Viaje a París

EL VIAJE del presidente del Gobierno a París para entrevistarse con Mitterrand y Mauroy estuvo seguramente motivado por serias y urgentes razones. Aunque algunas fuentes aseguran que se había preparado con dos semanas de anticipación, la realidad es que se ha presentado como una decisión improvisada, y, en cualquier caso, parece que ha existido una preparación atropellada de las reuniones. Este tipo de encuentros tiene en su favor el carácter directo de las discusiones entre los responsables de los países, pero ofrece el peligro de subordinar el examen de los problemas reales a una favorable presentación publicitaria. La ausencia de nuestro ministro de Asuntos Exteriores constituye, pese a las premuras -reales o fingidas- del desplazamiento presidencial, una incógnita que sólo el presidente podría despejar. La impresión de aislamiento que Morán ofrece en el seno del Gobierno puede ser fruto de una estrategia o responder a un hecho cierto. Si es lo primero, nos parece una estrategia equivocada. Si se trata de una realidad, resulta preocupante el mantenimiento de varias políticas exteriores en el seno del Gabinete, sistema que tan malos frutos dio durante el mandato de UCD.Pero no sólo Morán fue marginado de esa cita. En el modesto terreno informativo, la prohibición comunicada al periodista Xavier Vinader, corresponsal de un semanario, de entrar en la Embajada de España y asistir a la conferencia de prensa es un indicio de que el ejercicio del poder está transformando el aliento moral del cambio. No le falta razón a Felipe González cuando afirma que "ningún Gobierno puede saltar por encima de la legalidad", pero esa obvia sentencia, aplicable a otras delicadas cuestiones que hoy preocupan a la opinión pública en el País Vasco y en el resto de España, resulta una munición excesiva para justificar el veto a Vinader, que, aunque condenado por sentencia firme a siete años de cárcel, tiene ciudadanía y pasaporte españoles. Aunque el Gobierno se empeñe en desconocerlo, el caso Vinader es un reto a su sensibilidad política. Y el Gobierno lo está endosando con métodos dignos del historial del líder de la actual oposición.La sorpresa de la cumbre celebrada en París da fundamento para suponer que algunas de las materias discutidas en las reuniones quedarán protegidas por la reserva. A ese renglón semisecreto pertenecen los cambios de impresiones entre Mitterrand y González o las decisiones de París sobre la amenaza que para nuestra estabilidad democrática implica el santuario del País Visco francés para las bandas terroristas. El alejamiento de los activistas de ETA de la frontera española, de forma que sus eventuales tentativas de regreso al País Vasco puedan ser descubiertas e impedidas, necesita el apoyo del Gobierno francés y, tal vez, la colaboración de otros países.

En la conferencia de prensa, Felipe González no aclaró el contenido de las conversaciones sobre terrorismo, pero evidenció ese cambio de talante ético que puede estarse operando en los socialistas un año después de las elecciones. Es sencillamente imposible establecer una comparación cuantitativa entre los asesinatos de ETA y otras eventuales conculcaciones de los derechos humanos realizables desde el campo opuesto. La aritmética de los crímenes y los principios de un sistema democrático se mueven en ámbitos cualitativamente distintos. Nadie olvida que los terroristas han asesinado brutalmente a cerca de 500 ciudadanos españoles, de los que casi 300 vestían uniforme. La insinuación de que sólo el Gobierno se solidariza con esas víctimas y condena a sus verdugos encierra una carga de vulgar demagogia y transmite una injusta acusación contra la sociedad, que se ha movilizado insistente y valerosamente contra el fenómeno terrorista. Cualquier justificación, aun indirecta, de la guerra sucia es moralmente inadmisible. Cuando la abolición de la pena de muerte ha sido uno de los avances civilizadores del tránsito político, el Gobierno no puede contemplar con los brazos cruzados la existencia de bandas parapoliciales dedicadas a tomarse la justicia por su mano.

En lo que respecta a las negociaciones para el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, existe la impresión de que el viaje de Felipe González ha podido contribuir a despejar el camino para un progreso de las negociaciones. Es probable que Mitterrand desee aprovechar el turno francés de presidencia de la CEE a fin de capitalizar los pasos dados por las autoridades comunitarias y por los Gobiernos de otros países europeos para remover los obstáculos al ingreso de España y Portugal. El nombramiento de Roland Dumas como ministro para las Comunidades puede ser interpretado como signo de una mayor sensibilidad francesa hacia los intereses españoles. El Gobierno español parece dispuesto a reconsiderar su posición respecto a la política agraria comunitaria y a prestar su respaldo a las tesis defendidas por Francia sobre los productos mediterráneos, tal vez por considerar que, a la larga -cuando nuestra integración sea plena-, esa estrategia beneficiaría también a nuestra agricultura. La nueva reglamentación agrícola y la reforma del presupuesto comunitario podrían marchar en pararelo con las negociaciones para la entrada de España y Portugal en la CEE. El precio a pagar por este acuerdo con Francia puede ser la aceptación de condiciones más duras para nuestros vinos, hortalizas y frutas durante el período transitorio, con ajustes paralelos a los que tendrá que afrontar nuestra industria. Estarnos seguros de que en la decisión unánimemente apoyada de entrar en las Comunidades, el Gobierno socialista no está dispuesto a pagar cualquier precio por obtener un inicial triunfo político. España tendrá que ceder algunas cosas si quiere el ingreso en la CEE. Algunas cosas no significa cualquier cosa.