El Ministerio de Agricultura dilata las transferencias sobre el IRYDA y tapona la reforma agraria de la Junta

El Ministerio de Agricultura se ha negado en los últimos nueve meses a facilitar a la Junta de Andalucía los expedientes sobre fincas manifiestamente mejorables incoadas en la región andaluza por el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA). Según la Junta, esta sorprendente actitud ministerial es una nueva muestra de la escasa simpatía que el proyecto de ley de Reforma Agraria elaborado por el Gobierno andaluz parece despertar en la Administración central, que hasta ahora ha evitado en tres ocasiones transferir a la Junta las competencias sobre el IRYDA e Icona, fundamentales para cualquier política de reforma agraria.

Desde mayo de 1983, los responsables de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía han intentado sin éxito conseguir las fichas de todas las explotaciones andaluzas sometidas a la ley de Fincas manifiestamente mejorables, por estimar que contienen una información vital, aunque revisable, sobre la que actuar cuando se aplique la ley de Reforma Agraria remitida por el Gabinete Escuredo al Parlamento andaluz.Las gestiones dirigidas a lograr estos expedientes fracasaron sucesivamente en las delegaciones provinciales del IRYDA, en la delegación regional y, finalmente, ante la propia presidencia de este organismo, según ha. podido saber EL PAIS de fuentes solventes del Gobierno andaluz. En diciembre, el consejero de Agricultura, Miguel Manaute, se dirigió por carta y de forma persuasiva, sin exigencias, al ministro Carlos Romero, en el mismo sentido. Un mes después el Ministerio sigue sin responder a esta solicitud de documentación.

A anécdotas como ésta hay que añadir el dato esencial de que el Ministerio de Agricultura discrepa profundamente de la pretensión de la Junta andaluza de disponer de competencia exclusiva sobre el IRYDA e leona (1.000 y 2.000 funcionarios en Andalucía, respectivamente). La última negociación de transferencias entre Madrid y Sevilla se resolvió con éxito en casi todos los temas, excepto precisamente en materia agraria, donde incluso se han llegado a organizar tres reuniones específicas la -primera, el próximo jueves, día 12durante el mes de enero, con la mediación del Ministerio de Administración Territorial, para tratar de llegar a un acuerdo definitivo. Las transferencias de competencias sobre leona e IRYDA a la comunidad autónoma andaluza han sido aplazadas ya en tres ocasiones a causa del desacuerdo entre las partes.

Aunque oficiosamente el optimismo de la Junta de Andalucía sobre la posibilidad real de acabar teniendo las transferencias agrarias parece ilimitado, lo cierto es que entre altos responsables de la administración autonómica consultados por este periódico empieza a cundir el desaliento e incluso se habla de boicoteo por parte del Gobierno central a la reforma agraria andaluza, el principal proyecto político de Rafael Escuredo en esta legislatura.

Las mismas fuentes aseguran comprender las prevenciones del Ministerio de Agricultura a transferir Icona y el IRYDA y ponen como ejemplo la necesidad de garantizar una política nacional de regadíos, imposible si todas las comunidades autonómas asumen, como parece previsible, el mismo nivel de exigencias que Andalucía. Pero critican que el Gobierno central -incluyendo, en este punto, al vicepresidente Alfonso Guerra- "no comprenda que un fracaso en la reforma agraria andaluza nos hundiría a todos".

"Estamos llegando al límite", indican las mismas fuentes del Gobierno andaluz, que contemplan con estupor cómo el Parlamento andaluz va a aprobar la ley de Reforma Agraria en marzo o abril y el Gobierno no podrá ponerla en ejecución por falta de poderes reales. Se convertiría así en una tarea inutil todo el trabajo de los últimos meses en la Consejería de Agricultura y Pesca, donde incluso se han perfilado las 10 comarcas prioritarias para la reforma, a fin de que el ejercicio autónomo seleccione de entre ellas las dos o tres en que se actuaría durante el año 1984.

Las críticas alcanzan también lateralmente a Rafael Escuredo, quien se habría precipitado al anunciar ya en mayo de 1983 la reforma agraria y obligar a sus colaboradores a llevar el proyecto a toda prisa al Parlamento, cuando aún hoy no se tiene la seguridad de que vaya a disponerse del IRYDA y del Icona.