El ministro de Justicia señala a los fiscales que deben servir al interés público y social

El ministro de Justicia, Fernando Ledesma, clausuró anoche en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) las jornadas que durante tres días han reunido a unos 60 fiscales jefes y agregados de toda España. Ledesma expresó el criterio de que las relaciones entre el Ministerio Fiscal y el poder ejecutivo deben estar presididas por el objetivo de que los fiscales sirven al interés público y social, cuya interpretación, en un régimen democrático, corresponde al Gobierno, como depositario de la soberanía popular.

"Que el poder legislativo o el ejecutivo realicen una determinada interpretación del interés público y social", afirmó el ministro, "no supone ninguna invasión de la autonomía funcional". Ledesma insistió en que la citada interpretación realizada por el Ejecutivo no vulnera la legalidad ni menoscaba la independencia del ministerio fiscal "sino que proyecta sobre su actuación la concepción del interés social asumida por el titular de la soberanía". Señaló que, por el contrario, "la tentación de constituir órganos que, al margen de la voluntad general, tuviesen la exclusiva capacidad de interpretar el interés público y social, consagraría la existencia de poderes públicos sustraídos a la voluntad general, y constituiría por eso un fraude al espíritu mismo de la Constitución". Recordó que la interpretación sucesiva del interés público y social está ligada a la alternancia en el poder, derivada de periódica expresión de la soberanía popular a través de las elecciones. En todo caso, reiteró, "todos los poderes derivan del pueblo y no caben, más poderes autónomos que los que expresan la soberanía popular". Para Fernando Ledesma, el recelo frente al Gobierno solo es comprensible en regímenes dictatoriales, donde el Ejecutivo emana del poder del dictador.

El ministro de Justicia resaltó también la responsabilidad del fiscal en el funcionamiento de la administración de justicia, mediante el impulso de la misma y el ejercicio de una función dinámica en la búsqueda de la verdad, en la permanente percepción de la Justicia y el respeto a la legalidad constitucional. Señaló la necesidad de adecuarse a las circunstancias concretas de la sociedad actual, y en especial a nuevas formas de delincuencia menos espectaculares o violentas, pero quizás más perniciosas para la sociedad, tales como las acciones contra el medio ambiente, la lealtad tributaría y el daño a los más débiles.

El fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón expresó la necesidad de que los fiscales pongan en marcha los mecanismos coactivos de la justicia a través de la persuasión, para que la, dualidad dirigentes/dirigidos no se convierta en la de dominantes/dominados. "Si llegamos a la conclusión de que solo mediante la coacción, el palo y tente tieso", dijo, "se van a arreglar nuestros problemas, eso querría decir que no tienen solución".

El teniente fiscal, Cándido Conde, resumió los trabajos realizados durante las jornadas. Entre las conclusiones más destacadas figura la conveniencia de que el ministerio fiscal actúe de oficio en defensa de la legalidad y de los derechos ciudadanos, sin esperar a que se reclame su actuación. Expresó la necesidad de que, como ordena la Constitución, la policía judicial dependa, en la práctica, de los fiscales, y consideró muy interesante la ponencia que estudió, como marco interpretativo para la función del fiscal, el derecho positivo, sometido a la Constitución, y los criterios derivados de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional y del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Entre las cuestiones de funcionamiento interno de la carrera fiscal, no prosperó el intento de algunos fiscales de que las fiscalías de las audiencias territoriales asuman algunas de las competencias actuales de la Fiscalía General del Estado. El criterio general fue que sería peligroso, porque disminuiría el poder del fiscal general del Estado, que debe de ser amplio en todo el territorio nacional.