El Gobierno pondrá fin a la 'relación especial' con Guinea Ecuatorial cuando este país entre en la zona africana del franco

El Gobierno ha tomado ya la decisión de suspender la relación especial de cooperación que ha mantenido España con Guinea Ecuatorial, desde que le concedió la independencia hace 15 años, y reorientará su contribución económica teniendo en cuenta la próxima integración de la ex colonia en la zona del franco centroafricana (UDEAC). Esta decisión fue comunicada el martes a los representantes de los ocho departamentos ministeriales que han participado en proyectos de cooperación hasta atora, y que de momento quedarán reducidos a tres campos: el educativo, el sanitario y el militar (policía y entrenamiento).

En la primera reunión de la Oficina de Cooperación bajo la presidencia del nuevo director, Salvador Bermúdez de Castro, el martes, éste informó de la decisión del Gobierno, que ya había sido anticipada en medios oficiosos y que será explícita en la próxima sesión del Consejo de Ministros, donde se darán las instrucciones precisas a la delegación española que acudirá a Malabo para negociar el pago de la deuda ecuatoguineana a España, cuya cifra total supera los 6.000 millones de pesetas.La delegación. española, que encabezará el embajador Bermúdez de Castro, viajará a Guinea Ecuatorial el día 7 de diciembre para las negociaciones de la deuda, que serán seguidas de una reunión de la comisión mixta bilateral el día 12 del mismo mes.

Mientras tanto, la situación de los 280 cooperantes españoles, en su mayoría religiosos y religiosas, sigue siendo caótica, ya que llevan varios meses sin cobrar al haber estado paralizadas desde el verano las partidas presupuestarias para este año. En la Oficina de Cooperación informaron ayer que dentro de 5 o 6 días estará en Guinea Ecuatorial el dinero que debe enviar el Ministerio de Hacienda. De los 1.600 millones de pesetas concedidos en los Presupuestos de 1983, el Ministerio de Economía y Hacienda recortó unos 600 millones de pesetas al final del verano, y el resto se encuentra todavía retenido en Madrid.

El Gobierno no ha incluido ninguna cifra de ayuda a Guinea Ecuatorial en los Presupuestos para 1984, aunque el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, anunció recientemente en el Congreso que en breve se enviaría un proyecto de crédito especial con destino a ese capítulo.

La deuda de Guinea Ecuatorial con España ascendía en agosto de 1982, cuando el Gobierno de Teodoro Obiang suspendió el pago de los vencimientos, a unos 60 millones de dólares en total (unos 9.500 millones de pesetas). El Consejo de Ministros decidirá el próximo miércoles las condiciones que deberá presentar la delegación española el día 7 de diciembre en Malabo a la parte ecuatoguineana para conseguir el pago de los plazos atrasados, correspondientes a 1983, y el sistema que se seguirá para los cobros futuros.

Plan de saneamiento

La delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) que ha estado hace dos semanas en Malabo y en Madrid ha presentado a las autoridades ecuatoguineanas un plan de saneamiento económico que entraría en vigor en cuanto el Gobierno Obiang acceda a pagar sus atrasos, no sólo a España, sino a todos sus acreedores. Según el plan, que fue comunicado a las autoridades españolas, el FMI enviaría a Guinea tres expertos, uno en calidad de vicegobernador del Banco Central, para conseguir en un período de cuatro meses aplicar una serie de medidas económicas destinadas a controlar el déficit, potenciar las exportaciones y devaluar el ecuele.En medios oficiales españoles y del FMI existen serias dudas de que Obiang acceda a este plan, que rompería con el sistema de corrupción administrativa establecido, y de que el país pueda salir de la grave crisis estructural por la que atraviesa. La integración en la UDEAC no presentaría dificulta des para Guinea Ecuatorial. El problema surgiría al completar esa integración con la del Banco Centroafricano, donde están ahora Camerún, Gabón y República Centroafricana, y que controla más directamente Francia.

Este cúmulo de supuestos de difícil ejecución con el régimen de Guinea podría obligar al Gobierno español a actuar de una forma menos drástica de lo que quisiera para poner fin a una situación que cuesta al año unos 2.000 millones de pesetas en gastos de cooperación, cifra que se considera desproporcionada comparada con la ayuda a Iberoamérica y al resto de las naciones en desarrollo.