El 'caso Westighouse'
LA SUSPENSIÓN de pagos de las compañías de Westinghouse en España no parece ser ni una consecuencia ni una respuesta virulenta a la congelación-ralentización de las obras de cinco centrales nucleares anunciada por portavoces del Ministerio de Industria. Las pérdidas acumuladas de Westinghouse en los últimos ejercicios podrían haber totalizado unos 20.000 millones de pesetas, y sólo en el actual ascendían a 8.000 millones. En definitiva, el caso no es sino un episodio más en el sector productor de bienes de equipo, que se encuentra ante un mercado estancado o en regresión. Las ventas no aumentan y, entre tanto, la presión de una plantilla cada vez más obsoleta y con dificultades crecientes para readaptarse a las innovaciones tecnológicas ha provocado, junto al mayor precio del dinero, unos costes crecientes.La parte de la energía nuclear dentro de las compañías de Westinghouse en España representa un 10% de su volumen de negocio y un 20% de sus beneficios. El grueso de su facturación consiste en equipos eléctricos (transformadores, alternadores, turbinas) y motores pequeños y medianos. Estos productos han sufrido el re pliegue de las compras de Renfe -prácticamente paralizadas en los dos últimos años-, la rebaja de los objetivos en los planes energéticos concebidos a comienzos del pasado decenio y el endurecimiento de la competencia en los mercados internacionales. La gestión empresarial ha sido incapaz de superar estas dificultades y ha aprovechado el viaje del parón nuclear para ocultar sus propias responsabilidades y sus particulares problemas.
Quizá, como ha ocurrido con otras filiales americanas en Europa, la casa matriz ha desistido del compromiso de la lucha en la arena internacional al comprobar que sus niveles de competitividad resultaban inferiores a los de Estados Unidos. Sea como sea, el último programa de salvamento ensayado por Westinghouse-España entre 1980-1981 fue un fracaso. En esas fechas, y en base a una negociación con el Gobierno de UCD, la compañía americana hizo una aportación de capital de 3.500 millones de pesetas y recibió de la Administración española un apoyo complementario de 700 millones de pesetas. No fue suficiente.
El caso Westinghouse ha sido presentado como una respuesta al confuso anuncio del parón nuclear. También se ha responsabilizado al rígido sistema laboral español de la imposibilidad que encuentran las empresas residentes en nuestro país para diseñar arreglos parciales sin grandes costes económicos y políticos. Estos juicios son exagerados. Como señalábamos, se trata más bien de lo ocurrido en tantas empresas suministradoras de bienes de equipo, que ven reducirse su mercado por falta de inversiones mientras sus costes y su organización les impiden ajustarse a las nuevas circunstancias.
Lo verdaderamente grave, sin embargo, es el prolongado estancamiento por que atraviesa la renovación y creación de nuevo equipo capital en España. Sin nuevas inversiones, el crecimiento futuro está comprometido. Quizá en estas circunstancias el Gobierno deba ser más cauteloso a la hora de hacer ruido -demasiadas veces sin cascar ninguna nuez-, como en el caso del parón nuclear, aunque sólo sea para evitar que su eco pueda ser acusado de acarrear desenlaces irreparables para el empleo en la industria.
