Esposas, maridos, amantes

Por primera vez en muchos años, un decreto preparado por la Dirección General de Cinematografía es un texto digno de un Ministerio de Cultura. Habitualmente, la legislación sobre la materia se adaptaba mejor al espíritu de los ministerios de Comercio o Industria, probablemente porque la producción española tenía un papel de esposa tonta, a la que había que soportar aunque los exhibidores y distribuidores eran maridos deseosos de fugarse con su amante extranjera. La ley les privaba del divorcio, pero, a cambio, les permitía mantener a la legítima desnutrida y estulta.El decreto viene a corregir la situación, partiendo de la prernisa de que el cine español es un patrimonio cultural que hay que proteger y promocionar. Se acabó el considerarlo un trámite burocrático, el fabricar subproductos -luego, los mismos que los financiaban aducían que no eran rentables y que tenían un bajísimo nivel artístico- para obtener, a buen precio, ficencias de importación. Lo que pretende el decreto de Pilar Miró es que los sectores tradicionalmente poco preocupados por nuestro cine dediquen al mismo una atención comparable a la que prestan a lo que les llega avalado por las multinacionales, y que demasiadas veces es indigno de tantos desvelos, consiguiendo, sin embargo, conquistar una parcela de mercado merced a un trato preferentísimo.

Para lograr sus propósitos, la nueva legislación reparte su esfuerzo en tres direcciones: a) buscar una cierta unidad de acción entre los tres sectores (producción, distribución y exhibición); b) mejorar la competitividad, favoreciendo los tilmes de presupuesto mediano y alto, y c) ayudar a la calidad incorporando al mercado dos medida s correctoras: aumento de la subvención automática para los filmes calificados de especial calidad y creación de las ayudas previas al rodaje.

Siendo muy importantes, los puntos a) y b) quedan supeditados al primero, ya que de nada serviría producir mejores filmes si no se logra que se estrenen correctamente, es decir, en fechas y salas adecuadas, compitiendo abiertamente con los grandes títulos extranjeros, pero haciéndoles notar quién juega en casa. Ese es el sentido de los baremos que a partir de ahora van a regir para lograr licencias de importación, baremos que exigen del distribuidor una actitud distinta.

La exhibición es el sector menos directamente afectado por el decreto. Se mantiene la cuota de pantalla (3 x 1), no habiendo prosperado la idea de aumentarla a un día de cine español por cada dos de cine extranjero (2 x 1), cuota que se proponía para las cinco ciudades de mayor población. También se mantiene -y eso sí es muy discutible- la vigencia de que el cómputo de la cuota tenga que satisfacerse cuatrimestralmente. La idea que está detrás de ello es la de evitar que ciertas épocas del año -las mejores a efectos comerciales- queden en manos de las multinacionales, pero ello ha generado una picaresca de programas dobles que el decreto sólo corrige en parte. En cualquier caso, la maniobra de estrenar de tapadillo, entre sesión y sesión de cualquier grand machine americana, la película española de cupo, puede irse desterrando en la medida en que el cine que surja de este decreto mejore el fabricado hasta el momento.

Porque en el fondo el reto sigue siendo el mismo: hacer buenas películas. En los últimos años, una vez adaptados a las exigencias de un mercado que se ha liberado de la censura institucional, los cineastas españoles han logrado éxitos importantes, de taquilla y de crítica, en el mercado interior o en festivales internacionales. Pero cada filme seguía siendo una aventura de continuidad dudosa; el triunfo dependía de demasiados azares; la inteligencia y la calidad raramente eran valores reconocidos.