impresión de que la inflación de 1984 podría ser superior a la calculada por las autoridades monetarias y que ha servido de base para fijar los incrementos salariales en el sector público.

Sin embargo, el Gobierno ha tratado de que la repercusión de sus decisiones se ajuste a los objetivos de política económica, en especial a la reducción de la inflación desde el 12,2% de 1983 al 8%, en 1984. En consecuencia, como todas las peticiones de subidas han de pasar por la Junta Superior de Precios, el Consejo de Ministros ha intentado que ninguna elevación supere el 8%, y ha rechazado la aplicación de aumentos salariales superiores al 6,5% a las estructuras de costes o escandallos de los sectores afectados. Pero los precios de la inmensa mayoría de los productos y servicios susceptibles de futuros aumentos no dependen del control gubernamental. En cualquier caso, durante 1983 se registraron dos tendencias de signo opuesto en la evolución de la inflación española. La primera, que sintoniza con la evolución de los precios en la primera mitad del año pasado, apunta a lograr el objetivo gubernamental de que 1984 termine con la acumulación del 8% en el índice de precios al consumo. La segunda, que nació con los mayores aumentos registrados desde el otoño, frustraría, de persistir las alzas, una reducción como la lograda en 1983.

Así las cosas, la encrucijada actual se puede resolver en cualquiera de los dos sentidos o en favor de vaticinios intermedios (la OCDE estimó que se terminaría el año con un 9,5%). La evolución del dólar (a la que el Gobierno ha responsabilizado de tres puntos de la inflación de 1983) y la actitud de los agentes sociales (trabajadores y empresarios) serán factores de enorme importancia a la hora de confirmar o invalidar esos pronósticos. Pero no está de más recordar que es el Estado el que reúne los instrumentos más eficaces (políticas de precios, monetaria y fiscal) y los medios más poderosos para que la batalla contra la inflación, necesaria para reducir el diferencial con nuestros competidores en el mercado internacional, pueda ser librada con éxito.

A este respecto, cada vez se echa más en falta una clara exposición por el Gobierno de la situación real en la que se halla la economía española y de la política a seguir durante los próximos años. La confusa y contradictoria manera en que está siendo instrumentada la estrategia de reconversión industrial, el fracaso para alcanzar un nuevo acuerdo interconfederal, el incesante goteo de las subidas de precios autorizados y la preocupante marea de conflictividad laboral han creado en las últimas semanas una situación de inquietud y desasosiego que únicamente un amplio debate nacional, cuyo comienzo debiera ser iniciativa del Gobierno, podría remediar. La demanda de sacrificios y las exhortaciones a la solidaridad deberían estar precedidas de una exposición suficiente de los motivos que obligan a ese esfuerzo, tendrían que ir acompañadas de contraprestaciones razonables en otros terrenos y necesitarían ser completadas con una anticipación de los frutos que podrán ser recogidos por los españoles al final de ese duro camino. Es probable que las serias resistencias sociales ante los intentos de aplicar coercitivamente y sin explicaciones una política de austeridad pudieran debilitarse, o transformarse incluso en formas de apoyo, si el Gobierno pidiera en vez de exigir, hablara en vez de callar, negociara en vez de imponer y enmarcara los sacrificios solicitados dentro de un proyecto político de transformación en vez de considerarlos como meros ajustes de ingeniería social, requeridos por la coherencia de los cuadros macroeconómicos.