El Gobierno se propone reducir el gasto publico más de lo previsto, para que aumenten la inversión y el empleo

El Gobierno acordó ayer dar máxima prioridad a la reducción del gasto público, para generar una mayor capacidad de inversión privada que cree empleo, según fuentes oficiales. Casi todo el Consejo de Ministros fue dedicado a cómo lograr estos objetivos, aconsejados por los informes de coyuntura disponibles y por un texto repartido entre los miembros del Gabinete -"el documento azul"- que recojen las previsiones presupuestarias para este año y los dos próximos. En síntesis, se trata de disminuir los gastos de funcionamiento, controlar, las transferencias no sociales (especialmente para subvenciones y Renfe) recortar el déficit público (el objetivo del 3,9% del Producto Interior Bruto para 1986 se ha bajado al 3,3%), y desacelerar el aumento de la presión fiscal (0,9 puntos este año, 0,5 el próximo y 0,1 en 1986).

Además de considerar como máximas las magnitudes incluidas en el documento para los próximos años, el Gabinete pretende que las reducciones de gasto público se inicien ya en 1984. Para ello, habrá una serie de discusiones entre responsables del Ministerio de Economía y Hacienda y del resto de los departamentos, destinadas a examinar todas las posibles fuentes de ahorro incluso con respecto a los Presupuestos ya aprobados, así como contrastar el ajuste de los objetivos a los compromisos y necesidades de cada ministerio.El documento fue urgido en las últimas semanas por el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, a los responsables de Planificación, y supone numerosas rebajas con respecto a las previsiones de aumento de gastos fijadas el pasado verano en los proyectos de escenarios presupuestarios del plan trienal del Gobierno, que no llegaron a hacerse públicos. Una de sus principales motivaciones consiste en impedir que, debido la presencia del déficit público y a las dificultades para financiarlo, aumenten las inversiones en activos financieros, sin el inmediato reflejo en las inversiones reales.

El gasto público no ha de crecer más que el Producto Interior Bruto (en tomo al 2%) como consecuencia de una elevación del 5% en los gastos del Estado y del 3% en el resto. No, obstante, se pretende que los gastos sociales pasen de representar el 44,8% al 46,1%, debido al objetivo de elevar las transferencias que tienen dicho carácter, como Seguridad Social y protección contra el desempleo. El inoremento del 1% en los gastos salariales y de funcionamiento se pretende que sea cubierto por aumento de empleo.

Uno de los puntos donde existe menor margen de actuación es el de los pagos por, intereses de la deuda, que prácticamente se duplicarán el próximo año (hasta 573.000 millones de pesetas) y no podrán ser sensiblemente moderados hasta 1986, en que supondrían unos 717.000 millones de pesetas.

Los gastos más afectados serán los de transferencias a corporaciones locales y a empresas públicas y subvenciones. Sin embargo, se salvará de este proceso el Instituto Nacional de Industria, donde las ayudas de capital aumentarán casi un 10% cada año.