El Gobierno argentino ordena la busca y captura del ex presidente boliviano Luis García Meza
El Ministerio del Interior argentino ha ordenado la busca y captura del ex general boliviano Luis García Meza, ex presidente de su país y en situación de residencia temporal en Argentina, para expulsarlo inmediatamente. También ordenó la búsqueda de su ministro del Interior, coronel Luis Arce Gómez, residente en calidad de asilado político, para colocarlo bajo caución de la justicia hasta que ésta falle sobre una solicitud de extradición de Estados Unidos. Los dos protagonistas del último Gobierno militar boliviano encontraron refugio en Argentina gracias a los buenos oficios del ex presidente Reynaldo Bignone.Además de presuntos crímenes de sangre, García Meza está acusado en su país de defraudación al Estado de 22 millones de dólares, adjudicación ilegal de tierras y de explotar yacimientos de piedras preciosas en su beneficio, además de participar desde el poder en el tráfico internacional de estupefacientes. A Arce Gómez se le acusa de organizar el tráfico de cocaína boliviano mediante un grupo de narcotraficantes, denominado Las Águilas Negras, integrado por miembros de formaciones paramilitares y del asesinato de siete militares izquierdistas.
La medida ha sido adoptada a las pocas horas del regreso al país del presidente Raúl Alfonsín, tras su viaje por Venezuela y Colombia, y en la orden del Ministerio del Interior se especifica que los dos perseguidos "han realizado con pública notoriedad, en su país de origen, actividades contrarias al orden constitucional" y que "el asilo político es una institución destinada a brindar amparo a personas de conducta irreprochable cuando circunstancias cambiantes derivadas de la situación política las ponen en riesgo de sufrir persecuciones".
Respecto a la prohibición de abandonar el país dictada contra el capitán de corbeta Alfredo Astiz, presunto autor de la desaparición, tortura y muerte de dos monjas francesas y de una súbdita sueca, todo se ha debido a una confusión, aunque la orden permanece en pie. Quien tenía previsto viajar a Roma era el capitán de fragata Oswaldo Astiz, comisionado para las negociaciones con Chile sobre el canal del Beagle. El Gobierno de la provincia de La Pampa, por otra parte, ha remitido al Ministerio del Interior copia de un radiograma hallado en sus archivos y en el que se ordena, con fecha de 22 de noviembre de 1983, la entrega de toda la documentación relativa a la lucha antisubversiva al comando militar de la provincia "para su inmediata incineración".
El cable se encontró traspapelado en una carpeta y grapado a su respuesta, firmada por el entonces jefe de la policía de la provincia, teniente coronel Daniel Correa: "En la fecha se procedió a cumplimentar lo requerido".
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