Dos guardias civiles detenidos en San Sebastián por orden del juez, acusados de malos tratos
El cabo primero de la Guardia Civil José, Dominguez Tuda y el guardia segundo del mismo cuerpo Manuel Macías Ramos se encuentran detenidos en las dependencias de la Guardia Civil de San Sebastián, a la cual pertenecen, por orden del, magistrado juez del juzgado número 3 de San Sebastián, a raiz de la denuncia que presentaron los hermanos José María, Víctor y Lacio Olarra, por presuntos malos tratos y torturas.
Esta decisión judicial fue adoptada tras dos sesiones de careos, interrogatorios y ruedas de identificación que se efectuaron en las mañanas de ayer y anteayer ante el juez-titular, José María Gómez y Díaz Castroverde, quien tendrá ahora que decidir en el plazo de tres días si eleva esta detención a prisión o la deja sin efecto.José María Olarra, principal denunciante de las torturas, teniente alcalde de HB por Villabona, fue detenido junto a sus hermanos Víctor y Lucio el día 26 de octubre pasado. Tres días después, el 29, los dos hermanos fueron puestos en libertad, mientras que José - María era trasladado a Madrid donde prestó declaración ante la Audiencia Nacional, y el 2 de noviembre conseguía la libertad bajo la fianza de 100.000 pesetas. Según fuentes de su defensa, actualmente no existe ninguna acusación contra él.
Los denunciantes aportan informes médicos del Hospital Provincial en el caso de los liberados en San Sebastián, y José María Olarra añade un informe del forense de la Audiencia Nacional, a raiz de su denuncia, realizada allí ante el juez. Cuando fue liberado, José María Olarra, en el transcurso de una conferencia de prensa que celebró el 5 de noviembre en San Sebastián enseñó algunos restos de supuestás lesiones en el pecho derecho.
Según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, es dificil que llegue a decretarse la prisión, ya que según la Ley de Enjuiciamiento Criminal sólo se puede decretar prisión provisional en los casos en que el presunto delito incurra en una pena de prisión mayor. Las penas a aplicar en los delitos de torturas están directamente relacionadas con el carácter de las lesiones, cuyo tiempo de curación es por lo general breve.
Esta es la primera vez que un juez de instrucción decreta la detención de algún guardia civil en Guipúzcoa. Sólo compete al juez la instrucción de diligencias, ya que habrá de enviar a la Audiencia Provincial el caso, pues a esta compete decidir si habrá o no procesamiento.
