El proyecto sobre defensa de los consumidores prohíbe la venta de alimentos a domicilio
El proyecto de ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado el miércoles por el Consejo de Ministros, incluye la prohibición de vender a domicilio alimentos y bebidas. Asimismo, impide utilizar aditivos no admitidos por Sanidad y vender o suministrar alimentos envasados sin que consten en ellos etiquetas, precintos y número de registro sanitario.
Según explicaciones del ministro de Sanidad y Consumo, Ernest Lluch, en una conferencia de prensa, este proyecto de ley, que ya ha sido enviado por el Gobierno al Parlamento, no encontrará resistencia por parte de las organizaciones de consumidores y usuarios, porque ha sido discutido previamente en estos sectores y en las comunidades autónomas.El proyecto consta de una introducción, 41 artículos y dos disposiciones finales.
En la preparación de esta ley, que tiene caracter multidisciplinar, se ha tenido en cuenta, según indicaron el ministro y el secretario general para el Consumo, Miguel Marañón, las experiencias internacionales, el anterior proyecto preparado por el Gobierno de UCD, la experiencia propia del actual partido en el Gobierno y las aportaciones de los sectores asociativos implicados en el ámbito del consumo.
El texto define como consumidor y usuario a toda persona física o jurídica que adquiere, utiliza o disfruta finalmente bienes, productos, servicios, actividades o funciones, cualquiera que sea la naturaleza pública o privada, individual o colectiva de quienes las producen, facilitan, suministran o exponen. No son consumidores quienes adquieren, almacenan, utilizan o consumen bienes o servicios para integrarse en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros.
El proyecto de ley enumera como derechos de los consumidores y usuarios la protección contra los riesgos que afectan a su salud o seguridad; la protección a sus legítimos intereses económicos y sociales; la correcta información sobre los diferentes productos; la protección jurídica, administrativa y técnica en las situaciones de inferioridad, subordinación o indefensión; y la indemnización o reparación de los años y perjuicios sufridos.
En materia de salud y seguridad se expresa el principio de que los productos, actividades y servicios puestos a disposición de los consumidores no implicarán riesgos que no sean los usual o reglamentariamente admitidos en condiciones normales o previsibles de utilización. Este mismo capítulo determina el contenido de las reglamentaciones técnico-sanitarias y hace referencia concreta a cuestiones clave como la utilización de aditivos, el control de productos tóxicos y sus mezclas, la prohibición de venta a domicilio de bebidas o alimentos, la exigencia inexcusable del registro general sanitario y el seguimiento de campañas de control de calidad.
En el ámbito de la protección de los intereses económicos y sociales, se exigen los términos, condiciones y garantías ofrecidos en la publicidad. La publicidad falsa o engañosa será perseguida como fraude y se limitan los concursos y regalos que desvían la principal atención del consumidor. El proyecto de ley recoge la articulación del derecho -a la información veraz, objetiva y eficaz que se hará principalmente a través de las oficinas y servicios de información al consumidor.
Las asociaciones y organizaciones de consumidores y usuario: que también serán canales informativos, recibirán ayudas específicas de la Administración.
Seguro contra intoxicaciones
El proyecto de ley incluye la asistencia al consumidor en las situaciones manifiestas de inferioridad, subordinación e indefensión determina que en los supuesto más graves un órgano excepciona asumirá con caracter temporal lo poderes administrativos para garantizar la salud y la seguridad di las personas. También se estable cerá un sisterna obligatorio de seguro y fondo de garantía que cubrir, los riesgos de intoxicación, lesiónes o muerte derivados del mal estado de los productos, estado y actividades.En el capítulo de infracciones sanciones el proyecto señala multas que van desde 50(1.000 peseta: hasta 100 millones de pesetas además de las posibilidades de cierre o clausura de establecimientos
