Cada uno de los ocho vascos condenados por el asalto de Berga cumplirá 18 años de cárcel, y 10 el catalán Jordi Puig

El tribunal militar que juzgó el pasado martes a los nueve acusados por el asalto al cuartel de Berga ha condenado a los encausados a un total de 258 años de cárcel. Sin embargo, los ocho terroristas vascos únicamente deberán cumplir un máximo de 18 años de privación de libertad cada uno de ellos, mientras que el procesado catalán Jordi Puig permanecerá en prisión 10 años.

En la diligencia de lectura de la sentencia a los abogados, como en la vista oral y en la firma de las actas del juicio, se puso de manifiesto también la discrepancia entre los letrados, que ya no se consideran defensores, y el tribunal militar, que les obligó a escuchar la sentencia como si lo fueran.Las penas impuestas a los nueve acusados son las siguientes: un total de 35 años de cárcel para Mari Carmen Barandiarán; 35 años para María Arrate Candelaria Elkoroiribe; 21 años de. cárcel para Pablo José Ibarretxe; 36 años para Jesús Javier Urquijo; 23 años de cárcel para José María Iza Unamuno; 41 años para Luis María Lacasta; 37 años para Emilio Sagarzazu; y 20 años para Bingen Gorritxo.

Todos estos procesados pasarán únicamente un total de 18 años de prisión cada uno. De acuerdo con la legislación vigente, la condena total a cumplir no puede superar el triple de la pena mayor de las que se hayan impuesto. Los encausados han sido condenados por varios delitos cada uno de ellos, que implican asimismo varias penas. La mayor es la correspondiente a tenencia ilícita de armas, que supone seis años de cárcel. El triple de esa condena son los citados 18 años de cárcel.

Finalmente, el procesado catalán Jordi Puig Panella, para el que el fiscal militar solicitó en sus conclusiones definitivas 29 años de cárcel, ha sido condenado a un total de 10 años de prisión. En la sentencia, Puig es considerado responsable de un delito de robo con intimidación y de otro delito consumado de detención ilegal. Al parecer, éste se produjo con la retención de uno de los centinelas que vigilaban el cuartel de Berga la noche de autos, el 15 de noviembre de 1980.

A Herrera de la Mancha

La suma de las penas impuestas no rebasa el triple de la pena mayor. Por tanto, Puig cumplirá el total de los años de condena que el tribunal le ha aplicado. El triple de la mayor pena son 12 años, y cumplirá 10.

Por su parte, un representante del tribunal notificó también a los nueve procesados, internos en la cárcel de Lérida, el contenido de la sentencia. Los encausados se negaron a firmar el acta de recepción e incluso uno de ellos no acudió a la cita de notificación del fallo. Este acto, sin embargo, se pudo realizar a través de dos testigos que dieron validez a la diligencia. En medios cercanos a la prisión de Lérida se da como probable el traslado de los ocho procesados vascos al penal de alta seguridad de Herrera de la Mancha, en compañía del resto de presos etarras que cumplen diversas condenas.

Ayer tarde, los abogados, habían sido citados por el tribunal militar en el acuartelamiento de Gardeny, donde se había celebrado el consejo de guerra, a las seis de la tarde. Tanto los letrados dimitidos de los ocho procesados vascos como el abogado del catalán Jordi Puig tuvieron que esperar hasta las 19.50 horas a que se iniciara la diligencia de lectura de la sentencia. Los mismos letrados comentaron que "las autoridades militares tenían un gran nerviosismo".

"Nosotros ya le dijimos al presidente del tribunal", explicó uno de los letrados, "que no nos íbamos a dejar notificar la sentencia, al no considerarnos los defensores". En este sentido, y tal como había ocurrido ya el pasado martes en la vista oral del proceso, los abogados pidieron la venia al presidente para abandonar la sala. Ante la negativa del tribunal, "nos quedamos para no incurrir en una pena de desobedencia y escuchamos la lectura del fallo".

Posteriormente, se levantó el acta y en ella los abogados expresaron: "Hemos estado presente porque la autoridad militar no había citado, pero nos quedamos en contra de nuestra voluntad. Asimismo, la abogada Eva Labarta indicó que "tanto el juez instructor como el secretario son juristas y sabían que el aceptar en un acto jurídico, un hecho el contra de la voluntad, puede su poner la nulidad de dicho acto"

Los abogados, con estos extremos, intentaban "poner todos los pasos procesales para que un recurso de nulidad pueda ser válido", según explicaron a la salida del acuartelamiento de Gardeny Otros abogados anunciarán, en un plazo de cinco días hábiles, a partir de hoy, viernes, ante el propio juez instructor militar, la presentación de un recurso de casación. Tendrá que ser interpuesto ante el Consejo Supremo de Justicia Militar y, probablemente, contendrá, en primer lugar, la petición de nulidad del consejo de guerra "por haberse hecho en su totalidad sin defensores". En puntos sucesivos, plantearán cuestiones de quebrantamiento de forma, además de vicios procesales, que, a juicio de los abogados, se han producido en la elaboración del sumario y en el propio consejo de guerra.