Alfonsín sale al paso de supuestos planes para desestabilizar la democracia argentina

"Tenemos que salir de esto como de una guerra, y tenemos que comprender que si bien es cierto que la sangre quedó atrás, que las lágrimas deben quedar atrás, el sudor nos espera en adelante a todos los argentinos, y sin excepción". Con un visible tono de indignación, el presidente argentino, Raúl Alfonsín, pronunció estas palabras en un acto oficial en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, saliendo al paso de las noticias solventes sobre planes desestabilizadores a plazo medio que estarían fraguando en Uruguay militares en retiro y miembros destacados de la oligarquía agrícola-ganadera.

El diputado peronista por el Chaco Adam Pedrini, primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, denunció a los medios de información la celebración de reuniones conspirativas en Punta del Este (exclusivo balneario uruguayo) entre militares retirados de alta graduación y banqueros y empresarios ligados a la política monetarista del ex ministro de Economía del proceso militar, Martínez de Hoz.La información hecha pública por el diputado peronista fue oficiosamente avalada por fuentes gubernamentales. Se trataría de un plan de agitación social y económica susceptible de generar en dos años el suficiente descontento popular como para propiciar un nuevo golpe de Estado. La sociedad argentina no parece en modo alguno proclive a nuevas aventuras de este tipo, pero el cúmulo de intereses cooperativos y económicos en juego es del suficiente porte como para que ya sus representantes hayan comenzado a cavar la fosa radical.

Con secas y duras alusiones a los "tecnócratas del fracaso", Alfonsín denunció "las secuelas intelectuales del autoritarismo que no conciben que pueda existir un plan económico sin que se piense que todo el esfuerzo para la re construcción de la economía debe recaer sobre los sectores más desvalidos; que suponen que no hay un plan económico serio si no se condena a los desposeídos al infraconsumo, si no hace que los sectores del trabajo se aprieten el cinturón, y si condenan la disminución del salario o el desempleo".

Otras conspiraciones justifican la destemplanza del presidente Alfonsín. Las débiles negociaciones hilvanadas entre radicales y peronistas para sacar adelante una ley regularizadora del sindicalismo ya han saltado por los aires al oponerse el justicialismo a "veedores estatales" en los sindicatos para controlar sus finanzas y su proceso democratizador. Al tiempo, las dos CGT (Confederación General del Trabajo), lideradas por Jorge Triaca y Saúl Ubaldini, han acordado su unificación mediante una dirección conjunta provisional que desaparecerá en tres meses para dar paso a un secretariado único.

Los senadores peronistas, por su parte, están poniendo serios obstáculos para la aprobación en su cámara del proyecto radical -ya aprobado por el Congreso- de reforma del Código de Justicia Militar. Pretenden ahora ir más allá del posibilismo radical y exigen que los delitos presuntamente cometidos contra civiles por parte de militares sean vistos por la jurisdicción ordinaria. La realidad es que el bloque parlamentario justícialista está poniendo todo tipo de trabas al paquete legislativo radical para poder negociar desde una posición de máxima fuerza la ley sindical que les permita mantener las riendas de los gremios.